El Concejo Deliberante de Colonia Elisa destituyó este jueves al concejal libertario Fernando Darío Romero, acusado de maltrato animal tras un violento y confuso episodio en el que mató a “Roco”, un perro pitbull que pertenecía a un vecino. La decisión fue adoptada en una sesión especial, luego de que una comisión investigadora determinara que el edil incurrió en una conducta “incompatible con el ejercicio de la función pública y el decoro institucional”.
El hecho ocurrió el 14 de mayo en horas de la noche, en el patio de la vivienda del propio Romero. Según la denuncia presentada por M.S.E., un joven trabajador rural de 29 años, el pitbull ingresó al terreno del concejal y fue atacado mortalmente con un objeto punzante. El animal murió tras agonizar, con al menos dos heridas punzantes en el costado izquierdo.
Los testimonios ante el Concejo —junto con la evidencia veterinaria— reforzaron la acusación de maltrato animal. Por ello, el cuerpo deliberativo resolvió su destitución por mayoría: cuatro votos a favor y dos en contra.
Romero, dirigente de La Libertad Avanza, reconoció haber herido al animal, aunque alegó haber actuado en defensa propia y de su familia. En su descargo, publicado en redes sociales, sostuvo que “Roco” ingresó a su casa por un portón trasero abierto y atacó a su perro “Simón”, mientras su hija de 7 años presenciaba la escena. Afirmó haber utilizado un palo roto —el mango astillado de un escurridor— para separar a los animales y proteger a su hija. “No fue mi intención causar ese resultado. Fue un momento desesperante”, escribió.
La versión fue cuestionada por el denunciante, quien sostuvo que su perro no era agresivo y denunció que fue atacado deliberadamente. “Parece que yo soy el malo y mi perro un animal violento, pero es todo lo contrario”, declaró M.S.E. a medios locales.
Ambas partes reconocen que los terrenos no contaban con cercos perimetrales completos, y que los enfrentamientos entre los perros eran recurrentes. Sin embargo, el Concejo consideró que la reacción de Romero fue desmedida y violatoria de las normativas vigentes.
En sus fundamentos, la comisión investigadora citó la Ley Provincial 2242-R de Protección Animal, la Ley Nacional 14.346 contra actos de crueldad, la Constitución Nacional y Provincial, y la Ley Orgánica Municipal. Además, destacaron el fuerte repudio social que generó el caso, con presentaciones de vecinos y organizaciones proteccionistas que exigieron su remoción.
El concejal no participó de la votación, por estar directamente implicado en la causa. Su reemplazo será designado la próxima semana.
Desde el Concejo señalaron que la medida fue tomada “por indignidad” y reafirmaron el compromiso con la ética pública: “Roco no murió en vano. La respuesta institucional estuvo a la altura de la gravedad del hecho”. Mientras tanto, el caso sigue abierto en la Justicia.
