Un estudio del Centro de Geociencias Aplicadas analizó dos décadas de decretos de emergencia en la provincia del Chaco, en los que se evidencia que departamentos como Comandante Fernández, Independencia y Maipú acumularon hasta 18 años de emergencia sobre 20 analizados.
El análisis territorial muestra una concentración de crisis en el núcleo sojero del centro-sudoeste provincial, donde la expansión agrícola duplicó la superficie cultivada en dos décadas.
Por casi dos décadas, entre 2006 y 2025, la provincia del Chaco estuvo bajo un estado de emergencia agropecuaria casi permanente. Lo que debería ser una excepción terminó siendo en rutina: sequías, inundaciones repentinas, granizo destructor y crecidas afectaron los campos chaqueños, obligando al Estado provincial a emitir decretos de emergencia de manera reiterada.
Investigadores del Centro de Geociencias Aplicadas de la UNNE se propusieron estudiar la aplicabilidad de esta herramienta clave dentro del repertorio de intervención estatal sobre el territorio productivo. El profesor Héctor Daniel Benítez y el doctor Jorge Alfredo Alberto llevaron adelante una evaluación crítica de estos decretos, no solo como respuestas administrativas ante eventos climáticos extremos, sino también como instrumentos políticos que han contribuido activamente a la reconfiguración del territorio rural chaqueño.
El estudio propone una lectura territorial y geopolítica de estas normativas, destacando su impacto diferencial en los diversos actores del agro chaqueño y su papel en la consolidación de determinadas lógicas de ocupación y uso del suelo.
Una de las conclusiones de la investigación es que la emergencia agropecuaria funciona como un instrumento reactivo, concebido para asistir económicamente a los actores productivos en situaciones críticas. Sin embargo, su reiteración en el tiempo evidencia una estrategia de gestión limitada.
«La emergencia se convierte en un ‘parche crónico’ que perpetúa un tipo de intervención estatal focalizada, parcial y desvinculada de una planificación territorial integral», señalan Benítez y Alberto en el informe del estudio.
En lugar de introducir cambios estructurales, estos decretos tienden a sostener un modelo productivo altamente vulnerable.
Los investigadores observan que mientras los excesos hídricos y crecidas afectan mayormente al Chaco Húmedo y al este provincial, los déficits hídricos se concentran en el Chaco Seco y la franja de transición, donde la variabilidad pluviométrica y la degradación ambiental incrementan la vulnerabilidad.
Algunos datos
Departamentos como Comandante Fernández, Independencia y Maipú acumularon entre 17 y 18 años de emergencia sobre un total de 20 años analizados. Una situación que los investigadores califican como «alarmante», donde la emergencia dejó de ser un hecho excepcional para consolidarse como un componente permanente de la dinámica rural.
El análisis territorial revela un patrón espacial: la mayoría de los decretos se concentran en el centro y sudoeste provincial, precisamente donde se ubica el núcleo sojero con mayor vulnerabilidad estructural. Esta zona de transición climática, ubicada entre las isohietas de 900 mm y 700 mm de precipitación media anual, constituye el área de mayor dinamismo agroproductivo, pero también la más frágil.
«La emergencia tiende a concentrarse en territorios donde se ha consolidado el modelo agroindustrial», explican los investigadores. Es aquí donde convergen las condiciones del Chaco Húmedo y del Chaco Seco, configurando un espacio estratégico pero extremadamente vulnerable.
Vulnerabilidad
Para entender esta vulnerabilidad, es necesario analizar los últimos 20 años. En las últimas dos décadas, la superficie cultivada en la provincia se duplicó, pasando de entre 700.000 y 900.000 hectáreas a principios del siglo XXI a 1.803.150 hectáreas en 2025. La soja emergió como protagonista absoluta, representando entre el 50% y 60% de la superficie cultivada anual.
El estudio revela las tensiones profundas que atraviesan el agro argentino contemporáneo: entre expansión y conservación, entre eficiencia y equidad, entre crecimiento económico y sustentabilidad ambiental.
Los investigadores plantean la necesidad de repensar el rol de la emergencia agropecuaria como política pública. Proponen que estos decretos sean considerados indicadores territoriales de crisis y se integren en estrategias más amplias de ordenamiento ambiental y desarrollo rural sostenible.
La incorporación de herramientas como el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), los planes de manejo hídrico o los sistemas de alerta temprana basados en monitoreo satelital, puede contribuir a una gestión más anticipatoria y menos dependiente de la urgencia.
«Las emergencias agropecuarias son tanto un síntoma como una oportunidad», concluyen los investigadores.
«Un síntoma de un modelo que ha llegado a sus límites ecológicos y sociales; y una oportunidad para repensar el territorio, desde una mirada integral que supere la lógica de corto plazo y apueste por una planificación participativa, estratégica y adaptativa».
Las conclusiones apuntan a la necesidad de contar con políticas públicas integrales que aborden el ordenamiento rural con criterios de sustentabilidad, resiliencia y equidad territorial.
Será una oportunidad para superar la lógica de la emergencia permanente y construir un territorio rural más resiliente y equitativo