La decisión de la jueza federal de declararse incompetente generó alarma entre comunidades y organizaciones que denuncian el avance del desmonte ilegal en el Chaco. Advierten que la causa podría desarmarse y exigen que la Cámara Federal mantenga la investigación unificada.
Organizaciones sociales y ambientales del Chaco alertan que la causa contra una presunta red de desmontes ilegales podría fragmentarse y quedar en manos de la justicia provincial. Reclaman que la Cámara Federal mantenga la competencia.
La jueza federal Zunilda Niremperger se declaró de oficio “incompetente” en la causa que investiga una presunta organización delictiva vinculada a desmontes ilegales en territorio chaqueño. La decisión generó preocupación entre referentes sociales, comunidades indígenas, campesinas y agrupaciones ambientalistas, quienes advirtieron que la medida podría derivar en la fragmentación de la causa y su traspaso a juzgados provinciales.
El expediente, que había avanzado en la recolección de pruebas sobre desmontes prohibidos en zonas protegidas, involucra a empresarios, funcionarios públicos y actores judiciales. Las organizaciones que impulsan la denuncia sostienen que la competencia federal es clave para asegurar la independencia del proceso y evitar interferencias externas.
“La causa tiene un alcance que excede lo provincial: está en juego el cumplimiento de leyes nacionales como la Ley de Bosques y el derecho de las comunidades a vivir en sus territorios. Si se traslada a la justicia ordinaria, hay riesgo de que se diluya o se archive”, indicaron desde uno de los espacios que presentó la denuncia original.
Ahora, será la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia la que deberá decidir si confirma o revoca la decisión de Niremperger. Mientras tanto, distintos sectores lanzaron una campaña pública para respaldar la continuidad de la investigación en el fuero federal.
La causa cuenta con el respaldo de comunidades del interior chaqueño, movimientos ambientalistas y organizaciones de derechos humanos de alcance nacional. Desde estos espacios exigen no solo que se garantice la investigación judicial, sino también que se sancione a los responsables y se avance en la reparación ambiental de las zonas afectadas por desmontes ilegales.
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