El fiscal federal Patricio Sabadini solicitó la elevación a juicio de la causa por lavado de activos agravado por habitualidad que involucra a los dirigentes sociales Emerenciano Sena y Marcela Verónica Acuña.
El requerimiento, presentado ante el Juzgado Federal 2, sostiene que ambos habrían puesto en circulación fondos de origen ilícito, presuntamente provenientes de delitos de corrupción o fraude a la administración pública provincial, con el fin de darles apariencia de licitud.
Según la acusación, a la que tuvo acceso el portal judicial Litigio, la maniobra se articuló principalmente a través de la Fundación Doctor Saúl Andrés Acuña, de la cual Sena era presidente y Acuña tesorera.
La investigación determinó que los ingresos de la entidad provenían en su totalidad del Estado provincial, mediante transferencias del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (Iafep) y de los ministerios de Infraestructura, Salud y Desarrollo Social.
De acuerdo con la fiscalía, la facturación de la Fundación tuvo un crecimiento exponencial en el último ejercicio, pasando de $65.5 millones en 2022 a $197.1 millones al 31 de mayo de 2023. Ese incremento, junto con las presuntas irregularidades detectadas en los estados contables, fue considerado clave para acreditar el supuesto lavado.
La maniobra se habría concretado mediante el abultamiento falso de gastos, especialmente en las cuentas de mano de obra por convenio y materiales y gastos de personal del centro de salud.
En la primera, los gastos declarados en 2022 ascendieron a $120.9 millones, superando ampliamente los ingresos facturados para ese fin ($50.4 millones) y registrando un incremento del 238% respecto del año anterior, ajustado por inflación.
En tanto, en la cuenta de personal de salud, los gastos informados ($38.4 millones) superaron en más de 500% los ingresos percibidos del Ministerio de Salud ($6.3 millones).
Para la Fiscalía, este «falso abultamiento» fue el mecanismo utilizado para introducir dinero ilícito en la economía formal, simulando erogaciones que no se correspondían con ingresos legítimos.
El requerimiento también destaca inconsistencias patrimoniales en el matrimonio Sena-Acuña, cuyos bienes adquiridos durante ese período no guardaría relación con sus ingresos declarados.
Entre 2015 y 2023, la pareja habría comprado tres camionetas, la última en mayo de 2023, además de terrenos e inmuebles. La Fundación, por su parte, incorporó dos camiones, un furgón y una motocicleta.
La intervención del Registro Público de Comercio constató un faltante de caja de casi $63 millones y graves irregularidades en el uso de fondos otorgados por el Iafep para la construcción de 40 viviendas.
A ello se suman numerosos viajes internacionales de Sena y Acuña a Paraguay, Uruguay, Brasil e Italia, considerados por la fiscalía como indicios de un «despliegue de medios económicos de relevancia» no justificados.
La causa se originó tras el allanamiento del 9 de junio de 2023 en el domicilio de los imputados, en el marco de la investigación por la desaparición de Cecilia Strzyzowski, donde se secuestraron más de seis millones de pesos en efectivo sin justificación de origen.
Asimismo, el fiscal Sabadini consideró que la instrucción se encuentra concluida y pidió la elevación a juicio oral y público, al entender que existen elementos suficientes para sostener la acusación.
