En conferencia de prensa, el director regional de la Anses, Alfredo Capi Rodríguez, brindó detalles ayer sobre la investigación que el lunes condujo a dos allanamientos en Resistencia en el marco de una causa por presuntas «jubilaciones truchas» tramitadas a través de un conocido estudio jurídico ubicado en pleno centro de la capital chaqueña.
Los trabajos de investigación, iniciados por el propio Anses, ahora están en manos de la Justicia Federal, bajo la conducción del juez Ricardo Mianovich. El foco está puesto en el estudio Alicia Strada, acusado de montar un esquema que permitía acceder ilegalmente a beneficios jubilatorios.
La denuncia se basa en los resultados de una investigación preliminar que permitió detectar que un estudio contable de Resistencia habría declarado falsas relaciones laborales ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca).
La metodología consistía en presentar declaraciones juradas rectificativas para blanquear de forma tardía falsos vínculos de dependencia, utilizando datos de otros clientes que figuraban como empleadores.
El funcionario remarcó que se contó con el «apoyo explícito de la ministra Petovello (Sandra) en esta investigación; sin el apoyo de ella nos hubiese costado muchísimo». Sostuvo que «la intención del Gobierno nacional es esclarecer y transformar a los organismos.
En esta denuncia penal, hemos probado el ilícito, estos casos que se mencionan son probados y de hecho están dados de baja en el organismo».
«Esto se inició con una investigación propia desde la Anses», afirmó Rodríguez. Según explicó, un pequeño equipo técnico logró detectar una metodología sistemática para simular relaciones laborales inexistentes, permitiendo que personas sin los aportes necesarios accedieran a la jubilación.
«Descubrimos cómo funcionaba este estudio contable. Usaban los datos de empleadores reales para hacer figurar empleados que nunca trabajaron», agregó.
Durante los allanamientos realizados en las últimas horas se secuestraron más de 23 cajas con documentación y dos CPU. Rodríguez detalló que la Anses aportó a la Justicia pruebas técnicas clave, incluyendo los IP desde donde se originaron los trámites, recibos de sueldo apócrifos y patrones de conducta repetidos. «Tenemos probadas unas treintenas de jubilaciones truchas. Le presentamos a la Justicia el método que usaban. Esto es el inicio de una investigación que va a impactar en todo el país», sostuvo.
El director regional también fue claro respecto a la motivación económica detrás de la operatoria: «El estudio jurídico cobraba por los trámites. Esto no era gratuito, era un negocio».
Asimismo, según Rodríguez, el sistema funcionaba así: una persona que no cumplía con los años de aporte requeridos para jubilarse acudía al estudio, y allí le creaban antecedentes laborales falsos utilizando Cuit y declaraciones rectificativas ante Arca. Con ese armado, se tramitaba el beneficio ante la Anses.
Consultado por la posibilidad de que haya empleados del organismo implicados, Rodríguez no descartó esa línea investigativa: «Eso lo va a determinar la Justicia. Nosotros también vamos a indagar si hubo algún tipo de complicidad interna» y fue más allá: «Esto es la punta de un iceberg. Ya iniciamos una reunión por Zoom con todas las delegaciones del país para explicar el método y prevenir que se replique en otras provincias».
Rodríguez también se refirió a los potenciales beneficiarios que accedieron a jubilaciones de forma fraudulenta: «Hoy sí pasa algo. Esta vez el sistema reaccionó a tiempo. En muchos casos, el beneficio no llegó a activarse. En otros, se suspendió rápidamente. Pero las personas que accedieron a través de este mecanismo deberán responder ante la ley».
Respecto al impacto económico, evitó dar una cifra concreta, pero reconoció que el daño al Estado es «millonario». La recuperación de esos fondos, dijo, dependerá del avance judicial y de las acciones legales que se impulsen desde el área jurídica del organismo. «El Ministerio de Capital Humano nos acompañó desde el primer día. Esto va a provocar reformas profundas en la Anses», concluyó.
Hasta el momento, no hay personas detenidas, aunque el juez Mianovich evalúa nuevas medidas tras el análisis del material secuestrado. Desde la Anses no descartan que esta metodología se haya replicado en otras jurisdicciones, por lo que ya se ordenó una revisión de casos similares en todo el país.
