La Sala Segunda de la Cámara en lo Contencioso Administrativo del Chaco declaró inconstitucional y nula la ordenanza tributaria 2025 15.077, aprobada en octubre de 2024 bajo la gestión del intendente Roy Nikisch, que había establecido aumentos de entre el 75% y el 100% en los impuestos municipales.
El fallo respondió a una acción de amparo presentada por los concejales de la oposición Fabricio Bolatti, Soledad Villagra, Guillermo Monzón, Ángel Sánchez y Lucila Masin, con patrocinio del abogado Javier Alós.
«Este fallo demuestra lo que advertimos desde un primer momento: la gestión de Nikisch impuso aumentos sin respetar los procedimientos que establece la Carta Orgánica, vulnerando derechos de los contribuyentes», afirmó el concejal Guillermo Monzón en declaraciones a Radio Facundo Quiroga.
El fallo judicial
La sentencia, firmada por las juezas María Virginia Serrano y Silvia Suárez, concluyó que la ordenanza sancionada el 22 de octubre de 2024 fue aprobada sin cumplir el procedimiento de doble lectura y la audiencia pública obligatoria prevista en el artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal.
«… La difusión y convocatoria de la audiencia pública constituyen partes esenciales del trámite legislativo fijado por el artículo 153 de la Carta Orgánica, por tanto, son instancias determinantes que deben observarse y cumplirse exactamente para que pueda reputarse válido el proceso de aprobación de la ordenanza 15077… corresponde hacer lugar a la acción de amparo y declarar la inconstitucionalidad de la ordenanza tributaria e Impositiva aprobada para el Ejercicio Fiscal 2025», estableció el fallo.
De esta manera, la Justicia resolvió que el municipio aplicó aumentos ilegales, lo que abre la puerta a la devolución de lo cobrado de más a los vecinos de Resistencia.
Reclamos opositores
Los concejales demandantes destacaron que la decisión judicial confirma sus denuncias.
Si bien fueron múltiples las observaciones realizadas por las y los concejales -como ser la falta de cumplimiento de las mayorías necesarias para la aprobación – del procedimiento y discusión en la Comisión de Hacienda, falta de información disponible, etcétera, solo fue necesario para la Justicia, el haber incumplido el procedimiento de doble lectura, que incluye la realización de una audiencia pública.
«Lo advertimos cuando se trató el presupuesto en octubre: con apenas seis votos se aprobó una ordenanza que exigía mayoría especial de ocho. Además, no hubo información clara ni se cumplió con la audiencia pública. Todo el proceso fue irregular», sostuvo Monzón.
El edil recalcó que la medida «no solo tiene un impacto económico directo en miles de vecinos que pagaron aumentos injustificados, sino que también desnuda una forma de gobernar que desconoce normas básicas de funcionamiento democrático».
Según explicó, el municipio debería ahora «devolver lo cobrado de más, ya sea acreditando saldos a favor para el próximo año u otro mecanismo que beneficie a los contribuyentes».
forma autoritaria de gobernar
Monzón cuestionó el estilo de la actual gestión municipal: «El intendente Nikisch gobernó de manera unilateral, sin diálogo con el Concejo y sin respetar los procedimientos normativos. Parece que creen que por haber sido elegidos pueden hacer lo que quieran, pero no es así: la Carta Orgánica establece reglas claras que deben cumplirse.
Lo que ocurrió con la Tributaria 2025 es apenas un ejemplo; hay múltiples irregularidades en diferentes áreas del municipio».
El concejal también vinculó la situación con una práctica más amplia de la administración municipal. «Se trata de una lógica que se repite: licitaciones poco claras, falta de acceso a información pública y un manejo discrecional de los recursos», denunció.
Impacto en los contribuyentes
El fallo beneficia a miles de vecinos de Resistencia que ya habían pagado sus tributos con las subas aplicadas durante 2025. «El municipio deberá devolver lo cobrado indebidamente. No sé cuál será el mecanismo, pero los contribuyentes tienen derecho a recuperar lo que se les cobró de más», aseguró Monzón.
