El procurador general Jorge Canteros defendió con énfasis la creación del Fuero de Narcomenudeo en la provincia, una medida que cumple diez años desde su implementación.
En declaraciones a Radio Libertad, sostuvo que «sin la desfederalización, el Chaco hubiera sido Rosario», al trazar un paralelismo con la crisis de violencia vinculada al narcotráfico que afecta a la ciudad santafesina.
La provincia adhirió en 2015 a la ley nacional que habilita la desfederalización de delitos relacionados con el microtráfico de drogas.
Canteros recordó que «el Chaco fue la cuarta en adherirse a la ley nacional», una decisión que en aquel momento compartían apenas tres provincias. El entonces gobernador impulsó la medida con el objetivo de dar una respuesta rápida a la problemática del narcomenudeo, diferenciada de la competencia federal sobre grandes redes criminales.
El sistema comenzó con una estructura mínima. Según describió el procurador, «solamente hay dos equipos fiscales que tienen asiento en Resistencia y tienen competencia en toda la provincia». A esto se suman un defensor oficial único, a cargo del doctor Milkov, y un Juzgado Especial de Garantías, actualmente bajo la dirección de la jueza Beléncha Presto.
La distribución de causas en el interior fue resuelta por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), que delegó competencias en juzgados de garantías y cámaras de juicio en las restantes circunscripciones.
RELACIÓN CON LA JUSTICIA FEDERAL
La creación del fuero no estuvo exenta de tensiones con la Justicia Federal. Canteros recordó que, en los inicios, «lo que planteaban los jueces federales era que ellos investigaban organizaciones criminales con vinculaciones internacionales» y que la intervención provincial en pequeños expendios podía interferir en investigaciones de mayor envergadura. La causa Carbón Blanco fue citada como ejemplo del alcance de esas redes trasnacionales.
Con el tiempo, el diálogo entre ambas jurisdicciones se afianzó. El procurador explicó que hoy existe una relación fluida con los jueces federales Zunilda Niremperger y Enrique Mianovich, así como con los fiscales Federico Carniel y Patricio Sabadini. «Estamos trabajando bien, yo diría muy bien», afirmó.
En este marco, se estableció un acuerdo de palabra para delimitar competencias: el fuero provincial investiga hasta 2 kilos de marihuana y hasta 1 kilo de cocaína. Superados esos límites, las causas pasan al ámbito federal. Según Canteros, este mecanismo permite evitar superposiciones y garantizar eficacia en el abordaje de cada delito.
CIFRAS Y RESULTADOS
Los datos expuestos por el procurador muestran la magnitud del trabajo realizado. Cada año se registran alrededor de 300 requerimientos de elevación a juicio en causas de narcomenudeo. Asimismo, se llevan adelante aproximadamente 60 allanamientos mensuales en distintos puntos de la provincia.
En lo que va de este año, se secuestraron 180 kilos de marihuana y 26 kilos de cocaína en procedimientos del fuero provincial.
Canteros destacó que la decisión del STJ de crear ayudantes fiscales en todas las circunscripciones permitió ampliar la presencia del Ministerio Público en el interior, garantizando mayor cobertura territorial.
La ministra de Seguridad de la Nación reconoció recientemente que «el Chaco tiene la mayor cantidad de droga secuestrada en relación al número de habitantes de la provincia». Este dato refleja, según el procurador, que el fuero de narcomenudeo ha desempeñado un rol relevante en la lucha contra el microtráfico, con un impacto directo en la prevención de delitos asociados.
Desafíos pendientes
El procurador no soslayó la dificultad que implica la reincidencia en este tipo de delitos. Reconoció que «se cierra un búnker de droga y en menos de un mes se vuelven a abrir dos», lo que refleja la persistencia del problema en los barrios. En su visión, renunciar a la persecución del microtráfico hubiera significado «un desastre» para la provincia.
La saturación carcelaria también fue un desafío. En determinados momentos, un pabellón completo de la Alcaidía de Resistencia estuvo ocupado por personas detenidas por narcomenudeo, con más de cien internos en esa condición.
Para aliviar la situación, se implementó el uso de tobilleras electrónicas y arrestos domiciliarios, supervisados por los fiscales de narcomenudeo en coordinación con el Ministerio de Seguridad provincial.
A modo de balance, Canteros reiteró que la creación del fuero fue fundamental para contener el avance del microtráfico en la provincia.
«Si no se hubiera creado el fuero, el Chaco sería un desastre», subrayó, al poner en valor los resultados alcanzados pese a las limitaciones presupuestarias y la complejidad de la problemática.
Limitaciones presupuestarias
A pesar de los resultados, el funcionamiento del fuero enfrenta importantes limitaciones financieras. Canteros recordó que, en 2015, se había acordado una transferencia de $90 millones por parte de la Nación para sostener la estructura, aunque «nunca llegó un centavo de aporte nacional y hubo que reinventarse y trabajar con los fondos propios del Poder Judicial».
El procurador explicó que «casi el 70% u 80% del presupuesto asignado a las causas judiciales se va en el Fuero del Narcomenudeo sin ningún tipo de recupero». Esto se debe, principalmente, a los elevados costos de reactivos y pruebas de laboratorio necesarias para determinar la composición de las sustancias secuestradas.
Frente a este escenario, la provincia recurrió a la ley de recupero de activos, que permite reasignar vehículos y bienes incautados en causas de narcomenudeo a distintas áreas estatales.
Si bien muchos de estos recursos ingresan a rentas generales del Ejecutivo provincial, el Superior Tribunal conserva la facultad de destinarlos a tareas específicas vinculadas a la lucha contra el delito.