Daniel Vera, profesor de música jubilado y empleado de la Obra Social para la Actividad Docente (Osplad), miraba un noticiero en su computadora cuando tocaron la puerta de su casa, en Resistencia.
Al abrir, se encontró con un operativo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, conformado por cuatro uniformados, quienes se trasladaron 1.000 kilómetros solamente para buscarlo, allanarlo y finalmente dejarlo detenido, publicó Página 12 en un informe especial.
La razón: un posteo en su cuenta de la red social Facebook que denunciaba el genocidio en la Franja de Gaza y la complicidad de Javier Milei con la política expansionista del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
Era el mediodía del 2 pasado. Tenían una orden de allanamiento dictada por el Juzgado Criminal y Correccional Federal 4. El hombre (64) leyó el oficio, abrió el portón y permitió que entren. La escena fue tensa y duró largas horas hasta que se hizo de noche.
En las imágenes que se compartieron a la prensa, se lo ve con su barba blanca tupida, sentado, con la cabeza gacha, mientras un policía toma notas en una notebook.
Durante el operativo incautaron cinco armas de aire comprimido, unos cuchillos, dos computadoras, dos discos externos y dos pendrives. Aunque no tenían una orden judicial que los autorice, integrantes de la Policía Caminera del Chaco se sumaron al procedimiento para revisar doce motos que estaban en el garaje de Vera: todas estaban en regla.
Horas más tarde, le colocaron las esposas y lo trasladaron a la Comisaría Tercera de Resistencia, donde permaneció alojado en una habitación administrativa.
Allí durmió dos noches en un sillón de oficina, sin colchón ni abrigo, sin acceso a su medicación (es hipertenso) y, lo más grave, sin saber con certeza por qué estaba detenido. La explicación llegó 48 horas más tarde, el viernes al mediodía, en la audiencia donde le tomaron declaración indagatoria: lo acusan de amenazas de muerte, incitación a la violencia y al odio contra una minoría (coacción, artículo 149 bis del Código Penal e infracción a la Ley 23.592 –contra actos discriminatorios-, artículo 3).
LA INVESTIGACIÓN
La investigación contra Vera comenzó en febrero, a partir de publicaciones que habría hecho en un grupo de Facebook vinculado a la causa Palestina. Estas fueron detectadas mediante tareas de ciberpatrullaje a cargo de la División de Delitos Tecnológicos Complejos de la Policía porteña, que luego encontró mensajes similares en el muro de la cuenta atribuida al jubilado.
A través del usuario Elpidio Sánchez, Vera habría publicado una serie de imágenes en donde se los ve al presidente, Javier Milei; al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu; al diputado, José Luis Espert y a los periodistas Luis Majul, Jonatan Viale y Eduardo Feinmann con un punto rojo en la frente, simulando una mira de francotirador.
En el marco de una serie de publicaciones en donde denuncia el genocidio israelí en la Franja de Gaza, se lo acusa de ser el autor del mensaje «como a ratas hay que cazarlos y eliminarlos» que acompañaba al link de un video que compartió en su presunto usuario.
Era un informe donde se revelaba que algunos soldados israelíes comenzaron a ser acusados de crímenes de guerra en Gaza al viajar al extranjero. La pieza es del canal de YouTube Prensa Alternativa-El Jota y menciona el caso de Yuval Vagdani, un reservista del Ejercito israelí que vacacionaba en Brasil, pero que tuvo que huir del país advertido por una inminente orden de arresto en su contra.
Con una velocidad inusual, en la tarde de ese mismo viernes en que lo indagaron, el juez Ariel Lijo dictó la prisión preventiva y ordenó el traslado de Vera a una cárcel federal. Finalmente quedó alojado en la delegación chaqueña de la Policía Federal, en condiciones relativamente mejores que en la comisaría en la que estaba.
Fue clave la intervención del Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco, organismo que interpuso un hábeas corpus tras lo cual se logró mejorar su situación de arresto.
Durante los primeros días de detención fue representado por la defensora pública oficial, Florencia Plazas. Más tarde, allegados se contactaron con Ignacio Funes Peralta, abogado vinculado al dirigente Juan Grabois, quien asumió su defensa.
Según la prensa
Mientras que en varios medios de prensa locales y nacionales exacerbaban la imagen de peligrosidad de Vera, al punto tal de mencionarlo en los títulos como el «temible jubilado», docentes, gremios y organizaciones sociales locales iniciaron una campaña de recolección de firmas exigiendo su inmediata liberación y desvinculación de la causa.
«Al igual que en los casos similares ocurridos en otras provincias, la situación del ciudadano Daniel Vera está sujeta al arbitrio de la violencia institucional que condena la libertad de expresión y vulnera garantías constitucionales», sostiene la proclama en favor del jubilado.
Tras casi diez días detenido, el viernes 11, Vera pudo regresar a su casa, con la salvedad de que aún no se encuentra en libertad. Si bien la Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones porteña ratificó el rechazo al pedido de excarcelación solicitada por la defensa de Vera, sí accedió otorgarle la prisión domiciliaria.
Los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia impusieron una serie de restricciones adicionales para «garantizar los fines del proceso».
Prohibieron su salida del país, ordenaron la retención del pasaporte y dispusieron la instalación de un sistema de rastreo para controlar su ubicación de forma continua.
Merece vivir en paz
Desde ahora, sólo puede traspasar el portón de su vivienda por razones de emergencia o salud. Su hijo, Julián, es quien está a cargo de hacer las compras de alimentos, remedios y cualquier otro trámite. Es muy probable que se presente el pedido para que se le autorice salidas para concurrir a su lugar de trabajo en la obra social, mientras se insistirá en su excarcelación.
Lo último de la causa se conoció esta semana, cuando a Vera le llegó la confirmación de su procesamiento con prisión preventiva y también que Eduardo Feinmann se presentó como querellante particular.
El hecho motivó una denuncia de la División Custodia Presidencial, que derivó en el allanamiento del domicilio del acusado, en la localidad bonaerense de González Catán.
En el lugar, solo se secuestraron cuatro pastillas de clonazepam. Fue procesado, aunque sin prisión preventiva, por lo que ordenó su libertad.
Para el magistrado, se trató de un episodio grave. «No fue una amenaza contra un bien jurídico de menor tutela, fue una amenaza de muerte contra el Presidente de la Nación», enfatizó.
Entre las múltiples manifestaciones de repudio y acompañamiento que recibió Vera, sobresalió la del reconocido escritor chaqueño Mariano Quirós «un hombre digno, un vecino de Resistencia que merece vivir en paz».