El edil puso en contexto el efecto económico de los aumentos. «Estamos atravesando una crisis que golpea fuerte a la economía familiar. Un incremento de hasta el 100% en tasas municipales era insostenible para gran parte de los hogares. La Justicia nos dio la razón», afirmó.
gestiones anteriores
Durante la entrevista, Monzón también fue consultado sobre las similitudes con el llamado «impuestazo» aplicado en la gestión anterior de Gustavo Martínez. Reconoció que en ese momento también hubo falencias, aunque marcó diferencias.
«En la etapa en que fui funcionario de la gestión Martínez, mi rol era otro, no tenía incidencia en la elaboración del presupuesto. Pero lo cierto es que este fallo no discute si el aumento era del 70% o del 100%, sino que el procedimiento fue inconstitucional. Y eso es lo que aquí se está sancionando», explicó.
Además, diferenció la cobertura mediática de ambos casos. «En aquel momento hubo mucha más prensa y hasta movimientos vecinales autoconvocados. Ahora parece que se quiso ocultar la situación, pero la Justicia la puso en evidencia», sostuvo.
Regularización
y propuestas
Monzón aprovechó para señalar otras iniciativas que presentó como concejal y que, según dijo, fueron desestimadas por el oficialismo pese a su potencial impacto positivo en la recaudación.
«En junio presenté un proyecto de ordenanza para regularizar edificios en altura que llevan más de veinte años sin escriturarse. Estamos hablando de unos 1.500 departamentos en el microcentro que hoy no tributan. Eso significaría ingresos genuinos para el municipio, pero no se trató porque lo presenté yo y porque no les interesa abrir el debate», detalló.
El concejal sostuvo que una política de regularización podría equilibrar la presión tributaria y evitar impuestazos. «Si se incorporan al padrón todos esos inmuebles, se generarán recursos sin necesidad de aumentos desmedidos que afectan a los vecinos que sí cumplen», indicó.
Lo que viene: el Presupuesto 2026
La experiencia con la ordenanza 2025 deja, según Monzón, una lección clara de cara a la próxima discusión presupuestaria. «El presupuesto 2026 debe tratarse en octubre. Espero que esta vez el Ejecutivo municipal cumpla con la Carta Orgánica, convoque a la audiencia pública y garantice la doble lectura.
La comunidad tiene derecho a saber cuánto se aumenta, por qué se aumenta y en qué se van a usar los fondos», enfatizó.
El edil advirtió que, de no corregirse los procedimientos, podrían volver a presentarse acciones judiciales. «La Justicia ya marcó el camino. Cualquier ordenanza aprobada de manera irregular puede ser declarada inconstitucional», señaló.
El fallo que anuló la Ordenanza Tributaria 2025 representa un duro revés para la gestión de Roy Nikisch y un alivio para los contribuyentes de Resistencia.
Más allá de su impacto económico, la medida expuso la necesidad de fortalecer el respeto por los procedimientos institucionales y garantizar mayor transparencia en la administración municipal.
«Este es un triunfo de la democracia local. Gobernar no es imponer, sino dialogar y respetar las reglas», concluyó Monzón.
Recursos bajo sospecha
Monzón también puso la lupa sobre la utilización de los fondos que el municipio recaudó en el marco de la ordenanza ahora anulada.
«Justo en los días previos al fallo, el Ejecutivo publicitó en redes sociales la compra de equipamiento y vehículos para el municipio. Pero esos anuncios no pueden disociarse de que fueron financiados con dinero que no debía haberse cobrado a los vecinos», advirtió.
En ese sentido, el edil sostuvo que muchas de esas licitaciones «tampoco resultaron claras en su tramitación» y que existe un déficit de transparencia en la gestión.
«El intendente se muestra exhibiendo logros, pero en realidad son recursos obtenidos a costa de aumentos ilegales. Eso también es parte del problema: gobernar con discrecionalidad y sin control», afirmó.
Asimismo, planteó que el caso debe servir de precedente. «El fallo no solo protege a los contribuyentes, también obliga a repensar cómo se administran los recursos públicos.
No se trata de negar la inversión municipal, sino de garantizar que cada peso se obtenga y se ejecute conforme a la ley y a los procedimientos que marca la Carta Orgánica», concluyó.