La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó el procesamiento del dirigente piquetero Diego Armando Rolón, su padre Lorenzo Rolón y su esposa Silvana García en una causa por lavado de activos presuntamente provenientes de delitos como corrupción y fraude contra la administración pública provincial.
Fue al denegar un recurso presentado por las defensas de los imputados.
EL DOCUMENTO
La resolución, firmada por las juezas Rocío Alcalá y Patricia García, ratifica lo dispuesto por la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, quien había procesado a Diego Rolón como autor del delito (con prisión preventiva), mientras que a su padre y su esposa los señaló como partícipes necesarios (en libertad).
CUÁL ES LA ACUSACIÓN
La imputación, sostenida por el Ministerio Público Fiscal, apunta a la incorporación de fondos de origen ilícito al circuito económico formal. Según la acusación, el dinero habría sido obtenido mediante convenios fraudulentos con organismos públicos y la utilización de documentación apócrifa para justificar gastos y desviar recursos estatales.
Si bien las defensas argumentaron que los fondos provenían de «convenios legítimos» con la administración pública y cuestionaron la falta de pruebas directas sobre el origen ilícito del dinero, la Cámara desestimó estos planteos.
El tribunal remarcó que, en esta etapa del proceso, no se requiere certeza absoluta, sino indicios suficientes que justifiquen la continuidad de la investigación.
«La valoración contextualizada de los elementos reunidos permite sostener un razonable juicio de reproche», indicó el fallo.
Asimismo, subrayó la complejidad de las maniobras investigadas y la necesidad de llegar a juicio oral y público para esclarecer los hechos. La resolución también confirmó la prisión preventiva para Diego Rolón y la inhibición general de bienes para los tres imputados.
EL FALLO ANTERIOR
Este fallo se sumó al dictado por la misma Cámara el pasado 10 de junio, que confirmó el procesamiento con prisión preventiva de Lucas Torales y sin prisión para su hermano Marcos Gabriel Torales Cordeiro y su padre José de Jesús Torales, también acusados de integrar la red.
Todos ellos están vinculados a maniobras que, según la investigación, habrían permitido el lavado de dinero proveniente de fondos públicos.
UNA DENUNCIA ANÓNIMA
La investigación se originó a mediados de 2023, cuando la Fiscalía Federal de Resistencia -a cargo de Patricio Sabadini- recibió una denuncia anónima en un sobre de papel madera, según publicó el portal judicial Litigio.
El escrito detallaba supuestas maniobras de lavado de dinero ejecutadas por dirigentes sociales cercanos al entonces titular del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (Iafep), Mauro Andión.
El 1 de abril pasado se realizaron 22 allanamientos en diferentes domicilios de Resistencia. En uno de ellos, un quincho con pileta ubicado en avenida Lisandro de la Torre al 3000, se secuestraron electrodomésticos, herramientas, bombos del movimiento La Roca Sólida y otros elementos de interés para la causa.
También se halló una máquina de contar billetes, cuya aparición quedó registrada en videos difundidos públicamente.
LA TEORÍA FISCAL
La hipótesis de la fiscalía sostiene que los dirigentes piqueteros detenidos actuaban como presidentes de cooperativas y fundaciones, a través de las cuales habrían desviado fondos estatales para luego blanquearlos mediante la adquisición de bienes registrables, como propiedades y vehículos, a nombre propio o de familiares directos.
Según la causa, estas maniobras se tradujeron en un «significativo incremento patrimonial no compatible con los magros ingresos declarados ni con la situación fiscal de los implicados».
Todo ello configuraría un esquema de grupo económico organizado con fines ilícitos, orientado al vaciamiento de recursos públicos mediante estructuras formalmente legales.
Los arrestos y secuestros
fueron en abril pasado
Los cuatro piqueteros acusados de lavado de dinero son Juan C. Rolón, Diego A. Rolón, Marcos A. Cáceres, y Lucas A. Torales Cordeiro. Alrededor de $230 millones recibieron las organizaciones, según se desprende de la investigación de la Justicia Federal.
Los fondos fueron girados entre 2022 y 2023 a través del ex Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular, que conducía Carlos Andión, quien está preso por corrupción.
En abril pasado, la Policía del Chaco, bajo la orden del fiscal federal Patricio Sabadini, realizó una serie de allanamientos simultáneos resultaron en la detención de Juan Carlos Rolón, Diego Rolón, Marcos Cáceres y Lucas Torales, todos vinculados a una causa federal por lavado de activos.
La Justicia Federal actuó en la madrugada del 1 de abril y en los allanamientos se procedió al secuestro de bienes y la toma de posesión de propiedades pertenecientes a los implicados, en el marco de la investigación de esta trama de esta presunta red de lavado que operaba en la provincia a través del Iafep que manejaba Mauro Andión, detenido desde al año pasado.
La jueza Niremperger avanza en su lucha contra el lavado de activos y las posibles ramificaciones y conexiones de esta «red».
La investigación contra los Rolón y Cáceres inició por una denuncia anónima que llegó a la Fiscalía Federal, donde se los acusa de lavado de activos.
En el caso de Torales, se comenzó una investigación debido a que él y su esposa demostraban una importante exteriorización patrimonial, viajes al exterior y adquisición de un inmueble.