El Tribunal deberá aceptar o rechazar las propuestas de los imputados “arrepentidos”, que buscan evitar el juicio oral y una eventual condena. En la lista, hay millones de dólares, propiedades en el exterior y hasta una embarcación.
En pocos días, el Tribunal Oral Federal N°7 (TOF 7) deberá resolver una cuestión que podría cambiar el rumbo del expediente conocido como la causa de Los Cuadernos de las coimas: aceptar o rechazar los ofrecimientos económicos de los imputados “arrepentidos” que buscan extinguir la acción penal mediante la figura de la reparación integral.
El dilema que enfrenta el tribunal es si acepta los millones de dólares para compensar el daño causado por un sistema de recaudación ilegal que, según la acusación, funcionó durante más de una década y erosionó la confianza pública en las instituciones.
La lista a la que accedió este medio es extensa y abarca a casi 46 apellidos, muchos de los cuales hicieron ofertas realmente onerosas. Por ejemplo, Ángelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri, está dispuesto a pagar más de un millón y medio de dólares. En rigor, las ofertas en sede judicial se realizan en pesos y fueron dolarizadas a tipo de cambio oficial para esta nota.
El caso de Calcaterra es paradigmático. Al igual que el resto de los ejecutivos, está acusado de haber pagado sobornos para que le asignen irregularmente obras públicas a su compañía (IECSA). Sin embargo, sus abogados plantearon ante distintos tribunales que en realidad no fueron sobornos sino aportes de campaña en “negro” y por lo tanto debía ser juzgado por un delito electoral y no por corrupción.
En junio del año pasado la Cámara de Casación había aceptado su planteo, pero el fallo fue fuertemente objetado y apelado por todas las partes. En noviembre del año pasado la propia Casación volvió sobre sus pasos y revocó su fallo con lo que Calcaterra quedó dentro del juicio oral.
Ernesto Clarens, señalado también como un financista vinculado a los negociados de Lázaro Báez en el exterior, también se encuentra entre los imputados que hicieron los ofrecimientos más importantes para evitar una condena. En su caso, fue un departamento y un yate de lujo en Miami. Juntos, su cotización asciende casi al millón y medio de dólares.
Aldo Roggio, ex titular de Roggio SA, también está acusado luego de aparecer en los cuadernos de Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta. Aparece nombrado en el cuaderno del año 2008. El 28 de mayo de aquel año, el chofer asentó que fue a buscar al ex funcionario a la calle Tucumán al 400. Allí estaba Baratta con Rafael Llorens y Fabián García Ramón. “Se habían reunido con Roggio”, señalaba la anotación.
Luego de ser imputado, declaró como “arrepentido”. Dijo que pagó durante años al kirchnerismo el 5% del dinero que recibía como subsidios para su empresa Metrovías -exconcesionaria de los subtes.
Ahora, uno de los empresarios más importantes de la Argentina, nieto del fundador de la empresa que lleva su apellido, ofrece más de USD 1.200.000 para evitar enfrentar a los jueces en la audiencia oral que comenzará dentro de 48 días.
Otros casos sobresalen por la escasa suma que ofrecieron. Por ejemplo, el empresario Mario Marcuzzi está dispuesto a pagar $300 mil. Otros, como Hernán Gómez, precisaron que están dispuestos a hacer una “donación” pero no dijeron de qué valor. Alberto Taselli, vinculado a empresas energéticas, constructoras mineras y ferrocarriles beneficiadas durante el kirchnerismo, quiere exonerarse de cargo a cambio de apenas USD 10 mil.
