La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) resolvió que la diputada provincial María Pía Chiacchio Cavana no incurrió en conflictos de intereses durante su desempeño como ministra de Desarrollo Social, cargo que ocupó entre 2019 y 2023.
El organismo de control interno determinó que no se detectaron irregularidades administrativas en su paso por el Ejecutivo provincial.
La decisión fue adoptada en el marco de una investigación abierta a fines de 2023, a partir de una denuncia presentada por legisladores del oficialismo.
La acusación señalaba que Cavana habría incumplido la Ley de Ética y Transparencia Pública y que existía un «flagrante conflicto de intereses» por supuestamente presidir una fundación que recibía fondos estatales.
Tras el análisis de la documentación y las declaraciones reunidas, la FIA dispuso archivar la causa mediante la Resolución 2029/25, concluyendo que no hubo conductas incompatibles con la función pública.
DECLARACIONES
DE LA LEGISLADORA
Al conocerse la decisión, Cavana manifestó en redes sociales: «Quisieron tapar la inacción con shows armados, falsas denuncias, ataques mediáticos y la obsesión de creer que judicializar la política es gobernar».
Agregó que la resolución es una muestra de que «todavía quedan rincones del Estado donde el criterio, la objetividad, la imparcialidad y la independencia pesan de verdad».
En un nuevo mensaje, reiteró: «Por más ruido mediático que quieran montar, la verdad siempre logra abrirse paso».
También expresó que aún existen «lugares donde, aunque sea por un rato, se logra frenar la degradación, el odio y la manipulación que hoy es moneda corriente desde el oficialismo».
La legisladora publicó en su cuenta de Instagram la resolución completa de la FIA para libre acceso de la ciudadanía.
DETALLES
DE LA DENUNCIA
La denuncia fue presentada por un grupo de diez diputados del oficialismo: Sebastián Lazzarini, Dorys Arkwright, Rodrigo Pavón, Maida With, Zulma Galeano, Carlos Salom, Iván Gyoker, Samuel Vargas, Francisco Romero Castelán y Zulema Wannesson.
En el escrito, sostenían que Cavana presidía la Fundación Paulo Freire mientras ocupaba el Ministerio de Desarrollo Social.
Se afirmaba además que esa organización habría recibido beneficios económicos o programáticos desde la cartera a su cargo.
El planteo incluía referencias a un supuesto incumplimiento de la Ley de Ética y Transparencia Pública.
Los legisladores solicitaban que se evaluara una posible incompatibilidad en el ejercicio de funciones.
Resultados de la investigación
La FIA comprobó que, al momento de asumir como ministra, Cavana no presidía ninguna fundación.
Determinó que sus ingresos provenían exclusivamente de su salario como funcionaria provincial.
También constató que la Fundación Paulo Freire no recibió fondos, beneficios ni programas específicos del Ministerio de Desarrollo Social durante su gestión.
En cambio, la relación institucional de esa entidad se mantiene desde 2012 con el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, en el marco de convenios vigentes en distintas gestiones.
Oficios remitidos por el Ministerio de Desarrollo Humano, la Secretaría General de Gobernación y la Inspección de Personas Jurídicas —todos conducidos por autoridades del oficialismo— confirmaron la inexistencia de transferencias o beneficios.
Colaboración
de la diputada
Cavana se presentó de manera espontánea para responder la denuncia.
Aportó documentación respaldatoria, incluyendo declaraciones juradas, registros impositivos y bancarios.
También ofreció testigos y solicitó que cada dato fuera corroborado por los organismos estatales competentes.
Según el dictamen, esta conducta permitió «el análisis integral de la situación con elementos objetivos».
El informe final destacó la cooperación de la legisladora en todas las etapas del proceso.
Cierre y efectos
de la resolución
En su resolución, el fiscal general precisó que «no se advierte una situación de conflicto de intereses» y que no existieron intereses personales que influyeran indebidamente en sus funciones.
El archivo definitivo implica el cierre formal de la causa, sin posibilidad de reapertura sobre los mismos hechos.
Para Cavana, la decisión es una «ratificación de que la verdad se impone más allá de las operaciones mediáticas».