El procedimiento dejó al descubierto maniobras de adulteración de marcas en al menos siete potreros. Entre los principales implicados figura Ricardo Osuna, abogado de la familia Sena, como presunto responsable de varios animales marcados irregularmente.
Tras una extensa investigación, personal del Departamento de Seguridad Rural Metropolitana culminó un importante procedimiento por abigeato en la zona rural de La Leonesa. El operativo, que se desarrolló durante más de 36 horas en el paraje Yatay, tuvo como epicentro el establecimiento “La Comunidad”, de unas 1.200 hectáreas, dividido en siete potreros alquilados por distintos productores. El abogado penalista Ricardo Osuna vuelve otra ves a estar involucrado.
Durante el procedimiento, que se llevó adelante en el marco de un allanamiento autorizado por el Decreto Fundado N°127, se controlaron 745 semovientes y se secuestraron 31 animales en carácter impostergable por presentar irregularidades en sus marcas y señales. Muchos de estos animales presentaban signos de adulteración de marcas, superposición de señales y ausencia de documentación que acredite propiedad, siendo identificados como pertenecientes a terceros productores.
Uno de los nombres que se repite en múltiples potreros como damnificado es el de Ricardo Osuna Ariel, quien figura como titular de varias marcas recuperadas. También se encontraron animales que pertenecían a Victor Ramón Moreira, José Acosta, Fernando Foschiatti, Reinaldo Stoup, Eduardo Meichtri, Adrián Morinigo y Alberto Aguilera, entre otros.
En paralelo al allanamiento, una comisión de 30 efectivos montados, con apoyo de drones, inspeccionó el piquete denominado “La Degolladita”, de unas 400 hectáreas. Allí se secuestraron dos toros que habían sido denunciados como extraviados por sus dueños, Juan Carlos Vega y Miguel Ángel Diarte, quienes confirmaron que sus campos colindan con ese terreno y que los animales estaban allí desde hace más de dos años.
Los semovientes identificados fueron entregados provisionalmente a sus legítimos propietarios, previa acreditación de tenencia, mientras que el resto quedó bajo custodia policial para continuar con las restituciones o traslados a campos judiciales.
El operativo estuvo coordinado por el Comisario Mayor Miguel Ángel Báez y supervisado por el Comisario Principal Rubén José Luis Irala. La investigación continúa para determinar responsabilidades penales.