La Cámara de Diputados del Chaco culminó el proceso de selección para la renovación del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes para el período 2025-2029.
Tras un riguroso concurso público de antecedentes y oposición realizado por un Tribunal Ac Hoc, se designó como miembros titulares a Darío Edgardo Gómez; Romina Duarte; Roberto Claudio Luis Sotelo; Santiago Augusto Osuna; y Mónica Charole (representante de Pueblos Originarios), junto a tres suplentes para el mismo período.
El proceso incluyó evaluaciones técnicas, entrevistas, impugnaciones y análisis de planes de gestión a 51 postulantes, garantizando representatividad regional, de género y de pueblos originarios.
Tras esto, el Tribunal elaboró el orden de mérito y designó además, a los miembros suplentes Mónica Noemí Caballero – Representante de Pueblos Originarios; María José Bogado; y Maximiliano Santiago Almirón.
EL PROCESO
El procedimiento, en cumplimiento de la Ley 3264-B, fue conducido por el Tribunal Ad Hoc integrado por las diputadas provinciales, Zulma Galeano y María Pía Chiacchio Cavana; Macarena Hofmann Fernández, del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels); Luciano Hazán, en representación de la Defensoría General de la Nación; el especialista en DDHH, Enrique Font; Hugo Maldonado, por la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros del Chaco; Juan Manuel Irrazabal por el Comité Nacional de Prevención de la Tortura; y el equipo técnico de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Durante el concurso se recibieron adhesiones e impugnaciones, algunas de las cuales fueron aceptadas y otras rechazadas tras entrevistas y análisis documentales.
Las evaluaciones incluyeron la valoración de formación académica, experiencia profesional, trayectoria en derechos humanos y la presentación de un Plan Estratégico de Gestión, además de entrevistas personales y defensa oral de propuestas.
Sobre el comité
El Comité Provincial de Prevención de la Tortura del Chaco es un organismo público, autárquico y autónomo creado por la Ley Provincial 3264-B (antes Ley L.1798-B).
Su misión principal es prevenir y erradicar la tortura, así como otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, garantizando que las personas privadas de su libertad gocen del pleno respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales.
Entre sus tareas centrales se encuentra la realización de visitas y monitoreos en cárceles, comisarías, institutos de menores y todo tipo de establecimientos de detención. Estas inspecciones pueden realizarse sin previo aviso y con acceso irrestricto, lo que permite registrar de manera directa las condiciones de encierro.
A partir de esos relevamientos, el Comité elabora informes que contienen observaciones, recomendaciones y, cuando corresponde, denuncias ante las autoridades competentes. Su objetivo no es solo señalar problemas, sino también generar propuestas para mejorar la situación de las personas detenidas y abrir espacios de diálogo con las instituciones responsables.
Además de los monitoreos, el Comité lleva adelante acciones judiciales mediante querellas y presentaciones de habeas corpus colectivos o correctivos, que buscan garantizar la libertad cuando es amenazada de forma ilegal o mejorar las condiciones de detención en casos de hacinamiento o tratos degradantes.
En este marco, ha intervenido en causas resonantes vinculadas con muertes dudosas bajo custodia, violencia institucional e incendios en centros de detención.
La labor del Comité se complementa con la promoción de políticas públicas y reformas institucionales, el dictado de charlas y capacitaciones para fuerzas de seguridad y personal penitenciario, y la participación en mesas de diálogo interinstitucionales.
Desde 2016, impulsa la Mesa de Diálogo Interpoderes para abordar de manera estructural la problemática del hacinamiento en comisarías y cárceles de la provincia, logrando acuerdos entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, la Jefatura de Policía y el Servicio Penitenciario.
El Comité también cuenta con un Consejo Consultivo de carácter interinstitucional y comunitario, que funciona como órgano permanente de asesoramiento y debate. En él confluyen representantes de los tres poderes del Estado, organizaciones sociales, organismos de derechos humanos y delegados elegidos por las propias personas privadas de libertad.
Este espacio busca visibilizar y analizar fenómenos de violencia institucional, aportar experiencias territoriales y construir propuestas para desnaturalizar las prácticas violentas.
La creación del Comité del Chaco se convirtió en un hecho pionero en Argentina y América Latina, ya que fue el primero de este tipo en el país, permitiendo a la provincia dar cumplimiento al Protocolo Facultativo de la Convención Internacional contra la Tortura de Naciones Unidas. Su impulsor fue el abogado y militante de derechos humanos Mario Federico Bosch, quien promovió la iniciativa, presidió el organismo durante dos períodos y dejó como legado una visión centrada en la defensa irrestricta de la dignidad humana y el debido proceso legal.
En síntesis, el Comité Provincial de Prevención de la Tortura del Chaco es una herramienta institucional clave para la defensa de los derechos humanos en contextos de encierro.
A través del control, la denuncia, la propuesta y el diálogo interinstitucional, trabaja para erradicar la violencia institucional y garantizar que ninguna persona detenida sea sometida a tortura o malos tratos.
Nuevos integrantes
Darío Edgardo Gómez: obtuvo el mayor puntaje, se desempeña actualmente como comisionado de este organismo y cuenta con una amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos.
Militante de la Cátedra Libre de Derechos Humanos Carlos Alberto Zamudio, fue secretario ejecutivo del mismo Comité y se desempeñó en el Inadi como trabajador y delegado en dos períodos.
Participó activamente en las campañas por la sanción de las leyes de Matrimonio Igualitario e Identidad de Género, así como en iniciativas vinculadas a la Ley de Salud Mental y la creación del Ministerio Público de la Defensa.
Entre 2010 y 2011 actuó como delegado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en los juicios por crímenes de lesa humanidad de las causas «Margarita Belén» y «Caballero». Además, coordinó la Red por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo en el Chaco, participó en la Campaña contra la Violencia Institucional, consolidando un perfil de fuerte compromiso democrático y social.
Romina Duarte: con un puntaje final de 75.8, Romina Duarte se desempeña actualmente como asesora y querellante en el Comité de Prevención de la Tortura. Entre sus propuestas, enfatizó la necesidad de fortalecer el Mecanismo de Prevención de la Tortura en la vida institucional y comunitaria, además de la implementación de protocolos adaptados a la realidad local.
Roberto Sotelo: su puntaje final fue de 70.4. Con experiencia en el área de litigios del Comité desde 2016 , Sotelo propuso la ampliación del uso de la prisión domiciliaria, el monitoreo constante en comisarías y alcaidías, y el otorgamiento de rango constitucional al Comité para asegurar su autonomía.
Santiago Osuna: con 70.2 puntos, el joven postulante tiene una sólida trayectoria en organizaciones de la sociedad civil y en la agrupación H.I.J.O.S. Su plan de gestión se centra en el monitoreo de lugares de detención, un sistema de registro y análisis de casos, y el fortalecimiento institucional.
Mónica Bashé Charole: perteneciente a los pueblos originarios, obtuvo un puntaje de 68.8. Charole destacó la importancia de asegurar la participación de las comunidades indígenas, la incorporación de intérpretes y traductores, y un enfoque intercultural en el trabajo del Comité.
Mencionó la necesidad de hablar fluidamente las tres lenguas originarias debido a la alta población rural en la provincia que no se expresa en español.