La jueza Julieta Makintach fue imputada por cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios.
La acusación se enmarca en la investigación por la filmación de un documental que derivó en la nulidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.
El expediente está en manos de los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo, quienes en un escrito de 42 páginas señalaron que existen pruebas suficientes para imputarla por los mencionados delitos.
En el documento se lee: «De las heterogéneas evidencias recabadas en la investigación preliminar, surgieron graves irregularidades que comprometen penalmente a la magistrada denunciada».
Según los fiscales, la jueza aceptó la propuesta comercial presentada por María Lía Vidal Alemán, «bajo la promesa de poder obtener beneficios económicos futuros directos».
El proyecto también contemplaba la participación de Juan Manuel D’Emilio como encargado de la producción, mientras que Makintach debía garantizar aspectos clave dentro del Tribunal.
La imputación sostiene que la magistrada se comprometió a «habilitar las locaciones del edificio público de Tribunales de San Isidro, facilitar la obtención de imágenes fílmicas desde el interior de la sala de audiencias donde transcurría el debate y asumir el rol de presidente del Tribunal del juicio para adquirir un mayor protagonismo».
El análisis de las cámaras de seguridad, sumado a diversas declaraciones testimoniales, permitió reconstruir la trama que vincula a la jueza con la producción audiovisual, titulada «Justicia Divina».
Con estos elementos, los fiscales solicitaron que se inicie el juicio político contra Makintach y se avance en su desafuero, requisito indispensable para poder convocarla a indagatoria en el marco de la causa penal.