El diputado provincial Francisco Romero Castelán, entrevistado por Radio Libertad, planteó una iniciativa legislativa orientada a modificar el marco normativo vigente en materia procesal civil y comercial en la provincia del Chaco.
Según explicó, el proyecto busca introducir cambios en dos normativas: la ley provincial de autoría de Livio Gutiérrez y el Código Procesal Civil y Comercial.
En primer lugar, el legislador señaló que la intención es ajustar la Ley 1827 letra G, que actualmente obliga a los tribunales a oficiar a los organismos públicos antes de dictar sentencia para informar sobre los gastos de primera atención médica.
«La idea es básicamente modificar una ley de autoría de Livio Gutiérrez (…) que obliga a los tribunales a, antes de dictar sentencia, oficiar a los organismos públicos para que digan cuáles son los gastos de primera atención», expresó.
Romero Castelán subrayó que este procedimiento no siempre se cumple, lo que afecta directamente el recupero de los costos por parte del Estado.
Asimismo, recordó que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) emitió una acordada que ordena a los juzgados a cumplir con esta exigencia, aunque en la práctica esto no ocurre de manera sistemática.
El diputado también propuso modificar el artículo 496 de la Ley 2559, letra M, con el objetivo de transformar la documentación en un instrumento de crédito ejecutivo.
De esta manera, se facilitaría a los hospitales o al área de recupero de gastos iniciar directamente un proceso de cobro contra las personas involucradas o sus aseguradoras.
«Se le da un instrumento de crédito ejecutivo como para que desde el mismo nosocomio, la parte de recupero de gastos tenga un instrumento directamente de crédito más pueda ejecutar contra la persona y contra las aseguradoras», explicó el legislador.
RECUPERO DE GASTOS Y ASEGURADORAS
La propuesta busca, en esencia, otorgar mayores herramientas al Estado para garantizar el recupero de los gastos derivados de la atención médica de urgencia. El diputado insistió en que las aseguradoras deben asumir un rol más activo en la cobertura de accidentes.
«El Estado tiene que tener una facilidad para cobrar esto, para cobrarle a las aseguradoras que se están beneficiando», sostuvo.
A su criterio, estas empresas deberían comprometerse a implementar medidas de prevención más sólidas, dado que actualmente la carga financiera recae en gran medida sobre los hospitales públicos.
Romero Castelán afirmó que las aseguradoras deberán «empezar a hacer campañas de prevención en serio», lo que incluiría, por ejemplo, exigir seguros obligatorios al momento de adquirir motocicletas o bicicletas, así como desarrollar campañas de concientización vial en la vía pública.
Para graficar la situación, citó ejemplos de otros países: «Tiene que haber carteles en las calles, como en Asunción, donde decía: ‘Usa casco, un hospital público’». Según expresó, la sociedad debe comprender que los accidentes de tránsito no pueden convertirse en un «negocio» que involucra a estudios jurídicos, aseguradoras y otras prácticas que terminan generando perjuicios al sistema público de salud.
«El recupero de gasto tiene que tener la información de quién se atendió, qué es lo que salió, cuánto salió y si está el dato de la aseguradora, ya pedir la acción o intimar la acción de repetición y, si no, directamente ejecutar vía monitoria», indicó.
MECANISMOS LEGALES Y PROCESO MONITORIO
El diputado explicó que la herramienta procesal que propone se relaciona con el proceso monitorio, mecanismo previsto en el Código Procesal Civil y Comercial, que permite obtener rápidamente una sentencia de ejecución a partir de la presentación de un documento válido.
Detalló que el sistema monitorio, incorporado en 2002, difiere de la ejecución tradicional. Mientras esta última requiere de una serie de pasos y la contestación de la contraparte, el proceso monitorio facilita una sentencia inmediata de cobro.
«Cuando se tiene el documento, se lo presenta en un tribunal y ya sale con una sentencia de cobro y directamente el proceso monitorio establece un tipo muy específico de ejecución», explicó.
Según Romero Castelán, esto permitiría agilizar los tiempos de recuperación de los costos médicos, evitando demoras que actualmente oscilan entre tres meses y un año y medio. «¿Cuánto puede demorar un proceso monitorio? Dependerá del Juzgado. Tardará entre tres meses y un año y medio», indicó.
Falta de cumplimiento y demoras
Romero Castelán advirtió que, en la actualidad, ni siquiera se cumple de manera plena la normativa vigente que obliga a los jueces a solicitar la información sobre los gastos del Estado antes de dictar sentencia. «Hoy no se cumple esta ley provincial. Hay muy pocos jueces que cumplimentan esto», reconoció.
En ese sentido, explicó que la falta de aplicación genera un retraso sistemático en la recuperación de fondos por parte del Estado, lo que repercute en la sostenibilidad de los servicios de salud pública.
«Hoy no demora porque no se hace. Hay muy pocos jueces que cumplimentan esto. Entonces, nosotros tenemos que ayudarnos», manifestó el diputado, al subrayar la necesidad de dar un marco más claro y efectivo para el recupero.
El legislador insistió en que la primera atención médica es la más costosa, por lo que resulta clave establecer un mecanismo que permita recuperar esos gastos de manera rápida y efectiva. «Es la más cara, es la más costosa», señaló.
Desde su perspectiva, avanzar en este proyecto no solo resolvería problemas financieros del sistema de salud, sino que también podría generar un cambio de conducta en las aseguradoras, al obligarlas a destinar mayores recursos a la prevención.
Responsabilidad social y prevención
Romero Castelán hizo hincapié en la necesidad de que tanto los abogados como las aseguradoras asuman su responsabilidad en la reducción de accidentes y en la cobertura de los costos que generan. «Nosotros tenemos que hacernos cargo como sociedad, los abogados tenemos que hacernos cargo, las aseguradoras tenemos que hacernos cargo y hay que empezar a hacer campañas de prevención en serio», enfatizó.
Sostuvo que el proyecto apunta a frenar lo que describió como un «negocio detrás del accidente de tránsito», en el cual distintos actores se benefician mientras el sistema público absorbe los gastos más altos.
En su planteo, subrayó que el Estado debe contar con un dispositivo legal ágil que le permita recuperar de inmediato los fondos invertidos en la atención de víctimas de accidentes.
Al mismo tiempo, consideró que la medida obligará a las aseguradoras a cambiar su estrategia y a enfocarse en campañas preventivas más efectivas.
«Cuando empiecen a cobrar en serio el Estado y cuando empiecen las aseguradoras a perder dinero, van a empezar a moverse, van a empezar a hacer campañas de prevención de accidentes de tránsito», concluyó.
El diputado recalcó que el debate debe darse en el ámbito legislativo y técnico, con la participación de especialistas, para garantizar que la norma cumpla su objetivo de fortalecer el sistema de salud y la responsabilidad social en torno a la seguridad vial.