El oficialismo no logró frenar el debate para tratar la ley de emergencia en discapacidad que fue vetada por el presidente Javier Milei. Un total de 166 diputados votó de modo afirmativo y propició que se abra la discusión para revertir la decisión del jefe de Estado.
“Qué alegría que hayamos podido habilitar… que nadie se mueva porque después de eso depende que lo podamos votar y los familiares están esperándonos para que hagamos realidad esa necesidad”, celebró la diputada Vilma Ripoll, del Frente de Izquierda.
Luego habló Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos), quien consideró que “el sistema de protección por discapacidad está atrapado en una red de normas confusas y una burocracia paralizante con organismos superpuestos”.
“Han pasado cosas gravísimas, como haber pasado de 76.000 beneficiarios a más de 1.000.000; en algunas provincias lo cobra el 8% de la población y en algunas localidades llega al 40%, sin que guerras ni epidemias lo justifiquen. Esto alimenta la sospecha de un uso clientelar y de un nivel significativo de corrupción, que erosiona la confianza pública en el sistema”, apuntó el legislador, quien señaló que la norma en discusión, declarando la emergencia en discapacidad, “es una muy mala propuesta, pero también es muy mala la actitud del Poder Ejecutivo de no proceder a la corrección de los valores de los aranceles para la asistencia”.
Más contundente fue Christian Castillo (Frente de Izquierda): “El que vote en contra de los discapacitados va a recibir el escarnio público en cada una de las localidades del país, porque todo este colectivo está totalmente movilizado. La trascendencia de este voto es mostrar que por una vez en este Congreso se va a escuchar el clamor popular”.
QUÉ SE DEBATE
La primera ley en debate es la emergencia en discapacidad, que prevé un aumento de pensiones y la actualización automática por inflación de las prestaciones profesionales, con un costo estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de entre 0,22% y 0,42% del PBI.
El temario incluye además la suba del 7,2% en jubilaciones y pensiones, junto con un aumento del bono mensual de $70.000 a $110.000, también con actualización por inflación. Estas medidas, calculadas en un gasto equivalente al 0,7% del PBI, fueron vetadas por Milei y dividen el escenario político, con la UCR y los gobernadores como actores decisivos. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuestionó la sesión al señalar que los proyectos carecen de dictamen de comisión y demandan recursos inexistentes, advirtiendo que aprobarlos implicaría forzar al Gobierno a emitir dinero, una política que –afirmó– la administración descartó desde el inicio de su gestión.