La Jefatura de la Policía resolvió trasladar al comisario Daniel Melchiori a Sáenz Peña, mientras enfrenta un hábeas corpus por denuncias de agresiones y abuso de autoridad en Taco Pozo. La Justicia le impuso una restricción de acercamiento por seis meses.
Mientras avanzan las audiencias judiciales por el hábeas corpus presentado en su contra, la Jefatura de la Policía del Chaco resolvió trasladar al comisario Daniel Augusto Melchiori desde la Comisaría de Taco Pozo al Departamento de Reunión Información Criminal Interior, con sede en Presidencia Roque Sáenz Peña.
La disposición Nº 343, fechada el 26 de agosto y firmada por el jefe de la Policía, Fernando Romero, señala que el cambio obedece a “razones del servicio”.
Restricción judicial
El traslado se produce en paralelo a la medida cautelar dictada por el juez Rodolfo Gustavo Lineras, de la Cámara Primera en lo Criminal de Sáenz Peña, quien ordenó una “restricción ampliada” contra Melchiori.
La resolución judicial le prohíbe acercarse por seis meses a la Comisaría de Taco Pozo y a cuatro mujeres —dos abogadas, una jueza de Paz y una cuarta denunciante—, con una distancia mínima de 500 metros. La medida se enmarca en el hábeas corpus impulsado por la Asociación Civil Todos por Todos.
El caso que lo involucra
El conflicto estalló el pasado 17 de agosto, cuando un grupo de médicos de Córdoba, integrantes de la fundación Todos por Todos, denunció haber sido víctima de agresiones y abuso de autoridad por parte del comisario durante un operativo sanitario en Taco Pozo.
Tras el hecho, la comisaría de esa localidad fue intervenida y quedó a cargo del comisario inspector José Luis Gómez, actual supervisor de Zona XIV Interior.
En las primeras audiencias judiciales, testigos, médicos y funcionarios relataron episodios de violencia, abusos de autoridad y descontrol. Viviana Yzaguirre, presidenta de la fundación, afirmó que el comisario “habría actuado bajo los efectos del alcohol y de manera extremadamente agresiva”.
Un traslado en medio de la polémica
El movimiento de Melchiori hacia otra dependencia, en un contexto de acusaciones y restricciones judiciales, reabrió el debate sobre la respuesta institucional ante casos de denuncias graves contra jefes policiales: ¿se trata de una medida disciplinaria o de una reubicación que podría interpretarse como un resguardo dentro de la fuerza?
