El abogado penalista José René Galassi propone una herramienta legal para frenar una forma silenciosa de violencia familiar que afecta a niñas, niños y adolescentes.
La obstrucción de vínculos parentales —cuando uno de los progenitores impide de forma arbitraria el contacto del hijo o hija con el otro— es una problemática creciente en Chaco que sigue sin respuestas efectivas por parte del Estado. Así lo advierte el abogado penalista José René Galassi, quien propuso públicamente la creación de un Registro Provincial de Obstructores Parentales como medida urgente para proteger el derecho de niñas, niños y adolescentes a mantener relaciones familiares sanas.
“El Chaco no puede seguir ignorando esta realidad. Es momento de dar un paso adelante”, sostuvo Galassi, en un documento difundido en las últimas horas. Su propuesta apunta a visibilizar una forma de violencia sistemática que, según plantea, atraviesa cada vez más causas judiciales familiares en la provincia, sin consecuencias concretas para quienes la ejercen.
«Propongo públicamente y con total convicción que se impulse en la provincia del Chaco la creación de un Registro Provincial de Obstructores Parentales. Esta herramienta no busca estigmatizar, sino proteger el interés superior del niño, principio rector del derecho de familia y de la legislación internacional vigente, como la Convención sobre los Derechos del Niño»
José René Galassi
Aunque el artículo 1192 del Código Civil y Comercial establece el principio de corresponsabilidad parental, el abogado señala que en la práctica muchos progenitores logran bloquear el vínculo con el otro sin sufrir sanción alguna. “Se genera un cerco sobre el niño o niña, impidiendo su contacto con uno de sus progenitores, abuelos u otros referentes afectivos”, explicó.
El registro que plantea funcionaría como una herramienta judicial y administrativa para identificar a quienes, mediante conductas reiteradas y probadas judicialmente, incumplen el régimen de comunicación fijado por acuerdo homologado o por resolución judicial. Galassi aclaró que no se trataría de un mecanismo automático ni punitivo, sino de una medida que solo podría aplicarse luego de un proceso con todas las garantías legales, incluida la intervención de equipos interdisciplinarios.
“Sabemos que hay situaciones excepcionales en las que está justificado limitar el contacto, como en casos de violencia o abuso. No hablamos de esos escenarios, sino de los casos donde hay manipulación, revancha emocional o resentimiento personal”, diferenció.
Desde el enfoque del abogado, el daño que estas prácticas provocan en la infancia es profundo y comprobable: ansiedad, desarraigo, confusión emocional e incluso alienación parental. Sin embargo, denunció que quienes las impulsan “rara vez enfrentan consecuencias reales”.
El Registro de Obstructores funcionaría como un llamado de atención institucional. Permitirá a los operadores judiciales, asistencias sociales y hasta a futuras intervenciones jurisdiccionales, contar con información precisa sobre antecedentes de obstrucción sistemática. También serviría para evitar la revictimización de niños que se ven obligados a repetir sus padecimientos ante cada nuevo expediente.
La propuesta de Galassi incluye además una advertencia sobre la revictimización que sufren los niños cuando se ven obligados a relatar una y otra vez su situación en distintos expedientes judiciales. En ese sentido, el registro también serviría para brindar antecedentes a operadores judiciales, asistentes sociales y otros actores que intervienen en estos procesos.
«La experiencia en otras provincias donde se está debatiendo esta herramienta muestra que es perfectamente viable, siempre que se respete el principio de legalidad y las garantías constitucionales. Y sobre todo, que el sistema esté al servicio de la infancia y no de las disputas personales».
Llamado a los legisladores
«El Chaco no puede seguir ignorando esta realidad. Es momento de dar un paso adelante. Que el Poder Legislativo, con el acompañamiento de los colegios profesionales, Consejo, asociaciones civiles y operadores del sistema de justicia, tome esta propuesta como punto de partida para una discusión seria, madura y urgente. Porque proteger los vínculos sanos también es proteger derechos humanos».
Finalmente, el abogado llamó al Poder Legislativo chaqueño a tomar el tema como parte de una “discusión seria, madura y urgente”, con el acompañamiento de colegios profesionales, asociaciones civiles y organismos del sistema de justicia.
«El Chaco no puede seguir ignorando esta realidad. Es momento de dar un paso adelante. Que el Poder Legislativo, con el acompañamiento de los colegios profesionales, Consejo, asociaciones civiles y operadores del sistema de justicia, tome esta propuesta como punto de partida para una discusión seria, madura y urgente», dice el abogado.
“Proteger los vínculos sanos también es proteger derechos humanos”, concluyó.
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