Mientras que por un lado Greenpeace alertó que la deforestación ilegal en Santiago del Estero y el Chaco alcanzó las 31 mil hectáreas durante el primer semestre de 2025, organizaciones como la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y Somos Monte concentran esfuerzos para evitar que se diluya la megacausa judicial que investiga a la llamada Mafia del Desmonte.
Ambos frentes coinciden en una misma exigencia: la penalización efectiva de la destrucción del bosque nativo y el freno urgente al avance de desmontes ilegales que amenazan el equilibrio ambiental, el hábitat de especies y los derechos de comunidades indígenas y campesinas.
Greenpeace lanzó una nueva campaña de recolección de firmas en votaporlosbosques.org, que ya superó las 267.000 adhesiones, el colectivo de abogados presentó documentos ante la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia para evitar que la causa quede en manos de la justicia provincial, lo que –denuncian- favorecería la impunidad.
Según explicaron desde las organizaciones «de manera intempestiva, la jueza a cargo Zunilda Niremperger se declaró de oficio incompetente ignorando las pruebas que demuestran la competencia federal. Esto amenaza con fragmentar la causa y permitir que la investigación sea olvidada en múltiples jurisdicciones locales, facilitando la impunidad de los criminales».
Es por esto que junto al colectivo Somos Monte impulsan una nueva junta de firmas para exigir que la Justicia Federal mantenga su competencia sobre la causa FRE 3086/2024 y que se frene de forma inmediata la destrucción del monte chaqueño.
«La presión de la mafia del desmonte no se limita a los territorios: también opera en los despachos judiciales. Por eso necesitamos que la ciudadanía tome partido», señalaron desde la organización.
«Detrás de esta maniobra hay algo más grave: la Mafia del Desmonte está presionando a la justicia federal. Ya lo hizo con la jueza de primera instancia. Ahora esperamos que la Cámara de Apelaciones de Resistencia resista honorablemente esa presión y resuelva conforme a derecho, sosteniendo la competencia federal para investigar esta red criminal», sostuvieron.
En este sentido advirtieron: «Si se pierde la competencia federal, la Mafia del Desmonte gana impunidad: avanzan los desmontes ilegales, se multiplican los permisos truchos, se violan prohibiciones y se profundiza el desplazamiento de comunidades indígenas y campesinas.
Por esto exigieron que la Cámara Federal de Resistencia revoque la declaración de incompetencia arbitraria y mantenga la competencia federal.
La petición puede firmarse desde el siguiente enlace: https://forms.gle/ALZ1UQdM6K75QwSL8.
Un semestre devastador
Greenpeace informó que, entre enero y junio pasados, se arrasaron 22.315 hectáreas en Santiago del Estero y 8.685 en el Chaco, en violación a la Ley Nacional de Bosques. La superficie total desmontada equivale a una vez y media el tamaño de Buenos Aires.
«El sistema de multas económicas no alcanza para frenar los desmontes: cuando son bajas, los empresarios agropecuarios las incluyen como parte de sus costos de producción; y cuando son altas, contratan abogados para no pagarlas», explicó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Giardini remarcó que existe una responsabilidad directa de las autoridades provinciales. En el caso de Santiago del Estero, señaló que se autorizan desmontes para actividades ganaderas en zonas protegidas, mientras que en Chaco -a pesar de un fallo judicial que suspendió las actividades de desmonte- no se ejercen los controles necesarios.
«La deforestación es un ecocidio que provoca desaparición de especies, cambio climático, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de pueblos originarios y pérdida de alimentos y medicinas. Debemos acabar con la impunidad, penalizando la destrucción de nuestros bosques», sostuvo Giardini.
la Mafia del Desmonte
Desde mayo de 2024, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (AAdeAA-CAJE) impulsan la causa penal FRE 3086/2024, considerada la denuncia más significativa presentada en la historia del Chaco contra los desmontes ilegales.
El expediente apunta a desarticular una red criminal que vincula a empresarios agroindustriales, tanineras, funcionarios públicos y operadores judiciales, bajo la figura de una «mafia del desmonte» que opera con impunidad sobre el monte chaqueño.
