Los legisladores provinciales del Frente Chaco Merece Más presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) y la Fiscalía Federal, solicitando que se investigue la gestión del ministro de Salud del Chaco, Sergio Rodríguez, por contrataciones realizadas con la empresa Suizo Argentina, actualmente vinculada a causas judiciales por presuntos sobreprecios y retornos millonarios en la provisión de medicamentos a nivel nacional.
Según la presentación, realizada en la mañana de este jueves 11 de septiembre, en la provincia del Chaco se habrían adjudicado licitaciones y realizado pagos por más de 433 millones de pesos en octubre de 2024.
A esa cifra se sumaria otra de más de 448 millones de pesos efectuada el 13 de agosto de este año a dicha droguería. Asimismo, el monto total de las mismas, rondan los 900 millones de pesos, lo que contradice las declaraciones públicas del propio ministro Rodríguez, quien inicialmente negó la existencia de estos contratos en declaraciones brindadas en medios de comunicación locales.
La denuncia también advierte que, en paralelo al avance de la investigación federal contra la droguería Suizo Argentina, en el Chaco se registraron decretos y órdenes de compra firmados por el Ministerio de Salud, lo que podría configurar un esquema similar al investigado en Nación por delitos como administración fraudulenta, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.
Entre los puntos solicitados a la Fiscalía se destacan: informes documentados al Ministerio de Salud y a la Tesorería General sobre pagos, licitaciones y compras directas a Suizo Argentina entre 2024 y 2025; comparativos de precios respecto a otros proveedores; evaluación de si los procedimientos de contratación se ajustaron a la normativa vigente y determinar si existieron sobreprecios o direccionamiento de adjudicaciones.
Además, las y los diputados requirieron que se investiguen las causas de la caída del sistema informático de la provincia (SGT), que actualmente impide acceder a los expedientes y decretos donde se constatan las contrataciones.
En tanto, para los legisladores, esta situación “evidencia el desmanejo y la falta de transparencia en la gestión de gobierno y obstaculiza el control ciudadano que debiera garantizarse».