Resistencia comenzó un proceso de regulación de las plataformas de transporte como Uber y Didi, que hasta ahora operaron sin normas locales que rijan su funcionamiento.
El anuncio lo realizó el jueves pasado el subsecretario de Tránsito y Transporte, Luis Sardi, quien explicó que el objetivo central es establecer condiciones equitativas entre todos los prestadores del servicio de transporte urbano.
«La idea es que todos los servicios privados, pero de uso público, tengan las mismas condiciones para evitar la competencia desleal», afirmó Sardi.
El proyecto en elaboración exigirá que los conductores de aplicaciones cuenten con habilitación municipal previa para poder operar legalmente en la ciudad y su área metropolitana.
El funcionario destacó que la iniciativa responde a un pedido reiterado de taxistas y remiseros, quienes vienen denunciando un trato desigual frente a un modelo que creció amparado en la falta de regulación. «El objetivo es que no se generen diferencias con el resto de los trabajadores que prestan el mismo servicio y que cumplen con los requisitos municipales», subrayó.
Según datos de la Subsecretaría de Tránsito, en la capital chaqueña hay actualmente 364 taxis habilitados y 123 remises.
Sin embargo, la aparición de plataformas digitales desdibujó las líneas tradicionales del transporte urbano, generando malestar en sectores que consideran que se vulnera la competencia leal.
A su vez se estima que en Resistencia, Uber cuenta con alrededor de 300 vehículos habilitados. Además, algunos conductores pueden optar por prestar servicios en otras plataformas.
pedido de
los choferes
El presidente del Concejo Municipal de Resistencia, Alejandro Aradas, confirmó que la demanda de regulación provino de los propios trabajadores del transporte tradicional. «La regulación de Uber es un pedido de remises y radiotaxis», remarcó.
El edil recordó que cualquier modificación al Código de Tránsito requiere un procedimiento legislativo de doble lectura y la realización de una audiencia pública.
Desde el Concejo recibieron diferentes propuestas, algunas elaboradas por bloques políticos y otras desde el Ejecutivo, que apuntan a una normativa integral que contemple los nuevos escenarios de movilidad sin desatender la seguridad, la recaudación local y la igualdad de condiciones.
Mientras tanto, el debate ya se instaló con fuerza entre los protagonistas del conflicto: los conductores habilitados y quienes operan desde las plataformas.
«Estas aplicaciones ilegales extranjeras vinieron a quitarnos nuestra fuente de trabajo, utilizando vehículos que no cumplen con los requisitos que se exigen para el transporte legal de pasajeros», denunció Gabriel Ughelli, secretario general del Sindicato de Peones de Taxis. Entre los requisitos mencionó seguros específicos para pasajeros, revisión técnica anual y controles periódicos.
No obstante, se estima que más del 90% de los conductores de taxis y remises también utilizan plataformas como Uber para poder sostener sus ingresos. «Lo hacemos por necesidad. Si no, no recaudamos. La gente se fue a esas aplicaciones», admitieron.
Las plataformas contaron con una rápida aceptación de la comunidad que ya las ha incorporado como un medio de transporte habitual.
«La crisis del sector tradicional de transporte se agravó tras la pandemia. Antes de 2020 había alrededor de 2.500 vehículos habilitados. Hoy quedan apenas unos 700 activos. La mayoría de los choferes tiene más de 40 años y pocas alternativas laborales. Las quejas también apuntaron a Uber Moto, un servicio que, según los gremialistas, pone en riesgo la vida de los pasajeros. «Quien viaja en una moto Uber está completamente desprotegido en caso de accidente. Están a la buena de Dios», alertaron.
Los gremios señalaron que las apps no exigen certificados de residencia ni de buena conducta, y que se quedan con hasta el 30% del costo de cada viaje. «Un trayecto que vale $3 mil deja $1.000 para la aplicación, y ese dinero no se cobra al instante sino a la semana siguiente», afirmaron.
Ughelli detalló que para que un chofer pueda empezar a ganar dinero debe cubrir gastos diarios de entre $40 mil y $50 mil, considerando alquiler del vehículo, combustible y mantenimiento. «Hay que trabajar entre 10 y 18 horas al día para que los números cierren. Es una batalla desigual», advirtió.
«En la provincia existen aplicaciones que brindan los mismos servicios que Uber, pero no tenemos la capacidad de difusión que tienen esas empresas extranjeras. Nuestra promoción se limita al boca a boca o alguna radio local», reconoció Ughelli.
En cuanto a los medios de pago, sostuvo que están intentando avanzar con el uso de transferencias y Mercado Pago, pero que el bajo nivel de recaudación no les permite afrontar un monotributo de $40 mil.
La discusión sobre la regulación de las apps de transporte en Resistencia apenas comenzó. La ciudad se suma a un debate nacional sobre la convivencia entre modelos tradicionales y nuevas tecnologías en el transporte urbano.
En el horizonte, la necesidad de garantizar condiciones de seguridad, equidad y transparencia para todos los actores involucrados.