El exsecretario penal del Juzgado Federal N°1 de Corrientes, el chaqueño Pablo Molina, fue condenado a cuatro años de cárcel por el delito de abuso de autoridad: cuando se desempeñaba como secretario de dicho juzgado, en el contexto de una investigación por narcotráfico, el funcionario ordenó intervenir líneas telefónicas y finalmente se determinó que lo que buscaba era espiar a su esposa y a un presunto amante.
El veredicto fue dictado por el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corriente, que además inhabilitó a Molina a ejercer cargos públicos por un lapso de ocho años.
“Este es un caso más de este funcionario, que está vinculado también a recibir coimas de los narcotraficantes para liberarlos”, indicó el fiscal general de Corrientes, Carlos Schaefer.
Y definió: “Obviamente, este es un caso inédito porque lo que hizo esta persona fue agregar dos teléfonos más a una investigación de narcotraficantes, pero que era para escuchar a su mujer y a otra persona. Es un caso histórico para nosotros”.
Previamente, Schaefer, junto al fiscal coadyuvante de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Martín Uriona, solicitaron al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes que Pablo Carlos Molina sea condenado a cinco años de prisión.
Los fiscales también habían pedido la inhabilitación absoluta y especial por el doble del tiempo de la pena. El proceso judicial había comenzado el 13 de junio. El tribunal a cargo del caso estuvo integrado por los jueces Juan Manuel Moreira, Fabián Cardozo y Jorge Gallino. En tanto, la defensa de Molina, durante su alegato presentado en la última audiencia, había solicitado su absolución.
LOS HECHOS
La acusación formal contra Molina sostiene que el 11 de septiembre de 2014, en su calidad de secretario a cargo de la Secretaría Penal N°2 del Juzgado Federal N°1 de Corrientes, confeccionó y firmó un oficio judicial. Este documento contaba también con la rúbrica del entonces juez federal Carlos Soto Dávila. En el mismo se informaba, de manera falsa, a la Dirección de Observaciones Judiciales de Zona Corrientes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) que existía una orden de intervención telefónica sobre dos líneas vinculadas, supuestamente, a una pesquisa por narcotráfico.
Según la investigación, las líneas intervenidas correspondían a la esposa de Molina y a un allegado de ella, a quienes el exsecretario sospechaba de mantener una relación afectiva. La fiscalía estableció que esta maniobra encubría un uso indebido de su función pública, al utilizar recursos del Estado para resolver una situación personal.
Por estos puntos es que Schaefer determinó que actualmente también están pidiendo el procesamiento de Soto Ávila por encabezar una asociación ilícita.
El caso se descubrió en marzo de 2019, cuando personal judicial que realizaba un relevamiento encontró 28 discos compactos con grabaciones resultantes de las escuchas ilegales efectuadas entre el 18 de septiembre y el 1 de octubre de 2014. En muchas de las comunicaciones, aparece el propio Molina manteniendo conversaciones con su pareja en las que emitía insultos y amenazas. Debido a estos hechos, el tribunal que lleva adelante la causa principal se declaró incompetente en relación con los delitos de amenazas y remitió las actuaciones a la justicia provincial de Chaco, lugar de residencia de la víctima y de Molina, para su investigación específica.