La apertura judicial permite a los acusados y sus abogados acceder a pruebas clave, como declaraciones y peritajes, en la investigación por presunta corrupción en la compra de medicamentos, involucrando a figuras cercanas al Gobierno.
Este jueves por la mañana se levantó el secreto de sumario en la investigación sobre la compra de medicamentos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La medida permitirá que los imputados y sus defensas accedan a declaraciones, registros de countries y peritajes a teléfonos celulares.
Este avance procesal abre la puerta a que se conozcan detalles hasta ahora reservados de esta investigación, que recayó en el juzgado federal de Sebastián Casanello y seguirá delegada en el fiscal Franco Picardi. Se trata de una causa que involucra a figuras del entorno gubernamental, como Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, mencionados en el expediente por su presunta participación -aun no demostrada- en el reparto de retornos económicos vinculados a la adquisición de fármacos a la droguería Suizo Argentina.
La investigación comenzó tras la denuncia presentada por Gregorio Dalbón —abogado de Cristina Kirchner en causas civiles—, y se nutrió de una serie de pruebas que incluyen declaraciones de allegados, registros de acceso a barrios privados y pericias sobre dispositivos electrónicos.
Entre los elementos más relevantes figuran los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de la Andis, en los que se detalla cómo se habrían distribuido los supuestos sobreprecios entre Lule Menem y Karina Milei. La difusión pública de estos audios, realizada el 22 de agosto por los periodistas Jorge Rial y Maurio Federico en Carnaval Stream, aceleró el curso de la causa.
Las medidas adoptadas
El fiscal ordenó su transcripción y tanto las defensas como la organización Poder Ciudadano pidieron peritajes para verificar la autenticidad de las voces y determinar si los archivos fueron editados. En paralelo, la defensa de la droguería solicitó que se anulen como prueba.
El abogado de la empresa, Martín Magram, sostuvo que las operaciones de compra de medicamentos ya habían sido investigadas en una causa archivada por inexistencia de delito. Para reforzar su planteo, invocó el principio de ne bis in idem, que impide juzgar dos veces los mismos hechos.
Otro elemento que potenció la investigación fue la declaración testimonial de Fernando Cerimedo, fundador de La Derecha Diario. Ante el fiscal Picardi, ratificó que en esas conversaciones el ex funcionario mencionaba a Karina Milei y a Lule Menem, en línea con lo que surge de los audios. Además, relató que Spagnuolo le confesó su malestar por haber sido marginado del negocio.
En la causa se dispuso también el acceso por parte de la Justicia al contenido de las cajas de seguridad, una medidad que afectó a exfuncionarios como Spagnuolo y el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini, así como a la familia Kovalivker. El objetivo fue evitar que se eliminaran documentos que podrían ser pruebas en un proceso judicial.
En los allanamientos, los investigadores encontraron sumas millonarias, y también se incorporaron al expediente los registros de ingresos y egresos de los countries Isla de Nordelta (donde viven los hermanos Kovalivker), Altos de Campo Grande en Pilar (residencia de Spagnuolo) y El Paso Country Club (donde vive Garbellini).
La Justicia también incautó los correos laborales y el contenido del servidor de Suizo Argentina. Según se investiga, la Andis no compraba los medicamentos mediante licitaciones tradicionales, sino a través de concursos privados de precios para cada fármaco, en función de la necesidad de cada paciente. Suizo Argentina figura como proveedor central en este esquema por su capacidad logística y sus entregas diarias en todo el país.
La compañía de medicamentos, con más de 100 años de trayectoria en el mercado, aseguró que apenas el 10% de su facturación depende de contratos con el Estado y que su negocio principal es abastecer a farmacias, clínicas, hospitales, prepagas y obras sociales.
La Justicia ya incautó los expedientes administrativos de la Andis y las facturas emitidas por la droguería, mientras que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) analiza la documentación en busca de sobreprecios y anomalías en los procedimientos.
Por otra parte, esta semana la Fundación Poder Ciudadano se pronunció en contra del pedido de nulidad que presentaron los dueños de la droguería. Y a partir de ahora el juez Casanello puede resolver ese punto central de la investigación.
Fuente: Infobae