Taco Pozo otra vez es noticia por su comisario Daniel Melchiori, denunciado en varias oportunidades por supuesto abuso de autoridad. Pero ahora parecería que el asunto se le fue de las manos al ser demandado por médicos cordobeses.
No es la primera vez que este oficial de alto rango está en la mira de la gente, aunque siempre tiene la buena fortuna de salir airoso.
La Policía del Chaco informó que en la mañana de ayer, un grupo de médicos voluntarios de la Fundación Todos por Todos (Córdoba) radicó una denuncia contra el jefe de la comisaría de Taco Pozo, comisario principal Daniel Augusto Melchori, por un hecho que habría ocurrido frente al Hotel Oasis de esa localidad.
Ante esta situación, el jefe de Policía, comisario general (R) Fernando Javier Romero, dispuso de inmediato el inicio de actuaciones administrativas.
Posteriormente, el ministro de Seguridad, Hugo Daniel Matkovich, ordenó la intervención del Órgano de Control Institucional (OCI), que desde hoy llevará adelante una investigación interna para establecer las responsabilidades correspondientes en la esfera administrativa.
Es importante remarcar que tanto el Ministerio de Seguridad como la conducción policial sostienen una política de tolerancia cero frente a conductas que se aparten de la normativa y de las leyes vigentes.
De manera paralela, la Fiscalía de Derechos Humanos ya tomó intervención en la causa y avanza con la investigación judicial correspondiente paralelo a la parte administrativa.
EL HECHO
El comisario principal Daniel Augusto Melchiori, jefe de la comisaría de Taco Pozo, protagonizó un escandaloso episodio y fue denunciado de agredir y detener sin argumentos a médicos de la fundación solidaria cordobesa Todo por Todos que llevaba adelante una campaña solidaria en esa ciudad.
Además, les secuestró las camionetas en las que se movilizaban.
Tras varios días brindando atención médica gratuita, los profesionales de la ONG se aprestaban para volver a Córdoba, cuando fueron interceptados por un Toyota Corolla, gris, comandado por un hombre, según dijeron, en estado de ebriedad o bajo los efectos de sustancias estupefacientes, que se presentó como policía y atacó a trompadas a uno de ellos, acusándolo de circular a alta velocidad.
Los médicos acudieron a la comisaría local a denunciar lo ocurrido, y ahí descubrieron que el agresor sería nada menos que el jefe de la Policía local.
El comisario reaccionó aún con mayor agresividad y convocó a todo el personal para detener a los médicos. Y ante cada pedido de explicación su exaltación crecía y a los empujones ordenó a una policía detener a una de las médicas, que permaneció encerrada en una oficina durante 2 horas.
Melchiori, mientras iba y venía por la comisaría, según trascendió, sin saber cómo proceder, ordenó también el secuestro de las camionetas de la caravana médica.
Para muchos arbitrario proceder del jefe policial fue grabado en detalle por los profesionales y los testigos a los que infructuosamente ordenó «bajá el celular».
MEDIDAS URGENTES
El hecho fue puesto en conocimiento del fiscal Marcelo Soto, de Presidencia Roque Sáenz Peña, que dispuso que el caso pase a la órbita de la Fiscalía en lo Penal Especial de Derechos Humanos, que ya inició actuaciones.
Hasta el intendente de la localidad denunció al oficial por supuestos apremios
El comisario Daniel Melchiori fue denunciado el año pasado tanto por sus subordinados hasta por el propio intendente de Taco Pozo, Daniel Ibáñez.
El jefe comunal, en octubre de 2024, presentó ante el Comité de Prevención contra la Tortura su demanda, indicando el desmedido accionar en los procedimientos de detención contra personas de esa ciudad, responsabilizando al comisario.
Se presentó un hábeas corpus en el Juzgado Correccional, a cargo de Carlos De Césare. Se indicaba que una pareja fue agredida por policías de Taco Pozo.
«De acuerdo al escrito, el comisario a cargo de la unidad policial Daniel Melchiori, al igual que sus subalternos, en varios procedimientos incurrieron en el desmedido uso de la fuerza, como así también en privaciones de la libertad de algunos vecinos, sin causas justas», acusó el intendente.
Se hizo mención a actitudes prepotentes y hostiles, que llevaban adelante procedimientos irregulares, como así también detenciones arbitrarias, omisión de actuar de acuerdo con su deber legal, haciendo uso abusivo de la fuerza contra los ciudadanos de Taco Pozo.
Por todas estas razones, los vecinos dejaron de acudir a la comisaría para denunciar algo, «debido a que los efectivos policiales, con la venia y conocimiento del comisario, agredían a las personas que asisten en busca de ayuda, los amenazaban y los recibían a los gritos».
«Además, refirieron a estar protegidos por el poder político y por tal motivo se niegan a cesar en su accionar abusivo», sostuvo Ibáñez.
De los hechos que se denunciaron y que fueron ofrecidos como pruebas hay más de diez personas que sufrieron apremios, entre ellas, un menor de edad (16) y una mujer que fue reducida por el propio jefe policial.
La Cámara Primera en lo Criminal de Sáenz Peña dio curso al hábeas corpus, ordenando a las autoridades policiales y al Gobierno que se arbitren las medidas para cesar con los hostigamientos.
El PJ dice que tiene más de 30 demandas
El Consejo Provincial del Partido Justicialista (PJ) del Chaco ha emitido un enérgico comunicado en el que denuncia una supuesta «política de represión sistemática» por parte de la Policía provincial contra la comunidad de Taco Pozo.
El comunicado se centra en hechos recientes reportados por la Fundación Todo Por Todos, donde una médica voluntaria fue demorada y el jefe policial de la localidad, Daniel Melchiori, habría agredido físicamente a otros voluntarios.
El PJ asegura que estos no son incidentes aislados, sino que forman parte de una serie de «atropellos» que incluyen detenciones arbitrarias, allanamientos sin orden judicial y amenazas de muerte.
Según el partido, se han acumulado más de 30 denuncias contra el funcionario policial sin que las autoridades gubernamentales hayan tomado medidas. El partido asegura que el gobernador, el ministro de Seguridad y el jefe de Policía fueron notificados de la situación en marzo de 2024.
Además, destaca el trabajo del intendente Carlos Ibáñez y su equipo legal, que han estado asistiendo a las víctimas.
Finalmente, el PJ anunció que sus legisladores llevarán adelante acciones institucionales y judiciales para investigar y sancionar a los responsables.
El partido exigió al gobierno provincial que separe a los responsables de sus cargos y que se restablezcan las garantías constitucionales en Taco Pozo y en el resto de la provincia. El comunicado concluyó con las frases: «Nunca más represión como forma de gobierno. Nunca más abuso de poder en democracia».