La relación entre el gobierno nacional y los gobernadores atraviesa un momento de creciente tensión. El motivo central es la disminución de los recursos coparticipables, lo que afecta directamente a las finanzas provinciales. Esta semana, está prevista una reunión clave en la Casa Rosada, donde los mandatarios provinciales buscarán respuestas concretas por parte del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
El encuentro fue solicitado por los propios gobernadores, quienes expresaron su preocupación ante la merma en las transferencias automáticas y el freno en la ejecución de obras públicas.
La situación se agrava con la ausencia de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), mecanismo que históricamente ha servido para equilibrar desequilibrios fiscales.
La semana pasada, los representantes provinciales se congregaron en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde acordaron unificar su reclamo. La intención es clara: solicitar mayor previsibilidad financiera y reclamar el cumplimiento de compromisos por parte del Estado nacional.
En el análisis compartido por las provincias, la caída de la coparticipación aparece como el principal factor de inestabilidad. Según las proyecciones actuales, las transferencias automáticas a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) caerán un 4,2% durante 2025, lo que equivale a una pérdida estimada de 2,5 billones de pesos.
El impacto de esta reducción no es menor: muchas provincias dependen en más del 70% de sus ingresos de estos recursos. La situación amenaza con debilitar la prestación de servicios básicos, como salud, educación y seguridad, que son responsabilidad directa de los gobiernos subnacionales.
LA OBRA PÚBLICA PARALIZADA: EFECTOS REGIONALES
Otro eje del reclamo es la paralización de la obra pública nacional. De las 2.337 obras en ejecución al inicio de la actual gestión, apenas 183 permanecen activas, lo que representa solo el 7% del total. La reducción en la inversión pública fue del 51% en mayo y acumuló un recorte del 52,1% en los primeros cinco meses del año.
Esta situación repercute especialmente en las economías regionales. Las obras públicas no solo representan infraestructura crítica, sino también una importante fuente de empleo directo e indirecto.
Su parálisis genera desempleo, afecta al sector de la construcción y produce un efecto contractivo en la economía local.
Los gobernadores sostienen que la reactivación de obras estratégicas permitiría mitigar los efectos de la recesión y mejorar las condiciones estructurales de las provincias. Además, advierten que sin una planificación conjunta, se corre el riesgo de acentuar las asimetrías territoriales.
En este contexto, provincias como Santiago del Estero siguen de cerca las decisiones del gobierno nacional. «La disminución de la coparticipación impacta directamente en las finanzas provinciales», indicaron fuentes cercanas al Ejecutivo santiagueño, que evalúa alternativas para sostener inversiones esenciales.
El gobernador Gerardo Zamora aún no confirmó su asistencia a la reunión, pero su administración está al tanto de cada paso en esta agenda.
Santiago del Estero depende de los recursos nacionales para avanzar en programas de desarrollo, infraestructura vial y políticas sociales.
APORTES NO AUTOMÁTICOS Y NEGOCIACIONES
EN CURSO
El tercer punto en la agenda es el reclamo por los ATN, un mecanismo de transferencia no automática que permite asistir a las provincias en casos excepcionales. Durante los últimos meses, la entrega de estos fondos se redujo drásticamente.
Los gobernadores sostienen que los Aportes del Tesoro son esenciales para cubrir baches fiscales, afrontar emergencias y sostener programas específicos. En un contexto de caída de ingresos, estos recursos se vuelven claves para mantener la estabilidad institucional y social en los territorios.
La reunión en Casa Rosada, prevista para el lunes, buscará destrabar esta situación. Se espera la participación de gobernadores de distintos signos políticos, entre ellos Claudio Vidal (Santa Cruz), Raúl Jalil (Catamarca), Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Axel Kicillof (Buenos Aires).
Más allá de las diferencias partidarias, los mandatarios coinciden en que la situación requiere respuestas urgentes. «La situación fiscal de las provincias es insostenible si no hay una redefinición del vínculo con la Nación», señalaron desde una de las delegaciones provinciales que asistirán al encuentro.
El encuentro podría marcar un punto de inflexión en el vínculo entre la Nación y las provincias, que se ha visto deteriorado tras un año y medio de políticas de ajuste fiscal.
La expectativa está puesta en que se alcance algún tipo de acuerdo que permita ordenar las finanzas públicas y avanzar hacia una mayor coordinación federal.