El informe judicial presentado por AAdeAA-CAJE incluye una investigación sobre el circuito económico del tanino, un insumo derivado del quebracho colorado que se extrae de zonas desmontadas ilegalmente. Las principales empresas señaladas son Indunor S.A. y Unitán Saica, ambas con plantas en el Chaco y Formosa.
Estos extractos se exportan a más de 50 países y son utilizados en industrias del cuero, calzado, alimentos y curtiembres.
La cadena global de comercialización conecta los desmontes en el Impenetrable chaqueño con fábricas de automóviles de lujo. Entre los compradores aparecen curtiembres que están vinculadas a marcas de lujo: Mercedes-Benz, Audi, BMW, Jeep, Toyota, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugeot, Citroën, Land Rover, Mini, Renault, Seat, Skoda, Volkswagen, Volvo, Chevrolet, Ram Trucks, GMC.
Entre las marcas de calzado e indumentaria figuran las marcas Ecco, 5.11, Ariat, Wolverine, Consuela, Tandy Leather Factory. Tanto las automotrices como las marcas de ropa, son beneficiadas del desmonte ilegal recibiendo el tanino chaqueño a través de intermediarios industriales como Bay Tanneries (Bangladesh), Shivam Chemicals (India), Tannin Corporation (EEUU), y curtiembres certificadas como Dezhou Xinghao Leather Industry o Industria de Peles Minuano.
Las tanineras tienen una compleja estructura societaria. Indunor forma parte del grupo italiano Silvateam, con filiales en América Latina, China y Europa. Según la información recopilada en bases comerciales globales, Silvateam canaliza exportaciones entre filiales, triangula desde Perú y oculta compradores: más del 69% de los envíos de Indunor en 2024 no tiene destino declarado en el registro.
Unitán, por su parte, opera a través de intermediarios en EEUU, India y China, vinculados con industrias del cuero, curtiembres y multinacionales alimentarias.
«Mientras la sociedad chaqueña se queda sin monte, mientras comunidades indígenas y campesinas pierden agua, salud y territorio, los extractos del quebracho colorado llegan a fábricas de autos, curtiembres y a mercados de lujo.
El modelo extractivo que arrasa el Chaco se sostiene con blindaje político, negocios en paraísos fiscales, y ahora también, intentos de desactivar la justicia», advirtieron.
reforma penal ambiental
Las organizaciones remarcaron que Argentina continúa manteniendo altos índices de deforestación a pesar del compromiso asumido en 2021 en la Cumbre Climática de Glasgow para alcanzar la Deforestación Cero en 2030. La falta de sanciones penales, los controles débiles y la connivencia política explican el incumplimiento de esa meta.
«Desarmar la Mafia del Desmonte es una responsabilidad con el monte y con el pueblo chaqueño», señalaron desde AAdeAA-CAJE. Por eso, además del pedido judicial, exigen:
-El freno inmediato al desmonte ilegal en todo el territorio chaqueño.
-La sanción penal de los responsables, tanto empresarios como funcionarios públicos.
-El cumplimiento efectivo de las medidas cautelares ambientales.
-La remediación de los daños ecológicos causados por la destrucción del bosque nativo.
Un llamado a la acción colectiva
Desde Greenpeace, AAdeAA-CAJE, Somos Monte y otras organizaciones sociales, ambientales y académicas de todo el país, se intensificó la campaña para sumar firmas y sostener la causa penal en el fuero federal.
El objetivo es impedir que el modelo de saqueo continúe avanzando sin consecuencias. «Esta causa tiene apoyo social amplio y es un caso testigo. No podemos permitir que se desmantele desde dentro del sistema judicial», sostuvieron desde el Colectivo de Justicia Ecosocial.
Puerto Tirol, epicentro del acopio de árboles talados, se convirtió en símbolo del ecocidio chaqueño. Miles de quebrachos se apilan al costado de las plantas tanineras, mientras el resto del país apenas toma conciencia de que los desmontes no solo matan árboles: destruyen culturas, vidas y futuros.