El diputado nacional del Partido Justicialista, entrevistado por LA VOZ DEL CHACO, analizó en profundidad la reciente decisión del Congreso de la Nación de rechazar el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad. La norma había sido sancionada por el Parlamento, pero vetada posteriormente por el Poder Ejecutivo en uso de las facultades previstas en el artículo 83 de la Constitución Nacional. Frente a esa medida, las Cámaras insistieron con la plena vigencia de la ley, marcando un hecho político e institucional de relevancia.
Según explicó el legislador, este episodio constituye un punto de inflexión en las relaciones de poder entre el Congreso y la Presidencia. «Creo que es un límite muy claro al presidencialismo y a no querer discutir una política para el sector», subrayó. En su visión, el mensaje parlamentario fue contundente: reafirmar la vigencia de las instituciones y garantizar que los derechos de las personas con discapacidad no queden sujetos a la discrecionalidad del Ejecutivo.
Pedrini señaló además que el rechazo al veto obliga al Gobierno nacional a adoptar medidas concretas, entre ellas la actualización de los valores de las prestaciones y la suspensión de las bajas de beneficios que, según indicó, se venían aplicando en forma indiscriminada. El legislador interpretó que este accionar del Congreso no solo protege a un sector particularmente vulnerable de la sociedad, sino que también restablece la centralidad de la política frente a decisiones unilaterales que afectan derechos básicos.
EL USO DE DECRETOS Y SU REVISIÓN
El diputado nacional se refirió también al uso de decretos de necesidad y urgencia por parte del presidente Javier Milei y al rol del Congreso como órgano de control. «El presidente Milei es el que mayor cantidad de decretos tiene rechazados», señaló, recordando que la facultad del Poder Ejecutivo de dictar este tipo de normas excepcionales siempre queda sujeta a la revisión legislativa.
El legislador repasó antecedentes recientes y destacó que desde la reforma constitucional de 1994, que reguló los decretos de necesidad y urgencia, no se había registrado hasta este año un rechazo formal a este tipo de disposiciones. Sin embargo, en 2024, el Congreso rechazó por primera vez un decreto relacionado con una reasignación presupuestaria de 100 mil millones de pesos para áreas de inteligencia. A partir de ese precedente, indicó, ya se acumulan seis decretos rechazados al actual mandatario.
Pedrini interpretó que esta dinámica refleja un clima de tensión creciente entre los poderes del Estado y una resistencia parlamentaria a convalidar decisiones ejecutivas que exceden, en su criterio, los márgenes de lo que establece la Constitución. En su mirada, el Congreso está intentando recuperar espacios de decisión en políticas sensibles, en un contexto de fuerte debate institucional sobre el alcance del presidencialismo en Argentina.
DENUNCIAS EN ANDIS Y
SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN
Pedrini también se refirió a la situación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo que, según denuncias públicas, habría sido utilizado para maniobras irregulares en la contratación y provisión de medicamentos. Pedrini fue categórico al respecto: «Evidentemente estamos ante un caso de corrupción a través de la agencia que se ocupa de personas con discapacidad».
De acuerdo con lo manifestado por el diputado, las sospechas se apoyan en audios atribuidos al exadministrador del organismo, quien habría señalado que se inflaban contratos para beneficiar a proveedores y generar retornos indebidos hacia figuras vinculadas al Gobierno. Según las estimaciones que circulan, el gasto mensual en medicamentos alcanza los 45 millones de dólares, cifra que aumenta la preocupación sobre posibles desvíos y sobre el impacto que estas prácticas tendrían en la calidad de las prestaciones.
«Imagínese, el titular de ANDIS manifiesta que están ocupando su organismo para facturaciones ilegales», afirmó Pedrini, aludiendo a la gravedad de que la denuncia provenga de quien estuvo al frente de la institución. El legislador indicó que esta situación ya derivó en renuncias de funcionarios y en un fuerte repudio social, lo que, en su opinión, representa un golpe político y moral para la administración nacional.
Perspectiva electoral
De cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, Pedrini sostuvo que el peronismo tiene condiciones para competir con solidez en el escenario político. «Creo que el peronismo puede ganar las elecciones por mérito propio, tener mejores candidatos que la oposición», aseguró, con un mensaje que busca mostrar confianza en la capacidad de su espacio para renovar cuadros y sostener un liderazgo electoral.
En ese sentido, destacó la figura de Jorge Capitanich como candidato a senador, a quien calificó como uno de los dirigentes de mayor peso político en el país, y valoró la irrupción de Sergio Dolce, intendente del interior chaqueño, a quien describió como un referente joven con fuerte inserción territorial.
Pedrini sostuvo que la candidatura de Dolce es la prueba de que el peronismo sí cuenta con renovación, desmintiendo, según expresó, las voces que aseguran lo contrario. Para el legislador, la combinación entre experiencia y juventud fortalece la propuesta electoral de su espacio y permite proyectar un horizonte más competitivo de cara a los comicios.
Impacto político
Al reflexionar sobre las posibles consecuencias de estas denuncias, Pedrini sostuvo que el impacto ya se siente en el Gobierno. «Esto va a tener impacto como lo tuvo el caso Ibra», advirtió, en referencia a otro escándalo que había golpeado previamente a la gestión nacional. Explicó que los desplazamientos de funcionarios y la indignación social muestran que los hechos no pasan inadvertidos y generan un costo político real.
El legislador fue más allá al señalar que las irregularidades no se limitarían a la Agencia Nacional de Discapacidad, sino que también existen antecedentes similares en otros organismos sociales. Mencionó como ejemplo lo ocurrido en el PAMI, donde, según sus dichos, se habrían detectado maniobras en las que se pedían retornos económicos a prestadores de servicios médicos.
«Parecería ser que esa es la metodología que se está imponiendo en algunos lugares de Argentina», advirtió, planteando que se trata de una práctica que excede casos aislados y que pone en entredicho la transparencia en el manejo de instituciones clave. Para Pedrini, el riesgo de estas conductas es doble: erosionan la confianza de la ciudadanía en el Estado y deterioran la prestación de servicios esenciales a sectores sociales sensibles.
Economía
Finalmente, el diputado ofreció un análisis económico marcado por la crítica tanto a la gestión nacional como a la provincial. «Están bailando sobre la cubierta del Titanic. Son unos irresponsables tanto a nivel nacional como provincial», lanzó, describiendo con una metáfora la fragilidad de la situación financiera y la falta de medidas de fondo para corregirla.
Pedrini sostuvo que la administración provincial pasó de heredar un superávit a depender de adelantos del Tesoro Nacional para cubrir sueldos y gastos corrientes, lo que, en su criterio, muestra un retroceso preocupante en la gestión fiscal. A nivel nacional, cuestionó el supuesto superávit informado por el Ejecutivo, al afirmar que se trata de una «ficción» que no contabiliza los intereses de la deuda, los cuales aumentan todos los meses en cifras significativas.
En su visión, después de las elecciones es probable que se produzca una devaluación de magnitud, con el consecuente aumento de la inflación y de los precios, situación que golpeará directamente al poder adquisitivo de los ciudadanos. Además, alertó sobre la política monetaria: «La emisión de este año ya llegó al 97% y con estas tasas de interés va a sobrepasar el 100%», aseguró, planteando que la combinación entre emisión, deuda y altas tasas de interés conforma una bomba de tiempo difícil de desactivar.