Los efectivos policiales buscan documentación. La Justicia avanza con la investigación de un caso que generó un enorme revuelo político.
Múltiples allanamientos se realizan en estos momentos en sedes de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y de la droguería Suizo Argentina. El operativo se realizó a raíz de los audios que se filtraron de Diego Spagnuolo, quien habla del pago de coimas.
Ayer, Spagnuolo presentó ante la Justicia Federal el nombre de los dos abogados que llevarán el caso: el ex funcionario designó a Juan Aráoz de la Madrid e Ignacio Rada Schultze como sus representantes legales en la causa que tiene delegada el fiscal federal Franco Picardi. Hasta el momento, se trataría del único involucrado que cuenta con una defensa designada.
Una de las sede allanadas por la Policía de la Ciudad se encuentra en la calle Hipólito Irigoyen, en la zona del Congreso de la Nación. También hay un operativo similar en un edificio que se encuentra en la avenida Rivadavia. Son tres allanamientos en sedes de ANDIS y en la droguería Suizo Argentina.
Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal Sebastián Casanello y los realiza personal del Departamento de Delitos Complejos de la Policía de la Ciudad. El objetivo es dar con documentación de interés para la causa que será secuestrado y puesto en manos de la Justicia.
No es la primera vez que se hacen allanamientos en ANDIS y Suizo Argentina. Lo mismo ocurrió la semana pasada al inicio de la investigación que tiene a cargo el fiscal federal Franco Picardo. También fueron allanadas las viviendas de Spagnuolo, de Emmanuel y Jonathan Kovalivker, hermanos y dueños de la Suizo Argentina, y de Daniel Garbellini, ex director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS.
En todos los procedimientos se secuestraron celulares, computadoras y documentación. Todo información clave para la causa. Sobre los celulares ya se avanzó. El de Spagnulo se pudo abrir y los investigadores encontraron mensajes borrados que se buscarán recuperar. En tanto, el de Emmanuel Kovalivker no se pudo abrir.
Los peritos de la DATIP no pudieron ingresar porque se trata de un aparato Samsung de última tecnología. Los expertos consultaron a la empresa Cellebrite, que es la que brinda el software, para saber si había una actualización para acceder al celular. La respuesta fue que por el momento no tienen una tecnología avanzada que lo permite.
Resta el peritaje sobre el celular de Jonathan que lo entregó apagado y sin dar la clave. Por su parte, Garbellini sí dio la clave de acceso.
Ayer por la tarde Spagnuolo designó abogados en la causa. Aráoz de Lamadrid es un especialista en Derecho Penal de la Empresa, Penal Económico, Penal Aduanero y Penal Tributario. Además, es uno de los socios del estudio de abogados LRAR, según la información provista en el sitio oficial de la firma.
Por su parte, Rada Schultze se especializó en Derecho Penal Tributario y procedimiento tributario, de acuerdo con los datos obtenidos de su perfil en LinkedIn. Incluso, supo tener un vínculo laboral con Aráoz entre noviembre de 2009 y mayo de 2011, cuando se desempeñaba como abogado en Aráoz de Lamadrid & Asociados.
La presentación del ex titular de ANDIS fue después que el presidente Javier Milei -amigo del ex funcionario y quien fue su abogado- se refirió por primera vez al caso públicamente. “Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió”, declaró el mandatario en el marco de la caravana que realizó el miércoles en Lomas de Zamora. Aunque todavía no se ha formalizado ninguna denuncia, fuentes cercanas a la Casa Rosada admitieron a Infobae que el tema estaría en evaluación y aguardaría por pruebas contundentes antes de efectuar una presentación judicial.
Hasta el momento, el Gobierno dispuso una auditoría interna en la Agencia Nacional de Discapacidad, después de que designaran a Alejandro Vilches como interventor del organismo. De esta manera, el funcionario de confianza del ministro de Salud, Mario Lugones, tendrá como objetivo analizar posibles irregularidades detectadas en los procesos de compra y gestión.
Como resultado de la investigación interna, las autoridades identificaron que se realizó un pago con sobreprecio en el marco del programa Incluir Salud, el cual está destinado a la compra y entrega de medicamentos para las personas que no cuentan con cobertura médica o con pensiones no contributivas.
Fuente: Infobae