El 9 de Julio, Día de la Independencia Argentina, fue también una jornada de memoria y dolor para Karina Winckler, integrante de la Red Federal de Familiares y Víctimas Viales.
En diálogo con Radio Libertad, la docente chaqueña recordó que esa fecha marca el aniversario de la última carrera que disputó su hijo Germán Ríos, quien falleció al día siguiente en un siniestro vial.
«Germán salió de mi casa y nunca más volvió con vida», expresó conmovida. Su testimonio enlaza el duelo personal con una preocupación institucional: la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
Después de tres años sin poder participar de actos públicos por el dolor vivido, Winckler volvió al acto del 9 de julio en Miraflores.
«Hoy vuelvo a participar porque siento que tengo que dar testimonio», afirmó.
Esa misma jornada recibió la confirmación oficial del cierre de la Agencia, una institución que, según sostuvo, «fue la única que cobijó a cientos de víctimas como yo».
ORIGEN DE LA AGENCIA Y ROL DE LOS FAMILIARES DE VÍCTIMAS
Winckler explicó que la ANSV
no surgió espontáneamente desde el Estado, sino por el reclamo persistente de familiares de víctimas, quienes incluso acudieron a la Corte Suprema de Justicia en Washington para denunciar a la Argentina por incumplir la Ley Nacional de Tránsito. «Aparecen legisladores como propulsores, pero el origen fue el reclamo de las víctimas», subrayó.
Ese proceso dio lugar a la creación de un organismo que, con el tiempo, desarrolló múltiples funciones orientadas a la prevención, control y educación vial.
«Hoy las víctimas del tránsito nos quedamos sin esta herramienta», lamentó Winckler, destacando el valor de una institución que consideraba esencial para transformar el abordaje estatal de la seguridad en las rutas.
FUNCIONES CLAVE DE LA AGENCIA Y SU ROL FEDERAL
Entre las funciones destacadas de la Agencia, Winckler subrayó la existencia del Observatorio Vial, un instrumento estadístico que centraliza información sobre siniestros en todo el país.
«Nos dice cómo y por qué morimos en el tránsito», explicó. Esta base de datos, única en el ámbito nacional, permite orientar políticas públicas y evaluar resultados.
Por otra parte cuestionó que el reciente decreto presidencial mencione la transferencia de tareas de fiscalización a Gendarmería Nacional, sin detallar el destino de otras áreas estratégicas como el Observatorio. «No está claro qué va a pasar con el resto de las acciones», advirtió y calificó el decreto como incompleto e impreciso en aspectos sustanciales.
Incertidumbre sobre la continuidad de servicios
Winckler informó que, hasta el momento, no se ha brindado información oficial sobre el futuro de sectores clave de la Agencia.
A través de un artículo agregado a último momento en el decreto, se establece una continuidad provisoria de algunas funciones hasta que se organice su eventual traslado, pero sin plazos definidos.
La Línea 141 – opción 2, que brinda asistencia a víctimas viales, es uno de los servicios afectados. «Nos quedamos sin asistencia directa», sostuvo, y también mencionó el impacto en la formación vial, tanto en escuelas como en empresas y municipios.
«La Agencia tenía un área académica muy activa, incluso en programas de reeducación vial para personas sancionadas por infracciones», añadió.
PARTICIPACIÓN EN COMITÉS
Y PREOCUPACIÓN POR LA FINANCIACIÓN
La continuidad de los comités consultivos fue una de las pocas certezas brindadas por el decreto. Winckler integra el Grupo 2, conformado por profesionales que asesoran a la Agencia.
Aunque se confirmó su permanencia, no se detalló cómo serán seleccionados sus integrantes ni bajo qué condiciones funcionarán dentro de la órbita de la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía.
Otro punto preocupante es el financiamiento. La Agencia se sostenía con el 1% de lo recaudado por las aseguradoras, sin requerir fondos del Tesoro Nacional. «Nos preguntamos qué va a pasar con ese dinero», dijo.
Asimismo, cuestionó el anuncio oficial, considerando que la forma en que fue comunicado «fue una burla a la sociedad» y criticó la decisión de cerrar instituciones útiles por casos de corrupción, en lugar de mejorarlas.
REACCIONES, MOVILIZACIÓN
Y FALTA DE RESPALDO POLÍTICO
Esta semana, familiares de todo el país realizaron una reunión virtual para evaluar medidas legales ante el decreto 461. Winckler valoró la participación del diputado chaqueño Juan Manuel Pedrini en ese encuentro, pero también lamentó la falta de acompañamiento institucional: «Nos hemos sentido muy solos como chaqueños en esta lucha».
Finalmente, señaló que desde las organizaciones están analizando alternativas judiciales y legislativas para frenar o revisar el cierre de la Agencia.
«Aquí está en riesgo la seguridad vial de todos», advirtió, e instó a los representantes parlamentarios a tomar cartas en el asunto para garantizar la continuidad de una política pública que -según dijo- «funcionaba con aciertos y errores, pero funcionaba».