La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó el procesamiento sin prisión preventiva del intendente de Taco Pozo, Carlos Ibáñez, su hija Gabriela Ibáñez Gelabert, y otras siete personas, por su presunta participación en una asociación ilícita dedicada al trámite fraudulento de pensiones no contributivas por invalidez.
La resolución fue firmada el jueves 10 de julio por las juezas Rocío Alcalá y Patricia García. El tribunal consideró que existen pruebas suficientes para mantener la imputación, aunque aclaró que la medida no implica una condena anticipada y que la responsabilidad penal deberá determinarse en el juicio oral.
La investigación se centra en un entramado delictivo que habría operado en la localidad chaqueña de Taco Pozo, con la participación de funcionarios públicos, personal de salud y particulares.
Según los fundamentos del fallo, los procesados habrían manipulado el sistema de pensiones para obtener beneficios económicos indebidos, causando un perjuicio al Estado nacional.
DETALLES DE LA INVESTIGACIÓN
La causa judicial se inició a partir de una denuncia que alertaba sobre irregularidades sistemáticas en la tramitación de pensiones por invalidez.
Las pesquisas revelaron la utilización de certificados médicos falsos o sin respaldo clínico, que fueron cargados en el sistema de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Los documentos adulterados eran empleados para justificar condiciones médicas inexistentes y así habilitar el acceso a pensiones no contributivas, destinadas a personas con discapacidad. Esta maniobra permitía que personas sin patologías recibieran un beneficio económico mensual financiado por el Estado.
Entre los principales acusados se encuentra el intendente Carlos Ibáñez, señalado como organizador de la estructura, junto a su hija Gabriela Estefanía Ibáñez Gelabert. Ambos habrían articulado las acciones de otros implicados, entre ellos el médico Marcos Rojas, encargado de cargar los certificados falsos.
PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y PARTICULARES
Además de los Ibáñez y del médico Rojas, fueron procesadas otras seis personas. María Estela Luna, Florencia Carolina Jaimes y Yanina del Valle Maza están acusadas de haber reclutado supuestos beneficiarios a cambio de una contraprestación económica.
A ellas se suman Rocío Valeria Arias, Rodrigo Alfredo Arias y Antonio Celestino Ibáñez, todos empleados municipales que habrían facilitado las gestiones administrativas necesarias para concretar las pensiones fraudulentas.
Según los investigadores, el grupo actuaba de forma organizada, distribuyendo tareas específicas entre sus integrantes, lo que permitió mantener el circuito irregular durante un período prolongado.
Mecanismo fraudulento detectado
El modus operandi detallado en la causa evidencia una estructura delictiva con funciones definidas. Los médicos firmaban certificados sin realizar evaluaciones clínicas reales, mientras que otras personas gestionaban la carga de datos falsos en los sistemas informáticos oficiales.
Los beneficiarios eran reclutados en la comunidad con la promesa de acceder a una pensión sin reunir los requisitos legales. A cambio, debían entregar parte del monto mensual recibido a los intermediarios de la organización.
La participación de funcionarios municipales facilitaba el acceso a datos personales, trámites administrativos y validaciones necesarias para hacer pasar los beneficios como legítimos ante los controles oficiales.
Revocación parcial del procesamiento
La Cámara Federal también resolvió revocar el procesamiento dictado anteriormente contra Miguel Ángel Bilinski, director del hospital de Taco Pozo. El tribunal consideró que no existen pruebas concluyentes sobre su participación en los hechos investigados.
Bilinski, de profesión bioquímico, había sido imputado por refrendar presuntamente certificados médicos irregulares. Sin embargo, las juezas entendieron que su función era estrictamente administrativa y que no intervenía en la validación clínica de los documentos presentados.
En consecuencia, se dejó sin efecto el procesamiento en su contra, aunque se dispuso que continúe la investigación para esclarecer completamente su posible vinculación con la causa.
Impacto institucional
La resolución de la Cámara sienta un precedente en la lucha contra la corrupción administrativa en localidades del interior profundo del país.
El fallo remarcó que el accionar de los imputados afectó a un sistema diseñado para asistir a personas en situación de vulnerabilidad.
Asimismo, las juezas subrayaron que el uso indebido de recursos públicos mediante mecanismos fraudulentos compromete la integridad del sistema de seguridad social y genera desconfianza en la ciudadanía.
El expediente continuará su curso en el fuero federal. En la próxima etapa se espera la producción de nuevas pruebas, la ampliación de declaraciones y, eventualmente, la elevación a juicio oral para definir las responsabilidades penales de los involucrados.
Respuesta de las defensas
Las defensas técnicas de los imputados habían presentado recursos de apelación argumentando supuestas falencias en la valoración de la prueba y falta de fundamentación jurídica en los procesamientos. No obstante, la Cámara rechazó estos planteos por considerarlos infundados.
El tribunal sostuvo que las pruebas recolectadas -documentales, testimoniales e informáticas- resultan suficientes para mantener la imputación formal, sin que ello implique prejuzgar sobre el resultado final del proceso.
Las juezas recordaron que el procesamiento no requiere certeza plena sino la existencia de indicios razonables de participación en un hecho delictivo. Esta medida constituye una etapa intermedia en la investigación penal.
El expediente sigue en manos del Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, donde se analizarán nuevas pruebas y se convocará a testigos claves.
Se espera también que avancen las pericias sobre los certificados médicos y los sistemas informáticos utilizados.