La lista completa – qué montos ofrecieron
Mario Marcussi. Empresario. USD 203
Carlos Román. Dueño de Green. USD 1.823
Carlos Arroyo. Socio de Green. USD 1.823
Luis Armani. Dueño de Vialmani. USD 3.379
Alberto Taselli. Empresario. USD 10.000
Roberto Juan Orazi. Dueño de Hidraco. USD 92.178
Rodolfo Armando Poblete. Ejecutivo de Hidrovía. USD 33.788
Juan José Luciano. Socio de Luciano SA. USD 60.819
Daniel Claudio Pitón. Empresario. USD 93.119
Armando Roberto Losan. Dueño de Albanesi y Bodega del Desierto. USD 122.473
Adrián y Mauricio Pascucci. Socios de la constructora Alquimaq. $133.000.00
Patricio Gerbi. Presidente de Coarco. USD 139.699
Miguel Marcelino Amzar. Presidente de Vial 3. USD 162.183
Claudio Javier Glazman. Empresario. USD 206.904
Ricardo Santiago Scuncia. Contador Grupo Roggio. USD 221.109
Julio José Paulecci. USD 256.796
Jorge Benolol. Empresario. USD 290.578
Osvaldo Acosta. Dueño de Electroingeniería. USD 295.984
Santiago Ramón Altieri. Ejecutivo de Iecsa. USD 309.240
Miguel Ángel Marconi. Socio de Supercemento. USD 342.612
Rubén Valentí y Enrique Pescarmona. Dueño de Industrias Metalúrgicas Pescarmona. USD 344.639
Benjamín Gabriel Romero. Dueño de Hidrovías y Ferrovías. USD 344.840
Héctor Javier Caballero. Ex gerente general de IECSA. USD 460.641
Mario L. Rovella. Socio de la constructora Rovella-Carranza. USD 494.542
Gabriel Pedro Losi. Socio de Luis Losi SA. USD 557.630
Juan Manuel Collazo. Ex directivo de Helport. USD 603.456
Cristobal Manuel López, Fabián De Sousa y Osvaldo De Sousa. Empresario. USD 683.029
Ernesto Clarens. Financista. USD 1.500.000
Angelo Calcaterra. Ex dueño de IECSA. USD 1.684.442
Aldo Roggio. Ex presidente de grupo Roggio. USD 1.267.108
César Arturo de Goycochea y Juan Carlos De Goycochea. Ejecutivos de Isolux Corsán. USD 1.081.220
Hugo Alberto Draggnotti. Dueño de Panedile. USD 960.391
Oscar Abel Sansinena – Embargo más actualización
Guillermo Escolar – Embargo más actualización
Pablo José Gutiérrez – Embargo más actualización
Jorge Juan Mauricio Balan – Embargo más actualización
Cuánto ofrecieron pagar los funcionarios acusados
Un grupo de funcionarios también intenta comprar su impunidad. Fabián García Ramón -ex director de Promoción de Energías Renovables- ofreció casi un millón de dólares. El ex funcionario del Ministerio de Planificación -se desempeñó allí desde marzo de 2008 hasta noviembre de 2012- está acusado de presionar a empresas del rubro energético para que contrataran el servicio de consultorías de una firma de su propiedad.
Juan Manuel Abal Medina, quizás el más conocido de los exfuncionarios imputados, ofreció casi USD 40 mil. En el mismo sentido que algunos empresarios, el ex jefe de gabinete de Cristina Kirchner reconoció haber recibido bolsos con dinero a modo de “aportes voluntarios de empresas y particulares” para la campaña electoral de 2013.
Una audiencia clave antes del juicio
La audiencia que abrió este debate se celebró la semana pasada de manera virtual, convocada por el TOF 7, presidido por Enrique Méndez Signori e integrado por Fernando Canero y Germán Castelli. Estuvieron presentes alrededor de 70 imputados, entre empresarios y exfuncionarios, muchos de ellos en condición de arrepentidos.
Allí, casi medio centenar de defensores ratificó los ofrecimientos económicos para cerrar el caso. En una audiencia celebrada este martes, las defensas de los acusados replicaron el dictamen de la fiscal federal Fabiana León y de la Unidad de Información Financiera (UIF), que ya habían rechazado la propuesta. Incluso, uno de los letrados, recuso a la fiscal, aunque el tribunal desestimó el planteo.
