El sistema universitario argentino vivió ayer una de las jornadas de protesta más significativas de los últimos tiempos tras el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario.
La medida, firmada por Javier Milei y publicada en el Boletín Oficial, generó una inmediata reacción de docentes, no docentes y estudiantes de las 57 universidades públicas nacionales, que realizaron paros y movilizaciones en defensa del presupuesto educativo.
En la región , la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) se convirtió en epicentro de la protesta con un alto acatamiento de docentes y no docente.
El Frente Sindical de Universidades Nacionales convocó a un nuevo paro nacional y Marcha Federal Universitaria para el día en que la Cámara de Diputados trate el veto presidencial, previsto para el 17 o el 24 próximos.
La expectativa es que esa jornada se transforme en otra demostración masiva de apoyo a la educación pública, como las históricas movilizaciones de abril y junio que reunieron a cientos de miles de personas en las principales ciudades del país.
El impacto
en el Nordeste
La Unne, con sedes en Corrientes y Resistencia, se convirtió en un termómetro de la protesta en el interior del país. Según cifras sindicales, el paro alcanzó un 85% de adhesión en la capital chaqueña y un 60% en las sedes correntinas.
La particularidad de la universidad, con más de 80 mil estudiantes y un importante plantel de docentes e investigadores, marcó un fuerte mensaje político hacia el Gobierno.
El veto significó un golpe a toda la comunidad académica. «La ley hubiera otorgado previsibilidad en salarios, en becas, en infraestructura y en hospitales universitarios. Sin esos fondos, el sistema entró en un terreno de incertidumbre que amenaza la continuidad de la excelencia alcanzada en décadas», advirtió José Basterra, vicerrector de la Unne en contacto con Radio Natagalá.
El funcionario remarcó que «un docente-investigador tarda años en formarse» y alertó sobre la pérdida de capital humano.
«Muchos abandonaron su dedicación exclusiva porque no podían sostenerse con sus sueldos y se vieron obligados a buscar trabajos adicionales. Ese daño no se repone en dos o tres años; el impacto se verá en el futuro, cuando falten profesionales con la formación necesaria para sostener la calidad del sistema», explicó.
Voces gremiales
Los sindicatos fueron protagonistas centrales en la organización del paro. Desde Atun, Liza Hortt denunció que la decisión presidencial formó parte de una «confrontación ideológica» contra la universidad pública. «La educación dejó de ser una prioridad para este gobierno», sostuvo.
Por su parte, Marisú Liwsky, de Codiunne, puntualizó que la ley vetada preveía la reinstalación de las paritarias, suspendidas desde hacía dos años.
«El Gobierno argumentó que otorgó un 120% de aumento, pero la inflación interanual duplicó esa cifra. Sus propios números los contradicen», afirmó.
La dirigente confirmó además que el 17 o el 24 próximos, cuando Diputados trate el veto, se realizará la tercera Marcha Federal Universitaria del año, con epicentro en Resistencia.
«Nunca vamos a dejar que se detenga el futuro. Vamos a defender la educación pública como se pueda, como se deba y donde sea necesario», sostuvo.
José Basterra: «El veto no solo quita presupuesto, nos quita futuro»
El vicerrector de la Unne, José Basterra, ofreció un análisis profundo sobre la coyuntura y los desafíos que enfrenta el sistema universitario. «Era casi seguro que el presidente iba a vetar la ley.
Se trató de una decisión ideológica. El Gobierno actual entiende la universidad pública como un gasto y no como una inversión en el futuro del país», afirmó.
Basterra remarcó que la universidad argentina gozó de reconocimiento internacional y fue motor de movilidad social. «Es difícil entender que un presidente que gobierna para todos los argentinos trate de esta manera al sistema científico y tecnológico. Lo que se pierde no es solo presupuesto, se pierde futuro, investigación, salud y oportunidades», señaló.
El funcionario recordó que, en décadas anteriores, hubo momentos de inversión significativa. «Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se produjeron saltos cualitativos en programas de financiamiento e infraestructura.
