Organizaciones, profesionales y familias marcharon alrededor de la plaza 25 de Mayo y reclamaron frente a Casa de Gobierno por la aprobación de la prórroga de la Ley Nacional de Prestaciones Básicas. Advierten que la situación del sector es crítica.
Este miércoles, en Resistencia, se llevó a cabo una movilización en el marco de la jornada federal por la ley de emergencia en discapacidad, con concentración frente a Casa de Gobierno. El reclamo se replicó en distintas provincias del país ante la posibilidad de que se vote en el Congreso una prórroga de la Ley Nacional 24.901, que garantiza prestaciones básicas para personas con discapacidad.
María Cecilia Pérez, fundadora de la organización Casa Grande, fue una de las voceras durante la protesta. “Hemos decidido unirnos y hacer fuerza para que esta ley se pueda votar hoy y podamos tener algún tipo de protección. Las personas con discapacidad, las familias, las instituciones y los prestadores sostenemos las intervenciones que estas personas necesitan”, expresó en diálogo con la prensa.
La referente aseguró que el sistema está al borde del colapso: “La situación es grave porque hay centros que ya están cerrando. Profesionales que tienen que cobrar un extra para poder sobrevivir. Desde diciembre de 2024 no hay aumentos, pero sí subieron los sueldos y los costos de las instituciones. Hoy se hace muy difícil pagar todo lo que implica sostener estos espacios”.
Una política de abandono
Pérez denunció además la falta de interlocución con el Estado nacional: “No se están dando reuniones en la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad). Está clara la decisión política de que esta ley desaparezca. El presidente dijo que el problema de la discapacidad es tuyo, es de la familia, resolvelo como puedas. Es un horror”.
La Ley Nacional 24.901 está vigente desde hace más de 40 años y establece un sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad, financiado por obras sociales, prepagas y el Estado. El proyecto que se discute en el Congreso busca extender su vigencia hasta 2027.
“Argentina se ha caracterizado históricamente por garantizar el acceso a intervenciones, medicamentos, apoyos y tecnología para personas con discapacidad. Eso les permitió tener la mejor calidad de vida posible dentro de sus posibilidades. Ahora todo eso está en riesgo”, advirtió Pérez.
El Chaco, sin respuesta estatal
Consultada sobre el contacto con legisladores chaqueños, la vocera dijo que no hubo comunicación directa, aunque mencionó que “el diputado Arroyo fue quien llevó el proyecto al Congreso”. También señaló que la semana pasada ya se había intentado votar el proyecto sin éxito.
“No hay rehabilitación en la provincia, no hay centros educativos, solo hay escuelas especiales que no dan abasto. Las prestaciones privadas o de organizaciones sin fines de lucro son necesarias porque el Estado no las da. Una familia va al Perrando y tiene tres o cuatro meses de demora para conseguir una sesión de psicología o fonoaudiología”, alertó.
“Estamos respirando por momentos”
Sobre cómo sobreviven las instituciones y familias en este contexto, Pérez fue contundente: “Estamos aguantando, respirando por momentos, pidiendo créditos para seguir funcionando. Todavía no hicimos ningún paro ni les cobramos diferencia a las familias, pero los recursos son limitados. Los prestadores estamos ahogados”.
Finalmente, la fundadora de Casa Grande señaló que, en caso de aprobarse la prórroga, “no hay certezas sobre lo que pasará después de 2027”. Y reclamó controles eficaces: “No tenemos auditorías ni controles de ningún tipo. El sistema necesita cambios, sí, pero sin afectar a las personas y a los profesionales”.
FOTOS: Osvaldo Ramírez, La Voz del Chaco