La implementación de radares de control de velocidad fue otro de los temas polémicos que salieron a la luz durante la jornada. «Nos enojamos porque creemos que es una medida netamente recaudatoria. Y en parte entiendo ese enojo, porque el problema es cómo está abordado: si se aplica sin concientización, sin señalización, sin explicar, pierde su valor educativo», explicó Winckler.
«Las sanciones son necesarias. Las multas deben servir para prevenir, para revertir comportamientos. Pero si se aplican de manera punitiva, sin un fin educativo, no cambian nada. Y eso se repite en todas las provincias, no solo en Chaco», afirmó.
Uno de los factores estructurales que impactan en la alta circulación de motocicletas es la falta de un transporte público eficiente.
«Tenemos que exigir al Estado que se siente a ver qué sucede en el Chaco, que la moto es hoy el medio de movilidad más elegido. ¿Por qué razón? ¿Por economía? ¿Por practicidad? ¿Qué pasa con el transporte público?», se preguntó Winckler.
«La respuesta no debe ser ir contra el usuario de motos, sino dar opciones, generar condiciones de seguridad, y principalmente, educar desde todos los ámbitos», sostuvo.
una deuda concreta
Otro de los puntos críticos señalados por Winckler fue la falta de una oficina provincial de atención a víctimas de tránsito. «Hay provincias que ya están abriendo sus oficinas, porque la ley lo establece y porque es una necesidad. La Agencia Nacional brinda asistencia, pero es necesario que cada provincia tenga la suya», afirmó.
«Nosotros venimos bregando mucho para que se cree en el Chaco. Tenemos la esperanza de que se dé en cualquier momento, pero está costando mucho. Hay burocracia, falta de decisión política y falta de empatía», lamentó.
Respecto al IV Congreso Nacional de Seguridad Vial, Winckler señaló que una de las conclusiones más importantes fue la necesidad de trasladar las experiencias y diagnósticos a cada provincia.
Lamentó, sin embargo, no haber podido confirmar al Chaco como sede del Congreso 2026: «Queríamos traer esa buena noticia, pero no se dieron algunas condiciones a nivel provincial. Quizás en 2027 podamos postularnos».
A partir del sábado 15 se comenzará a aplicar multas por exceso de velocidad, según anunció el subsecretario de Seguridad Vial del Chaco, Rafael Acuña, como parte del Plan Integral de Seguridad Vial.
La iniciativa contempla la instalación de 47 radares fijos y móviles distribuidos en 19 puntos conflictivos de la provincia.
«Ponemos en marcha un plan que prioriza la vida y busca reducir la siniestralidad, que hoy sigue siendo una de las principales causas de muerte evitable en el Chaco», expresó Acuña en contacto con Radio Libertad.
Según detalló, la ubicación de los radares se definió a partir de un relevamiento técnico que identificó los tramos con mayor índice de accidentes graves.
El funcionario destacó que «no es una medida aislada, sino parte de una estrategia más amplia que incluye educación vial, controles de alcoholemia, señalización y articulación con municipios y fuerzas de seguridad».
decisión basada
en evidencia
Durante la presentación, Acuña explicó que los dispositivos fueron colocados en zonas donde se registraron siniestros viales con víctimas fatales o con lesiones graves en los últimos tres años. «Trabajamos con datos concretos: mapas de calor, reportes de la Policía Caminera, Sameep, estadísticas judiciales y de la Dirección Nacional de Observatorio Vial. Esas cifras nos indicaron dónde actuar con urgencia», señaló.
Además, el subsecretario precisó que los radares fueron aprobados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y están calibrados para detectar excesos de velocidad en tiempo real. «Habrá cartelería visible y se respetará el principio de legalidad. No vamos a esconder un radar detrás de un árbol para cazar infractores», aseguró.
Cómo funcionará el sistema
Según el esquema presentado por la Subsecretaría, los 47 radares estarán activos de forma rotativa las 24 horas del día y abarcarán rutas nacionales (como la 11, 16 y 95), provinciales y accesos urbanos. Se prevé una etapa de concientización hasta el 14, y a partir del 15 comenzarán a emitirse las actas de infracción.
«Las multas se remitirán al domicilio del titular del vehículo, con toda la documentación respaldatoria, incluida la imagen que acredita la infracción», explicó Acuña. «Estamos poniendo tecnología al servicio de la prevención, no de la recaudación», reiteró.
El Plan también prevé la interoperabilidad del sistema con otras provincias y la Nación, para impedir que las infracciones queden impagas o sin sanción.
Articulación
y capacitación
Acuña destacó la participación de intendencias, Policía Caminera, el Ministerio de Seguridad, la Dirección de Vialidad Provincial, y la Secretaría de Municipios. «Esto no se puede hacer de forma aislada. Lo estamos haciendo en red», dijo.
Además, adelantó que los agentes encargados de la fiscalización fueron capacitados para operar con protocolos nacionales. «No queremos que esto derive en abusos ni discrecionalidades. Por eso hay formación técnica y un seguimiento administrativo claro».
Los 19 puntos críticos
Aunque no brindó el listado completo por cuestiones operativas, Acuña adelantó que los 19 puntos incluyen accesos a Resistencia, rutas interurbanas entre Sáenz Peña, Charata y Villa Ángela, y zonas rurales con alta siniestralidad.
«Hay sectores donde el exceso de velocidad es la norma y no la excepción. Si no intervenimos, seguirán muriendo personas por causas totalmente evitables», sostuvo.
También mencionó como prioritarias las zonas escolares, entradas a pueblos sin iluminación y áreas con tránsito mixto entre vehículos pesados, motos y peatones.
una política
de Estado
Frente a las críticas sobre un posible fin recaudatorio, Acuña fue tajante: «Esto no tiene que ver con recaudar. Tiene que ver con no perder más vidas. Y quienes dicen lo contrario, deberían explicar cómo piensan salvar a las 200 personas que mueren por año en las rutas del Chaco».
Recordó que en 2023, la provincia registró más de 5 mil siniestros viales y que la velocidad fue un factor presente en más del 40% de los casos con consecuencias fatales.
Inversión y financiamiento
El Plan fue financiado con fondos provinciales y asistencia técnica de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. «No dependimos de privados ni concesiones. El Estado mantiene el control total sobre el sistema», afirmó Acuña.
Detalló que la inversión total supera los $500 millones, incluyendo la compra de radares, instalación, capacitación, software de fiscalización y mantenimiento por 3 años.
Próximos pasos
Entre las acciones previstas, Acuña adelantó que el gobierno provincial sumará próximamente un Observatorio Vial propio y campañas educativas en escuelas.
«La meta no es solo sancionar. Es cambiar hábitos, salvar vidas y hacer que la seguridad vial sea una causa colectiva», concluyó.