Este martes, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia ratificó el procesamiento de Emerenciano Sena y Marcela Acuña por lavado de activos, tras el rechazo de la apelación presentada por la defensa del matrimonio.
El fallo analizó de manera particular el funcionamiento de la Fundación Doctor Saúl Andrés Acuña, creada y administrada por el propio matrimonio Sena-Acuña. Según el tribunal, a través de esa entidad se canalizaron cuantiosos recursos públicos, que luego habrían sido objeto de maniobras de blanqueo.
Los jueces remarcaron que la fundación trabajaba casi de forma exclusiva con el Estado provincial, registrando un crecimiento exponencial en su facturación: más de $35 millones al Ministerio de Infraestructura y $15 millones al IAFEP en 2022, hasta alcanzar en 2023 más de $186 millones al mismo organismo. Solo en el primer semestre de ese año, las acreditaciones bancarias superaron los $140 millones, la mayoría retirados en efectivo por el propio Sena, lo que impedía rastrear la trazabilidad de los fondos.
El expediente también apunta a la falta de ejecución de programas sociales financiados con dinero público. Según la investigación, la fundación recibió anticipos millonarios para la construcción de 40 viviendas sociales, pero las obras nunca comenzaron. Ese faltante, estimado en más de $62 millones, fue considerado una prueba del presunto fraude a la administración provincial y del desvío de recursos hacia operaciones de lavado.
Otro aspecto resaltado por el fallo es la sobrefacturación en los balances de la fundación, donde los rubros de mano de obra y materiales se incrementaron en un 454% de un ejercicio a otro, mientras que los gastos declarados como “personal de salud” aumentaron en un 477%, sin documentación de respaldo ni trabajadores registrados.
Con estos elementos, la Cámara resolvió por mayoría rechazar los planteos de las defensas y ratificar el auto de procesamiento de Sena y Acuña “en todo lo que fuera materia de impugnación”.
La causa, que investiga la Justicia Federal, considera que los fondos de origen ilícito provendrían de delitos precedentes como corrupción y fraude a la administración pública provincial, que luego habrían sido introducidos en el circuito legal mediante la fundación.