El sistema de transporte público del Gran Resistencia, atraviesa uno de los momentos más críticos de los últimos 35 años. El secretario general de UTA Chaco, Raúl Abraham, confirmó que dos de las cuatro empresas que operan en el área metropolitana presentaron un procedimiento preventivo de crisis. Se trata de las firmas Ersa y TCM, que juntas emplean a casi 600 trabajadores.
«Si esto ocurre, no sé en qué terminaría», alertó Abraham durante una entrevista en Radio Facundo Quiroga. El dirigente denunció además la inacción del Estado provincial, al que responsabilizó por el deterioro del servicio y el abandono del sistema: «Hace más de un año que el Estado decidió desentenderse. Aporta lo mínimo y dejó de suplir los subsidios que Nación recortó».
Según explicó, la situación se volvió crítica desde que las autoridades modificaron el esquema de subsidios, eliminando el sistema de transferencias automáticas por unidad y reemplazándolo por un sistema de compensación por pasajero transportado. «Hoy la gente también viaja poco. No tiene la capacidad económica para pagar un boleto de $1.300 cuando estaba a $710», describió.
La antesala de una crisis anunciada
La advertencia de Abraham no es nueva. Desde hace más de un año, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) denuncia demoras en el pago de salarios, reducción en los aportes estatales y un deterioro constante del servicio. «Cada mes, los trabajadores tienen que salir a exigir que les paguen lo que les corresponde», señaló.
«El viernes anterior a la entrevista, las empresas abonaron los sueldos correspondientes a junio, pero casi en simultáneo presentaron el procedimiento preventivo de crisis ante la Dirección Provincial del Trabajo. Hasta ahora no recibimos ninguna notificación oficial», indicó el sindicalista, quien considera que la medida es una señal clara del colapso que se avecina.
«Estamos hablando de empresas grandes. ¿Qué pasará con las otras, que apenas se sostienen? Ellos mismos dicen que no saben hasta cuándo van a resistir», agregó.
procedimiento preventivo
La figura legal que invocaron Ersa y TCM se encuentra contemplada en la legislación laboral y se aplica ante situaciones de fuerza mayor, disminución del trabajo o problemas económicos.
Permite a las empresas iniciar negociaciones para suspender personal, reducir jornadas o desvincular trabajadores, con menores cargas indemnizatorias.
Consultado sobre el alcance de esta medida, Abraham explicó: «El procedimiento está dentro de la ley, pero es una señal clara del agotamiento del sistema. Y lo peor es que el gobierno ni siquiera está controlando que las empresas cumplan con los horarios o frecuencias. Es un abandono total».
los usuarios pagan las consecuencias
La situación del transporte público en el Gran Resistencia no solo afecta a los trabajadores, sino también a miles de usuarios que diariamente dependen del colectivo para movilizarse. «El servicio es deplorable. No hay frecuencias, los horarios no se cumplen, y los colectivos están en mal estado», afirmó Abraham.
La caída en la cantidad de pasajeros también tiene consecuencias económicas. «La gente usa otros medios o directamente no puede pagar el boleto. Hoy el salario promedio está bajo la línea de pobreza. ¿Cómo va a pagar el transporte?», se preguntó.
El drama de los trabajadores
Los choferes viven con «incertidumbre total», según describió Abraham. Temen perder su empleo y, con él, también su cobertura social. «Se imaginan el daño que provoca quedar sin trabajo, no solo al trabajador, sino también a su familia. Si pierden la obra social, deben ir a un hospital público, y ya sabemos cómo están los hospitales: colapsados», afirmó.
La crisis del sistema también golpea a las obras sociales sindicales, que no logran cubrir el aumento de los insumos médicos. «Hoy es insostenible cumplir con los prestadores. Hay medicamentos que se volvieron imposibles de cubrir», denunció.
Una postal que remite a los años 90
Abraham recordó un episodio histórico para dimensionar la gravedad del presente. «Esto ya lo vivimos en los 90 y 2000, cuando las empresas caían como castillos de arena y los trabajadores quedaban en la calle. Teníamos 1.200 afiliados y nos quedamos con 100. Nadie quería poner colectivos», rememoró.
Durante ese período, el transporte público en el Chaco quedó desmantelado. «Me acuerdo que algunos trabajadores terminaban el turno y solo les daban $15 porque debían guardar otros $15 para cargar combustible y seguir trabajando al día siguiente», describió.
La inestabilidad laboral no solo golpea en el presente. También pone en riesgo el futuro previsional de los trabajadores del volante. «Los choferes se jubilan a los 55 años por régimen especial. Pero muchos hoy siguen manejando con más de 65 porque no tienen aportes suficientes. Y eso no es culpa de ellos, sino de los gobiernos que no controlaron», aseguró Abraham.
Un gobierno ausente
El secretario general de UTA Chaco responsabilizó directamente al gobierno provincial por la crisis. «Hay una responsabilidad enorme del gobierno. Cortaron los subsidios, dejaron de controlar a las empresas y hoy todo recae sobre los trabajadores y los usuarios», sostuvo.
«El Gobierno se corrió, como si todo esto pudiera resolverse mágicamente», remarcó y recordó que los propios trabajadores ya hicieron concesiones, como permitir el pago de salarios en dos cuotas el mes pasado. «Les dimos un changuí a los empresarios, pero nada cambió», dijo.
Un panorama incierto
Ante la consulta sobre el futuro inmediato, Abraham no dudó en expresar su preocupación. «Si seguimos así, las empresas van a cerrar. Esto ya lo advertimos hace tiempo. Pero nadie escucha», concluyó.
El panorama para el transporte público del Gran Resistencia es sombrío. Mientras el gobierno provincial continúa sin dar respuestas concretas, los empresarios inician procedimientos de crisis, los usuarios sufren un servicio deficiente y los trabajadores temen por sus empleos.
La historia parece repetirse, pero con consecuencias cada vez más profundas.