La investigación que llevó seis meses partió desde Chaco, con el respaldo de la ministra Sandra Pettovello. El juez federal Miguel Mianovich ordenó los procedimientos tras una denuncia con pruebas recolectadas por ANSES.
Luego de los allanamientos realizados este lunes en Resistencia en el marco de una causa por otorgamiento fraudulento de jubilaciones, el titular regional de ANSES, Capi Rodríguez, brindó una conferencia de prensa en la que detalló el desarrollo de la investigación y ratificó que ya fueron dadas de baja al menos 30 jubilaciones que se obtuvieron de forma irregular.
“Esta es una denuncia penal que se inició hace seis meses desde nuestra región, no vino desde Buenos Aires. Fue una investigación propia de ANSES que luego escaló a nivel nacional, y en la que contamos con el respaldo de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello”, explicó Rodríguez, quien indicó que el organismo actúa como querellante en la causa.
Los procedimientos ordenados por el juez federal Miguel Aranda Mihajlovic tuvieron como epicentro un estudio contable de Resistencia, al que se acusa de haber articulado maniobras fraudulentas para tramitar jubilaciones comunes, aunque no se descarta que existan ramificaciones a nivel nacional. Según Rodríguez, el modus operandi consistía en conseguir aportes apócrifos a personas que no reunían los requisitos para jubilarse, valiéndose incluso de claves fiscales de terceros sin su consentimiento.
“Venía una persona que no tenía los años para jubilarse, y el estudio le decía: ‘no te hagas problema, yo te los consigo’. Endosaban falsamente aportes de empleadores ficticios, pagaban de forma extemporánea y tramitaban la jubilación”, resumió Rodríguez.
Además, aclaró que la investigación se encuentra en una etapa preliminar y que aún no hay detenidos. “Solicitamos la detención del responsable del estudio, pero eso lo determinará el juez”, indicó, y confirmó que el lugar no fue clausurado: “Sigue funcionando, pero eso no impide que se investigue. No hubo detenciones en el lugar”.
Consultado sobre la posible complicidad interna, Rodríguez admitió que se investiga si hubo trabajadores de ANSES que filtraron o facilitaron información al estudio contable. También apuntó que “esto es solo la punta del iceberg”, y lo comparó con la causa de pensiones no contributivas de Taco Pozo, que también reveló maniobras fraudulentas con alcances más amplios.
En cuanto a los damnificados o involucrados, afirmó que toda persona que haya accedido a una jubilación a través de estas prácticas podría enfrentar consecuencias judiciales. “Las que nosotros ya tenemos probadas fueron dadas de baja. La justicia determinará si también hay responsabilidad de los beneficiarios”, señaló.
Finalmente, Rodríguez sostuvo que esta investigación debe interpretarse como una oportunidad de saneamiento institucional: “Esto va a permitir mejorar los sistemas de control, protección de datos y trazabilidad dentro del organismo. Es una noticia positiva porque se está esclareciendo una situación que llevaba muchos años”.
🔍 ANSES ya dio de baja más de 30 jubilaciones irregulares en Chaco y hay una investigación judicial en curso.
Negocio «redondo»
Según lo que dijo Capi Rodríguez en la conferencia de prensa, el estudio contable cobraba entre 2 y 3 millones de pesos por cada trámite de jubilación trucha.
Esta cifra corresponde al monto que pagaban las personas que buscaban jubilarse sin contar con los años de aportes necesarios, a cambio de que el estudio simulara relaciones laborales ficticias y generara deudas extemporáneas ante AFIP/ANSES para lograr la aprobación del beneficio.
¿Y el dinero cobrado?
Sobre el dinero que cobraron las personas que accedieron a las jubilaciones irregulares, Capi Rodríguez explicó que:
- Las jubilaciones que ya están probadas como fraudulentas fueron dadas de baja por ANSES.
- La justicia decidirá si las personas deberán devolver el dinero cobrado indebidamente o si habrá sanciones económicas para el estudio contable o los responsables.
- El juez será quien disponga las medidas concretas para recuperar esos fondos y determinar las responsabilidades legales.
Por lo tanto, aunque aún no hay una decisión final, es muy probable que el dinero tenga que ser devuelto o que se inicien procesos judiciales para resarcir el perjuicio económico al Estado.
“Esto es una defraudación que viene ocurriendo hace muchos años, utilizando vacíos legales y metodologías fraudulentas para obtener jubilaciones indebidas».
Capi Rodríguez
Fotos: Osvaldo Ramírez