La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó el procesamiento del intendente de Taco Pozo, Carlos Ibáñez, en el marco de una causa judicial por presuntas maniobras fraudulentas en la entrega de pensiones no contributivas por discapacidad.
La investigación judicial apunta a un esquema sistemático de otorgamiento irregular de beneficios sociales en ese municipio del noroeste chaqueño.
Según la causa, en un período de dos años se habrían emitido más de 600 pensiones por invalidez en una localidad con una población estimada de 10 mil habitantes. La Justicia considera que hubo abuso del sistema de asistencia social con fines político-partidarios.
La resolución de la Cámara Federal validó el trabajo del Juzgado de primera instancia que ya había señalado la existencia de una «plataforma de corrupción sistemática» y de una «confusión ética entre lo público y lo privado», en referencia al uso de fondos estatales con fines proselitistas.
El procesamiento también alcanza a funcionarios del entorno del intendente Ibáñez y a intermediarios que, según la acusación, solicitaban contraprestaciones políticas o económicas a cambio del acceso a las pensiones.
POSICIÓN DE LA LIBERTAD AVANZA
El presidente de La Libertad Avanza Chaco, Alfredo Capi Rodríguez, celebró públicamente la decisión judicial y pidió avanzar en el esclarecimiento total del caso. «Es hora de que los corruptos empiecen a pagar», afirmó. Y añadió: «La Argentina solo puede mejorar si quienes usaron al Estado como botín enfrentan las consecuencias».
Rodríguez, quien también se desempeña como titular de la Delegación Regional de la Anses, vinculó el caso de Taco Pozo con prácticas históricas de clientelismo político. «El kirchnerismo nos dejó una estructura podrida, donde se inventaban discapacidades para sumar clientela política», declaró.
El dirigente aseguró que «se acabó el tiempo de las cajas negras y las pensiones truchas», y sostuvo que «la Justicia debe actuar con firmeza procesando a los verdaderos delincuentes del sistema».
En sus declaraciones, Rodríguez también criticó a intendentes «feudales» que, según él, «usan el Estado para enriquecerse y comprar votos». «El procesamiento de Ibáñez demuestra que, tarde o temprano, todo cae. Y cuando cae, cae fuerte», subrayó.
CRÍTICA A LOS USOS POLÍTICOS DE LA ASISTENCIA SOCIAL
Rodríguez remarcó que el caso de Taco Pozo no debe entenderse como un hecho aislado, sino como parte de una lógica más amplia de utilización irregular de recursos públicos. «No es casualidad que en un municipio de 10 mil habitantes se hayan otorgado más de 600 pensiones por invalidez en dos años. Eso no es asistencia, es crimen organizado», denunció.
Además, mencionó que existían denuncias sobre exigencias de «militancia política y pagos en efectivo» a cambio del acceso al beneficio. «Esto no es política, es mafia disfrazada de ayuda social», sostuvo.
El dirigente de La Libertad Avanza pidió que la investigación continúe «hasta las últimas consecuencias», para que no queden impunes los responsables. También envió un mensaje a otros posibles implicados: «El que metió la mano en la lata que se prepare, porque esto recién empieza».
Rodríguez aseguró que desde el gobierno nacional se está impulsando un cambio estructural para terminar con «la impunidad y los privilegios enquistados en la política».
UNA CAUSA QUE
ABRE EL DEBATE
LA TRANSPARENCIA
El procesamiento del intendente Ibáñez y la repercusión política de la causa reactivaron el debate sobre la transparencia en la asignación de planes sociales. La causa judicial se enmarca en un contexto nacional de revisión y auditoría de los programas de asistencia, con foco en posibles intermediaciones ilegales.
El caso de Taco Pozo refleja una preocupación más amplia por el uso partidario de la ayuda estatal, especialmente en comunidades pequeñas donde las redes de poder local pueden actuar sin controles efectivos.
Diversas organizaciones civiles y referentes de derechos humanos han advertido en otras ocasiones sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de auditoría y acceso público a la información sobre los programas sociales.
En este escenario, la continuidad de la investigación judicial y el avance de las sanciones podrían marcar un precedente relevante para otros casos similares en la región y en el país.