Legisladores chaqueños solicitaron al Gobierno nacional que los más de $84 mil millones decomisados por corrupción en la obra pública se destinen a mejorar la infraestructura vial en la provincia.
Diputados provinciales del Chaco presentaron una solicitud formal al Poder Ejecutivo Nacional para que el dinero recuperado en la causa conocida como “Vialidad” sea invertido en la pavimentación y mantenimiento de rutas nacionales dentro del territorio chaqueño.
La propuesta, impulsada por los legisladores Iván Gyoker y Francisco Romero Castelan, apunta a que parte de los $84.000 millones que fueron decomisados por orden judicial como producto de maniobras fraudulentas en la obra pública, sean destinados a una reparación concreta: mejorar la infraestructura vial en una de las provincias más postergadas del país.
El pedido se fundamenta en el principio de reparación integral del daño causado al Estado, una figura que sostiene que los fondos recuperados de la corrupción deben ser utilizados con fines públicos y en beneficio directo de la sociedad. En este caso, sostienen que las rutas nacionales en el Chaco cumplen un rol clave para el desarrollo económico, el acceso a la salud y la integración regional.
La causa Vialidad concluyó con la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, a raíz de la adjudicación direccionada de obras viales al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz. La sentencia, que incluyó el decomiso solidario de los fondos, quedó firme el pasado 10 de junio tras el rechazo del recurso extraordinario por parte de la Corte Suprema de Justicia.
En el documento elevado al Ejecutivo, los diputados chaqueños subrayan que “resulta razonable y equitativo que el destino de esos recursos tenga como fin la ejecución de obras estructurales en jurisdicciones que fueron perjudicadas por la corrupción”.
La iniciativa ya fue girada a los ministerios de Economía y de Obras Públicas de la Nación, y ahora resta que el Gobierno nacional analice si dará curso a la propuesta. Desde el Chaco, aseguran que esta sería una oportunidad histórica para transformar los efectos negativos de un escándalo de corrupción en beneficios concretos para la comunidad.