En un movimiento que busca reducir la carga económica sobre el sector agropecuario, el ministro de Economía, Luis Toto Caputo anunció una serie de cambios en el plan de vacunación contra la fiebre aftosa.
La decisión, que se oficializará a través de una resolución del Senasa, tiene como objetivo principal aliviar los bolsillos de los productores ganaderos, especialmente en provincias con gran desarrollo en la materia como Corrientes, que venían sufriendo los altos costos de la dosis.
UN MERCADO MONOPOLIO EN LA MIRA
Históricamente, el mercado de vacunas antiaftosa en la Argentina ha estado dominado por un solo actor: el laboratorio Biogénesis Bagó. Esta situación monopólica ha sido un punto de tensión constante, ya que el precio de las dosis en el país se ubica muy por encima de los valores de referencia en el resto de la región.
Los productores han denunciado en reiteradas oportunidades que esta asimetría les resta competitividad y encarece la producción, afectando directamente sus márgenes de ganancia.
LOS CAMBIOS Y SUS BENEFICIOS
La medida impulsada por el Ministerio de Economía traerá dos cambios significativos. El primero es que, a partir de la segunda campaña de vacunación de 2026, se dejarán de vacunar vaquillonas, novillos y novillitos.
El Senasa argumenta que estos animales ya poseen la inmunidad necesaria, por lo que su revacunación es un gasto innecesario. Esta decisión implica un ahorro de aproximadamente 14 millones de dosis, lo que se traduce en unos USD22 millones menos en costos para el sector.
El segundo cambio beneficia a los establecimientos de engorde a corral, que quedarán exceptuados de la primera campaña de vacunación. Esta modificación representará una reducción adicional de casi 2 millones de dosis y un ahorro estimado de USD3 millones.
En total, el paquete de medidas de Caputo se traducirá en una reducción de 16 millones de dosis de la vacuna anti aftosa.
El ahorro total para los productores se estima en USD25 millones, sin que esta modificación afecte la sanidad animal ni comprometa la capacidad de exportación del país.
La decisión es una señal clara de la intención del Gobierno de intervenir en un mercado que, durante años, ha funcionado en detrimento de los productores, y abre la puerta a una mayor competencia en el sector.