El diputado provincial Nicolás Slimel explicó que la iniciativa fue presentada por organizaciones de diversidad y busca otorgar una pensión excepcional a víctimas de violencia institucional. Aseguró que la propuesta fue malinterpretada por sectores del oficialismo y parte de la prensa.
Tras la polémica generada en medios y redes sociales por el proyecto de pensiones graciables a personas travesti, trans y de otras identidades del colectivo LGTBIQ+, diputados de la oposición salieron a aclarar el origen y el alcance de la iniciativa. Nicolás Slimel, uno de los legisladores firmantes, explicó que se trata de una propuesta de reparación histórica elaborada por organizaciones de la diversidad, y no de un subsidio indiscriminado como fue presentado por algunos sectores.
“El proyecto no lo presentamos dos o tres legisladores, sino más de diez, y nace de un expediente elevado por un colectivo de mujeres y diversidades”
Nicolás Slimel
“El proyecto no lo presentamos dos o tres legisladores, sino más de diez, y nace de un expediente elevado por un colectivo de mujeres y diversidades”, señaló Slimel en declaraciones a la prensa. Aclaró que los legisladores solo acompañaron con su firma para que pueda tomar estado parlamentario y ser discutido en el recinto.
Según explicó el diputado, la propuesta contempla pensiones graciables únicamente para personas del colectivo que hayan sufrido situaciones graves de violencia institucional, abuso de autoridad o abandono por parte del sistema de salud, entre otros criterios específicos. “No es para cualquier persona, ni se pretende dar una pensión porque sí. Está dirigido a casos puntuales, con fundamentos y situaciones tipificadas”, afirmó.
Ante las críticas que surgieron desde el oficialismo, Slimel consideró que “hay una clara intencionalidad de generar polémica”, y denunció que ningún medio oficialista ni funcionarios del gobierno se acercaron a consultar en profundidad los términos del proyecto. “Se lo sacó de contexto deliberadamente. No es una ocurrencia nuestra, es una demanda histórica del colectivo. Nosotros solo propusimos que se debata”, aseguró.
Sobre las críticas relacionadas al financiamiento de la iniciativa en una provincia con crisis fiscal, el legislador respondió: “No estamos hablando de una pensión permanente ni para miles de personas. Se trata de casos excepcionales. Incluso podría contemplarse un reconocimiento económico por única vez, como ocurre en otras provincias como Santa Fe”.
“No estamos hablando de una pensión permanente ni para miles de personas. Se trata de casos excepcionales. Incluso podría contemplarse un reconocimiento económico por única vez, como ocurre en otras provincias como Santa Fe”.
Nicolás Slimel
El proyecto sugiere que el monto de la pensión sería equivalente a dos salarios mínimos vitales y móviles —menos de 700 mil pesos actuales—, y podría limitarse a una cantidad reducida de beneficiarios. “Es una propuesta perfectible. Habrá que discutir los requisitos, tal vez incorporar la judicialización como condición, pero eso lo veremos en el tratamiento parlamentario”, cerró Slimel.
Con esta aclaración, desde la oposición buscan desactivar la polémica instalada y abrir el debate legislativo sobre una medida que, según destacan, apunta a reparar el daño sufrido por personas históricamente vulneradas por el Estado.
¿Por qué una reparación histórica?
La reparación histórica que propone el proyecto de pensiones graciables a personas travesti, trans y de otras identidades de la diversidad sexual se basa en el reconocimiento de violencias y vulneraciones sistemáticas de derechos que estas personas sufrieron durante décadas, en especial por parte del Estado.
A continuación, se detallan los principales fundamentos:
🔹 Violencia institucional
Durante años —y aún hoy en muchos casos—, personas travesti-trans han sido víctimas de detenciones arbitrarias, hostigamiento policial, criminalización del trabajo sexual y otras formas de violencia ejercidas directamente por fuerzas estatales.
🔹 Falta de acceso a derechos básicos
Históricamente, el colectivo travesti-trans ha enfrentado discriminación en el sistema educativo, laboral y sanitario, lo que les impidió desarrollarse en igualdad de condiciones con el resto de la sociedad. Muchas personas no pudieron terminar sus estudios, acceder a empleos formales, recibir atención médica adecuada o gozar de protección social.
🔹 Expectativa de vida reducida
Numerosos estudios y relevamientos muestran que la expectativa de vida promedio de personas travestis y trans en Argentina ronda los 35 a 40 años, debido a las condiciones de exclusión social, violencia y falta de acceso a la salud.
🔹 Responsabilidad del Estado
El proyecto apunta a que el Estado reconozca su responsabilidad histórica en la marginalización de estas personas, tanto por acción directa (como la violencia institucional) como por omisión (al no garantizar el acceso a derechos fundamentales).
🔹 Ejemplos previos
Otras provincias, como Santa Fe, ya otorgaron reparaciones económicas excepcionales por única vez a personas travesti-trans víctimas de violencia estatal en décadas anteriores. A nivel nacional, existen precedentes similares en casos de víctimas del terrorismo de Estado, ex soldados, pueblos originarios, entre otros.
Por estos motivos, el proyecto plantea que a quienes puedan acreditar haber sufrido violencia institucional o abandono estatal, se les otorgue una pensión graciable como una forma de compensación simbólica y material, reconociendo el daño histórico sufrido.
En resumen, no se trata de un beneficio general por identidad de género, sino de una reparación a personas que han sido directa y gravemente dañadas por el propio Estado.
Fotos: Osvaldo Salvador Ramírez