La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia dejó firmes los procesamientos con prisión preventiva de Liliana Rita Azucena F. , Aldo Gabriel L. y Leandro Gabriel G., como integrantes de una organización dedicada al comercio y distribución de estupefacientes. Fue al rechazar las apelaciones de las defensas contra la medida dictada en abril pasado por la jueza federal Zunilda Niremperger.
La resolución, que difundió el portal Chaco Día por Día, fue dictada el 18 de junio de 2025, y llevó la firma de las juezas Rocío Alcalá y Patricia García.
En sus fundamentos, las camaristas entendieron que los imputados formaban parte de una estructura criminal que operaba en La Leonesa, donde se incautaron 92,503 kilogramos de marihuana y 700 gramos de cocaína durante un allanamiento en diciembre de 2024.
Se recuerda que los tres imputados estuvieron prófugos de la justicia desde diciembre: G. se entregó el 18 de marzo de este año mientras que F. fue detenida el 7 de abril en Margarita Belén y L. arrestado el 20 de abril.
El 25 de abril, la jueza Federal 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, los procesó con prisión preventiva por el delito de comercio y distribución de estupefacientes agravado por el número de intervinientes y embargó sus bienes.
CONFIRMACIÓN
Las juezas Alcalá y García destacaron que las pruebas reunidas, incluyendo informes de inteligencia, testimonios y registros de comunicaciones, vinculan a los acusados con roles clave dentro de la organización.
F., dueña del campo Cuatro Diablos, donde se encontró la droga, habría facilitado el lugar para el acopio de la sustancia. L.
Por su parte, fue identificado como colaborador directo de José Luis Torres alias Curucho, uno de los presuntos financistas del grupo; mientras que G. habría participado en negociaciones para el ingreso de narcóticos desde Paraguay.
Las defensas argumentaron falta de pruebas concluyentes y cuestionaron la presunción de dolo, alegando que sus clientes carecían de antecedentes penales y no estaban presentes durante el allanamiento.
Sin embargo, el tribunal consideró que los elementos probatorios, analizados bajo los principios de la «sana crítica racional», eran suficientes para mantener las medidas cautelares. Además, se destacó que los imputados estuvieron prófugos durante meses antes de ser capturados, lo que reforzó el riesgo de fuga.
La resolución también hizo hincapié en la gravedad del delito, agravado por el número de intervinientes y la cantidad de droga incautada, así como en la presencia de armas de fuego durante el operativo, factores que justificaron la prisión preventiva.
Por otro lado, el tribunal instó a elevar el caso al Tribunal Oral en el menor tiempo posible para avanzar hacia un juicio definitivo.