El Tribunal Oral Federal N° 6 condenó a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el fallido atentado en el que intentaron asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. El vendedor de algodones de azúcar que gatilló un arma en la cabeza de la ex presidenta de la Nación fue sentenciado a 10 años de prisión, mientras que su exnovia, declarada partícipe necesaria del plan criminal, recibió una pena de 8 años.
En tanto, los jueces Ignacio Fornari, Sabrina Namer y Adrián Grünberg absolvieron -tal como se esperaba- a Nicolás Carrizo, sindicado como “jefe de los copitos”. La querella y la fiscal de juicio, Gabriel Baigún, habían retirado la acusación en su contra luego de probarse durante el debate que no tuvo ninguna participación en el hecho.
Los fundamentos de la sentencia se conocerán el próximo 9 de diciembre, según informaron los jueces en la sala de audiencias de Comodoro Py 2002.
La condena
En primer lugar, el Tribunal desestimó los pedidos de las defensas para declarar inimputable a Fernando Sabag Montiel, por su “trastorno psicótico”, y suspender el proceso contra Brenda Uliarte por incapacidad mental sobreviniente.
En un fallo unánime, Uliarte y Sabag fueron declarados culpables por el delito de tentativa de homicidio agravado por el empleo de un arma de fuego. Los jueces desestimaron los agravantes de alevosía y violencia de género en su modalidad de violencia política que había incluido la Fiscalía.
Cabe recordar que la fiscal Baigún, en su alegato, había pedido condenas de 15 años para el autor y 14 para su cómplice.

A Fernando Sabag Montiel también lo sentenciaron por la portación ilegal de arma de guerra, aunque fue absuelto por la receptación ilegítima de la misma.
El TOF N° 6 unificó la condena de Sabag en una pena total de 14 años de prisión, ya que purga otra por 4 años y 3 meses por tenencia y distribución de imágenes de abuso sexual infantil.
Brenda Uliarte fue declarada partícipe necesaria del intento de magnicidio. La absolvieron de la acusación de receptación y tenencia ilegal de arma. Cumplirá una pena única de 8 años y 2 meses de cárcel -le habían dado un año por falsificación de DNI-.
Los antecedentes de ambos surgieron a partir de los allanamientos a sus domicilios y peritajes de sus teléfonos que se hicieron en el marco de la investigación del atentado.