La controversia surge a menos de dos meses del inicio del juicio oral, previsto para el 6 de noviembre. Fue un empresario quien pidió inicialmente explorar esta salida alternativa, y la fiscal León, previendo que otros harían lo mismo, notificó a todas las partes para que expresaran si querían sumarse a una audiencia específica. Primero dio un plazo de 24 horas y luego el tribunal concedió cinco días adicionales para que cada imputado definiera si ofrecía o no “reparar el daño”.
El rechazo de la fiscalía y de la UIF: “No vendemos impunidad”
Tanto la fiscal como la UIF se manifestaron con firmeza contra la aceptación de las reparaciones.
“En esta fiscalía no se vende impunidad. No hay precio que se pueda poner al daño institucional que se ha causado. No es patrimonial, erosiona la confianza pública y la legitimidad del Estado”, dijo León durante la audiencia, en un mensaje que marcó a fuego la posición del Ministerio Público.
En la misma línea, Mariano Galpern, titular de la Dirección de Litigios de la UIF, sostuvo: “La duración del proceso no habilita la impunidad. Que un juicio sea complejo o extenso no justifica extinguir la acción. Exige más compromiso institucional. Admitir la reparación integral sería mercantilizar la corrupción, convirtiendo el proceso penal en un sistema de transacciones donde el poder adquisitivo reemplaza el principio de igualdad ante la ley”.
Para la fiscalía, el instituto previsto en el artículo 59, inciso 6, del Código Penal no resulta aplicable a este caso porque el bien jurídico protegido es la probidad y la transparencia, bienes colectivos que no tienen una víctima concreta con la cual transar.
Los argumentos de las defensas
Del otro lado, los abogados de los imputados remarcaron que la figura de la reparación integral está prevista en la ley y que no implica impunidad. Los primeros en hablar fueron los defensores de Juan Orazi y Juan Mauricio Balán. “No se trata de un beneficio exclusivo para personas adineradas”, señalaron, sino de un mecanismo legal que depende de la capacidad de cada uno para justificar el origen de los fondos.
La defensa de Miguel Marcelino Aznar se limitó a ratificar lo ya presentado. Lo mismo hicieron los representantes de Ernesto Clarens, financista clave de la trama, y de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa.
Otros letrados, como Ignacio Olivar, apoderado de Carlos de Sousa, subrayaron que no existe ninguna limitación normativa que restrinja la reparación integral a ciertos delitos, y que la oposición de la fiscalía se dirige contra una figura regulada por ley. “Su aplicación no puede ser restricta”, insistieron.
Incluso, la defensa de Marcelo Marcuzzi fue más allá: acusó a la fiscalía de perseguir únicamente a empresarios y de haber renunciado a investigar a funcionarios públicos, lo que vulneraría el principio de igualdad ante la ley. Por eso, pidieron el apartamiento de León, aunque el tribunal rechazó “in limine” esa recusación por falta de fundamentos.
Una disputa que anticipa la decisión final
El debate giró en torno a una tensión de fondo: si los imputados pueden acceder a un sobreseimiento mediante el pago de dinero antes del juicio oral, o si, por el contrario, el proceso debe continuar para que se juzguen los hechos en un debate público.
Para la fiscalía, aceptar la reparación equivaldría a mercantilizar la corrupción y ponerle un precio al daño institucional. Para las defensas, se trata de un mecanismo legítimo que permite cerrar el expediente de manera ordenada y proporcional.
Al cierre de la audiencia, el juez Méndez Signori recordó que el tribunal pasará a deliberar y que la decisión será comunicada en breve. Mientras tanto, la expectativa crece: el veredicto del TOF 7 definirá si los más de 12 millones de dólares ofrecidos por los imputados arrepentidos bastan para extinguir la acción penal, o si la causa de los cuadernos llegará finalmente al juicio oral más esperado de los últimos años.
Fuente: Infobae