La ministra de Educación, Sofía Naidenoff, anunció que el proceso de regularización de las escuelas de gestión social en la provincia continúa y culminará en diciembre. Destacó los avances logrados en la normalización de algunas instituciones, el acompañamiento estatal y la exigencia legal de contar con docentes titulados. Subrayó que el objetivo es responder a una demanda de la sociedad garantizando educación de calidad y transparencia en el sistema.
La ministra de Educación, Sofía Naidenoff, brindó declaraciones en torno a la situación de las escuelas de gestión social, haciendo énfasis en el proceso de normalización que está en marcha en la provincia. Durante su exposición, abordó la situación específica de una institución conocida como «Emerecía», que había sido cuestionada por irregularidades en su conducción y estructura académica.
Según explicó la funcionaria, dicha escuela fue intervenida por el equipo encabezado por el profesor Magio, logrando normalizar su funcionamiento. «Está trabajando, normalizó la situación del momento que el director y su planta tienen profesores y docentes con título», afirmó Naidenoff. No obstante, aclaró que el profesorado de Educación Física en esa institución no continuará, ya que no cumplía con los requisitos mínimos exigidos por la normativa vigente, como la cantidad de alumnos necesarios y el personal docente habilitado.
La ministra también remarcó que se está trabajando con las escuelas de gestión social para que tomen conciencia de la necesidad de ordenar su funcionamiento. En ese sentido, recordó que la ley establece un plazo de dos años para que estas instituciones se adecúen a los estándares exigidos por el sistema educativo formal, y que dicho período culmina en diciembre de este año.
EXIGENCIAS LEGALES Y ROL DEL ESTADO
Durante su intervención, Naidenoff destacó que el Ministerio de Educación ha estado cumpliendo con lo que establece la Ley de Escuelas de Gestión Social, la cual otorga un plazo para la adecuación de estas instituciones. «La ley dice claramente que tenemos que darles dos años de tiempo para que se ordenen. Ese tiempo termina en diciembre», explicó.
Actualmente, existen 19 escuelas de gestión social bajo evaluación. La ministra indicó que el contacto con sus directores es permanente y que el trabajo se realiza escuela por escuela. «Estamos trabajando con todos los miembros del equipo para dar el tiempo de decir pongamos las cosas en orden», sostuvo.
La funcionaria fue clara al afirmar que el objetivo no es sancionar, sino garantizar el derecho a una educación de calidad y transparente para todos los estudiantes. «Nos debemos a la sociedad, nos debemos a los papás», manifestó, subrayando la necesidad de una educación con docentes titulados y contenidos que prioricen la lectoescritura y la comprensión lectora.
Al referirse a las observaciones realizadas, Naidenoff aseguró que muchas escuelas están trabajando correctamente y cuentan con matrículas elevadas. No obstante, también advirtió que el plazo establecido es inamovible y que aquellas instituciones que no se adecuen, deberán afrontar las consecuencias que determine la normativa vigente.
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y COMPROMISO EDUCATIVO
En un llamado a la reflexión, la ministra apeló a la responsabilidad de las escuelas de gestión social. «Necesitan mirar la escuela, necesitan poner en orden sus declaraciones juradas», afirmó. Insistió en que el Ministerio ha brindado todas las herramientas necesarias para facilitar el proceso de adecuación, pero enfatizó que «quien necesita trabajar por respeto al docente, son docentes con título, porque así lo exige la norma».
A lo largo de su intervención, la titular de la cartera educativa reiteró que este proceso responde a una demanda de la sociedad. «Frente a la sociedad que nos estaba pidiendo respuesta y frente a los docentes, les estamos diciendo que estamos trabajando», expresó. El objetivo, recalcó, es que los estudiantes reciban clases en condiciones similares a cualquier otra escuela del sistema formal.
La normalización, según explicó Naidenoff, no solo beneficia a los estudiantes sino también a los docentes que cumplen con los requisitos legales y esperan por el reconocimiento y la estabilidad laboral correspondiente. «Todo esto viene en beneficio del docente», sostuvo.
Asimismo, aseguró que desde el Ministerio acompañarán a las instituciones que muestren voluntad de ordenar su situación. La disposición del Estado, aclaró, no es punitiva sino regulatoria, con la intención de mejorar el sistema educativo y garantizar igualdad de oportunidades.