José René Galassi, representante del Colegio de Abogados del Chaco, planteó un análisis crítico sobre el estado actual de la justicia en Argentina y subrayó la urgencia de una reforma tanto del Código Penal como de la ley de juicio por jurado. En declaraciones a radio Facundo Quiroga, sostuvo que la falta de actualización en estas normativas impacta directamente en la sociedad y en quienes recurren al sistema judicial.
«La actualización del Código Penal y de la ley de juicio por jurado es urgente. Los legisladores deben trabajar para modificar lo que no funciona, porque la falta de cambios provoca un daño a la sociedad y a quienes recurren a la justicia», afirmó Galassi.
La resistencia
política a discutir
la imputabilidad
El abogado hizo hincapié en que gran parte de los problemas del sistema penal se vinculan con la falta de decisión política para encarar reformas de fondo. Según explicó, existe un rechazo por parte de los legisladores a abrir el debate por temor al costo político que podría significar.
«Hay una suerte de rechazo en la dirigencia política a asumir el costo de discutir ciertos temas. Uno de ellos es la baja de la edad de imputabilidad. Es un debate que la sociedad debe darse, aunque por sí sola no sea la solución definitiva al problema de la criminalidad juvenil. Pero postergar indefinidamente esa discusión es una forma de evadir responsabilidades», sostuvo.
En ese sentido, Galassi subrayó que la edad de imputabilidad no puede analizarse como una medida aislada, sino dentro de un marco de políticas más amplias que incluyan prevención, formación y capacitación de operadores judiciales y sociales.
Juicio por jurado:
la necesidad de
cambios profundos
Uno de los puntos que más preocupación genera en el ámbito judicial, según Galassi, es la aplicación del juicio por jurado. Si bien destacó el valor democrático de esta figura, cuestionó su alcance actual, sobre todo en delitos que requieren una comprensión técnica más profunda.
«Los delitos contra la integridad sexual no son comprendidos por un jurado popular. La praxis lo ha demostrado: no logran captar el alcance de la norma ni la dimensión de la prueba en estos casos. Por eso, hay que trabajar para que un juez técnico resuelva este tipo de causas y que el jurado intervenga únicamente donde sea pertinente», explicó.
El representante del Colegio de Abogados recordó además el planteo realizado por el doctor Saife hace algunos años, quien propuso que parte del jurado estuviera compuesto por especialistas.
«El doctor Saife proponía que al menos seis de los doce integrantes del jurado fueran abogados, para aportar la mirada técnica que hoy falta. Estoy totalmente de acuerdo con esa idea, porque permitiría un mejor equilibrio entre la participación ciudadana y la necesidad de rigor jurídico», señaló Galassi.
Un debate que
vuelve con el
caso Strzyzowski
El próximo juicio por jurado en la provincia del Chaco, previsto para el 28 de octubre en el marco del caso Cecilia Strzyzowski, vuelve a poner sobre la mesa estas discusiones. Para Galassi, la experiencia será clave y marcará un antecedente en la aplicación de esta herramienta en delitos de fuerte repercusión social.
«La función del jurado popular será fundamental en este proceso. Pero es necesario que la ciudadanía conozca cómo funciona el mecanismo y también que se subrayen los aspectos que deberían modificarse. Los justiciables se merecen saber cómo es el procedimiento», advirtió.
El abogado insistió en que la formación de los actores judiciales y la capacitación ciudadana son imprescindibles para que el sistema gane en legitimidad. «Los abogados, jueces y fiscales deben asumir la responsabilidad de explicar estos mecanismos a la sociedad. Es la única manera de construir confianza y humanizar el servicio de justicia», concluyó.