El presidente de la Nación, Javier Milei, vetó recientemente la ley de financiamiento universitario, una medida que afecta directamente a las instituciones de educación superior del país, lo cual fue confirmado ayer por el rector de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), Omar Larroza, quien, en declaraciones radiales, advirtió que la nueva situación ha generado la necesidad de definir nuevas estrategias, las cuales podrían derivar en marchas abiertas para visibilizar la resistencia al veto.
En ese sentido, el rector adelantó que se prevé que los rectores se reúnan en la Universidad de Buenos Aires (UBA) con la presencia de autoridades del Sistema Nacional de Universidades.
Larroza precisó que el escenario político se encuentra «muy tenso» y presenta inconsistencias que complican la gestión universitaria. Admitió que los salarios están retrasados en torno al 42%, y que el Gobierno mantiene su posición frente al veto, lo que obliga a los rectores a actuar con «suma inteligencia» para alcanzar un acuerdo favorable.
DIMENSIÓN DEL FINANCIAMIENTO
Y GASTOS
El rector dijo que la necesidad de financiamiento universitario no se limita únicamente a cubrir los salarios del personal docente y no docente, sino que también incluye los gastos de funcionamiento de las universidades.
«La ley tenía previsto una serie de incrementos que nos permitía que los gastos estén ajustados, por lo menos, a la luz, tarifas y servicios fundamentales», explicó.
Asimismo, Larroza subrayó que la última formulación del presupuesto presentada al Poder Ejecutivo busca atender esas diferencias, aunque reconoció que «todas estas instancias están sujetas a negociaciones».
Aclaró, además, que cualquier ajuste deberá considerar los límites fiscales y las prioridades nacionales, sin descuidar la sostenibilidad del sistema universitario.
NEGOCIACIONES Y ESCENARIOS POLÍTICOS
En otro punto, Larroza aseguró que las negociaciones con los distintos niveles del Gobierno se mantienen complejas. Explicó que, si bien la Secretaría de Políticas Universitarias ha mostrado apertura, el Ministerio de Economía ha bloqueado los pedidos, principalmente relacionados con el recupero de pérdidas históricas y el ajuste de salarios. «Cuando el gobierno dice que fueron dados aumentos exactamente igual en la administración pública, eso no es así», señaló el rector, haciendo referencia a la diferencia entre la inflación acumulada y los incrementos otorgados.
IMPACTO EN EL SECTOR DOCENTE
Y GREMIAL
El rector, además, agregó que los gremios del sector universitario, como Codiune y Adiune, han anunciado un paro nacional en reclamo de soluciones inmediatas, previsto para mañana viernes.
Esta acción buscaría presionar al gobierno y garantizar que se atiendan los salarios y el funcionamiento de las universidades.
Asimismo, Larroza enfatizó que, mientras se desarrollen estas medidas, «preferimos que los estudiantes estén en las aulas para poder convocarlos a las movilizaciones», dijo, subrayando la importancia de preservar la actividad académica.
El rector remarcó que el retraso salarial es del 42%, lo cual constituye un factor crítico para la estabilidad del sistema universitario.
Según explicó, la falta de actualización de los salarios impacta tanto en el sector docente como en el no docente, y ha generado profundas tensiones en toda la comunidad universitaria.
Diálogo institucional
Larroza aseguró que siempre existió un canal de diálogo con la Secretaría y la Subsecretaría de Políticas Universitarias.
No obstante, remarcó que las decisiones finales dependieron de instancias superiores, principalmente del Ministerio de Economía, que no accedió a los pedidos.
El rector indicó que el objetivo nunca fue buscar un presupuesto ideal, sino uno que cubra «las pérdidas históricas y el deterioro de los salarios».
En este contexto, aseguró que los rectores trabajan en múltiples frentes: seguimiento del presupuesto, negociación con legisladores y coordinación con gremios.
EXPECTATIVAS
Asimismo, Larroza dijo que en los próximos días se definan las estrategias concretas para enfrentar el veto. Entre ellas, se encuentran la resistencia parlamentaria, posibles movilizaciones y ajustes en la formulación presupuestaria.
El rector indicó que la universidad se mantiene «en alerta» ante cualquier novedad y que se evaluarán todas las alternativas posibles para garantizar la continuidad académica.
Asimismo, subrayó la importancia de que la comunidad educativa participe activamente, aunque de manera ordenada, en las instancias de diálogo y protesta, asegurando que la vida universitaria continúe de manera normal.
Por último, destacó el deber de actuar con prudencia y coordinación. En ese sentido, señaló que la combinación de negociación política, presión gremial y participación estudiantil será determinante para que el conflicto pueda resolverse de manera favorable, evitando un impacto negativo sobre el sistema universitario y su contribución al desarrollo del país.