En nuestra universidad se construyeron edificios emblemáticos. Hoy la situación es muy diferente: tenemos un presupuesto prorrogado de 2023, ya insuficiente en su momento, y sin paritarias abiertas», subrayó.
Consultado sobre los riesgos a futuro si el veto se confirma en el Congreso, Basterra fue categórico: «Habrá universidades que no podrán iniciar el ciclo 2026.
Algunas, sobre todo las más nuevas, se encuentran en una situación crítica. No se cerrarán formalmente, porque la sociedad no lo permitiría, pero se verán obligadas a recortar horarios, servicios y programas.
No podemos llegar a ese escenario de mendigar transferencias para pagar la luz o el comedor estudiantil».
Deserción y becas
Uno de los puntos más sensibles es el aumento de la deserción estudiantil. Según Basterra, la crisis económica golpeó con fuerza a los estudiantes del interior que deben afrontar alquileres y traslados.
«Notamos un incremento marcado de abandonos por motivos económicos. Las becas nacionales se recortaron casi por completo y eso tuvo un impacto inmediato. En muchos casos, el comedor universitario es la única comida del día para cientos de jóvenes», relató.
El vicerrector explicó que la universidad intentó sostener con recursos propios los programas de bienestar estudiantil, aunque reconoció que resultó insuficiente. «Multiplicamos esfuerzos para mantener becas de comedor y residencia, pero sin fondos nacionales es imposible cubrir la demanda creciente.
El veto a la ley de financiamiento también significa vetar la posibilidad de que un estudiante del interior llegue a recibirse», remarcó.
La discusión nacional
El debate en torno al financiamiento universitario se convirtió en un capítulo central de la discusión política. El Gobierno defendió el veto argumentando la necesidad de alcanzar el equilibrio fiscal. Sin embargo, desde el sector académico replicaron que el costo de la ley representaba apenas el 0,14% del PBI.
«Ese número demuestra que el argumento fiscal es apenas una excusa. No se trató de ahorro económico, sino de una decisión ideológica», insistió Basterra.
El rectorado de la UBA, en la misma línea, advirtió que sin una ley que asegure previsibilidad, la universidad más grande del país debería modificar horarios de cursada para ahorrar en electricidad, priorizando el uso de luz natural.
La escena se repitió en varias casas de estudio, donde los recortes ya afectaron laboratorios, hospitales universitarios y programas de investigación.
El futuro en debate
En medio del conflicto, emergieron además discusiones sobre el rol de los estudiantes extranjeros y las formas de devolución social de los egresados.
Para Basterra, el impacto de los alumnos no residentes en la Unne es mínimo y no justifica el cobro de aranceles diferenciados. «Un estudiante más o menos no cambia nada en una clase de 50. Por el contrario, su presencia internacionaliza la universidad y aporta valor agregado», sostuvo.
El vicerrector también defendió la idea de buscar mecanismos de devolución voluntaria por parte de los graduados, como becas, pasantías o programas de mentoría. «No se trata de obligar, pero sí de generar una conciencia de agradecimiento y compromiso con el sistema que los formó», afirmó.
Unidad y resistencia
El paro universitario del 12 de septiembre fue apenas un capítulo más de un conflicto que promete extenderse. La comunidad académica ya demostró capacidad de movilización masiva en las calles. «La primera marcha universitaria marcó un precedente. Fue transversal: participaron docentes, no docentes, estudiantes, sindicatos, centrales obreras y familias enteras. La sociedad entendió que se estaba defendiendo mucho más que un presupuesto; se estaba defendiendo el futuro de varias generaciones», recordó Basterra.
De cara a la próxima Marcha Federal, la expectativa es repetir o incluso superar aquella convocatoria. «No vamos a permitir que se cierre ninguna universidad pública. Seguiremos luchando como siempre, porque sin educación pública no hay futuro posible», concluyó el vicerrector.