El diputado provincial Juan José Bergia, integrante del bloque Nepar, manifestó su preocupación por el incumplimiento de la ley provincial que obliga a disponer desfibriladores en espacios públicos y deportivos del Chaco. La normativa fue aprobada y promulgada hace más de un año, pero su implementación sigue pendiente.
En declaraciones a «El resumen de Natagalá», Bergia recordó que en diciembre presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para conocer el grado de cumplimiento de la ley. Según indicó, hasta la fecha no ha recibido respuesta por parte del gobierno provincial.
«Se pierden vidas por no cumplir una ley que tiene bajo costo y alto impacto. El Estado nos toma por bobos», afirmó el legislador al referirse a dos hechos recientes: la muerte de un árbitro y la de un futbolista durante partidos en la provincia.
El diputado sostuvo que el acceso a desfibriladores no representa un gasto significativo en relación con su utilidad en situaciones de emergencia. «La importancia de salvar una vida va más allá de lo que pueda gastar el Estado», explicó.
La normativa establece que los establecimientos deportivos, recreativos y espacios públicos concurridos deben contar con equipos de Desfibrilación Externa Automática (DEA), junto con personal capacitado para su uso.
FALTA DE RESPUESTA Y RESPONSABILIDAD ESTATAL
Asimismo, Bergia lamentó que el Ejecutivo no haya brindado respuestas claras al pedido de informes. «Seguimos sin ninguna contestación y hay vidas que se pierden», reiteró. Para el legislador, esto refleja una falta de eficiencia en la gestión de los recursos públicos.
A su vez, cuestionó la falta de voluntad política para aplicar una ley que, según remarcó, ya cuenta con el marco legal necesario. «Hay leyes que no se cumplen y que son fundamentales para todos», advirtió.
El legislador chaqueño vinculó esta omisión con una actitud de desinterés general por parte del Estado. Afirmó que la sociedad recién tomó conocimiento de la ley por una publicación en un medio de prensa escrita.
«El Estado provincial tiene que proveer desfibriladores. Hay tantas cosas en las que se gasta, pero no se prioriza lo esencial», puntualizó, reforzando el reclamo por una aplicación efectiva de la norma.
DISCAPACIDAD Y POLÉMICA CON NACIÓN
Durante la entrevista, Bergia también participó de una actividad vinculada a la emergencia en discapacidad, donde cuestionó la falta de financiamiento estatal para el sector. «El Estado no paga los servicios. Hay una dejadez total», denunció.
Según explicó, los organismos y centros dedicados a la atención de personas con discapacidad atraviesan una situación crítica por la falta de pagos y recursos. «Vemos que quienes se ocupan de estos chicos y adultos no reciben lo que les corresponde», señaló.
El legislador expresó su respaldo a las familias que, ante la ausencia de un respaldo integral del Estado, deben asumir esfuerzos económicos y emocionales para garantizar los derechos de sus hijos o allegados con discapacidad.
En este contexto, cuestionó con dureza las recientes declaraciones del presidente Javier Milei, quien manifestó que una persona con discapacidad «es un problema de la familia».
«Lo triste es que lo diga un presidente. Le falta el respeto a las personas con discapacidad, a los periodistas y al pueblo argentino», manifestó Bergia, calificando los dichos de «vergonzosos» y «peligrosos».
Para el diputado, este tipo de afirmaciones atentan contra los principios de igualdad y justicia social. «La democracia se fortalece con respeto, no con agravios», concluyó, al tiempo que llamó a reflexionar sobre el rol del Estado en la protección de los sectores más vulnerables.