El Partido Justicialista del Chaco fue, el viernes por la tarde, sede de un encuentro estratégico entre su conducción política y más de veinte organizaciones gremiales del sector estatal. El motivo fue el avance de una agenda común frente al deterioro de los derechos laborales en la provincia, en el marco de políticas de ajuste atribuidas tanto al gobierno nacional como al provincial.
La reunión estuvo encabezada por el presidente del PJ Chaco, Jorge Capitanich, acompañado por el secretario general partidario Raúl Bittel y los diputados provinciales Analía Flores y Nicolás Slimel. Participaron gremios como UPCP, ATE, UTRE CTERA, AMET, CTA, ADIUNNE, Luz y Fuerza, y entidades sindicales del INSSSEP, SAMEEP, ANSES, ECOM y otras dependencias estatales.
Durante la jornada, los asistentes compartieron diagnósticos sobre la situación actual del empleo público en Chaco, caracterizada por la falta de aumentos salariales, despidos, precarización y un clima general de amedrentamiento institucional.
Los representantes gremiales y políticos coincidieron en la necesidad de una respuesta unificada. Se propuso una estrategia tripartita que abarca el plano gremial, el judicial y el legislativo, a fin de garantizar la defensa de los trabajadores estatales y canalizar sus reclamos con respaldo político.
DENUNCIAS DE VULNERACIÓN DE DERECHOS Y AJUSTE
El pronunciamiento público del PJ incluyó una declaración de solidaridad con los trabajadores ante la multiplicidad de conflictos que enfrentan. «Estas medidas son parte de un claro retroceso institucional que busca disciplinar al conjunto de los trabajadores del Estado», señalaron desde la conducción partidaria.
Entre los principales reclamos mencionados se encuentran la falta de paritarias, la judicialización de protestas, la imposición de descuentos salariales por medidas gremiales y la aplicación de sumarios administrativos sin sustento. Asimismo, se denunció la persecución política y sindical, la práctica de despidos masivos y el recorte de derechos fundamentales como la huelga o la negociación colectiva.
Los participantes destacaron que estas políticas no solo perjudican al personal estatal, sino que impactan directamente en la ciudadanía al debilitar los servicios públicos esenciales como salud, educación y asistencia social.
«El deterioro no solo alcanza a los trabajadores, sino que afecta el derecho de los chaqueños a acceder a servicios esenciales», se expresó en el comunicado.
UNA AGENDA TRIPARTITA: GREMIAL, JUDICIAL
Y LEGISLATIVA
El diputado Nicolás Slimel fue uno de los encargados de dar detalles sobre los próximos pasos. «Se definió avanzar en tres áreas prioritarias: una agenda gremial, una estrategia judicial para asistir legalmente a los trabajadores perseguidos o despedidos, y una agenda legislativa que permita visibilizar y canalizar los reclamos sectoriales en la Cámara de Diputados, con respaldo político y sindical», sostuvo.
Slimel remarcó la necesidad de ejecutar estas acciones de forma coordinada entre los gremios y los representantes legislativos del justicialismo chaqueño.
En el plano judicial, se buscará brindar patrocinio legal a los empleados públicos afectados, mientras que en el Congreso provincial se impulsarán proyectos que protejan derechos vulnerados y eviten nuevas prácticas de persecución.
Además, desde el PJ se hizo hincapié en la urgencia de actualizar los salarios y recomponer las condiciones de trabajo deterioradas desde el inicio de las gestiones actuales en Nación y Provincia.
La unidad como horizonte común
Desde el entorno partidario se insistió en la importancia de la unidad del movimiento obrero y político para enfrentar un contexto de «profundo retroceso institucional».
Tanto dirigentes sindicales como legisladores presentes valoraron el carácter plural y representativo del encuentro, que nucleó a sindicatos de base, entidades nacionales y gremios del sector educativo y técnico.
Achicamiento de estructuras y despidos
Uno de los puntos más recurrentes durante el encuentro fue el vaciamiento de áreas sensibles del Estado. Los representantes sindicales advirtieron que el achicamiento de estructuras y la cesantía de personal ponen en riesgo la continuidad y calidad de los servicios estatales.
Educación, salud, acción social y las empresas públicas figuran entre los sectores más afectados, según los testimonios recogidos. Este escenario, sostienen, configura una política de desmantelamiento de lo público. «El vaciamiento repercute directamente en la vida de los chaqueños, que ven restringido su acceso a derechos básicos», sostuvieron desde el PJ.
Asimismo, se planteó la preocupación por los trabajadores de organismos nacionales con sede en Chaco, como ANSES y ECOM, cuya situación laboral es igualmente crítica.
FORTALECER LOGROS
La diputada Analía Flores subrayó la necesidad de defender lo conseguido en etapas anteriores de gobierno justicialista. «Lo que proponemos es fortalecer la custodia de los logros que hemos alcanzado durante los años de gobiernos peronistas mediante el impulso de leyes puntuales e iniciativas conjuntas», expresó.
Flores manifestó que existe un consenso amplio entre los gremios para trabajar en conjunto y frenar las medidas de ajuste con iniciativas de raíz legislativa y acciones legales concretas.
Los representantes sindicales señalaron la importancia de recuperar la paritaria como herramienta fundamental para el diálogo entre trabajadores y el Estado empleador, e instaron al gobierno provincial a retomar esos espacios institucionales.