La fatídica noche del 8 de octubre de 2006, un micro de la empresa Godoy, que transportaba alumnos, egresados, profesores y directivos del colegio Ecos, ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo, regresaba del impenetrable Chaco hacia Buenos Aires. La comitiva había viajado a la provincia del norte del país para realizar tareas solidarias en la Escuela N° 375 de El Paraisal, en Quitilipi. «Los Padrinos Mágicos» les decían los más pequeños, en su visita tradicional que sucedía desde 1994.
Estaban a unos 200 kilómetros de Santa Fe Capital, más precisamente en el kilómetro 689 de la Ruta Nacional Número 11, a la altura de Margarita, en el departamento de Vera, cuando el chofer que conducía el micro, un hombre llamado Óscar Eduardo Atamañuk, notó que a lo lejos aproximaba un camión descontrolado. El imponente vehículo, cuyo conductor estaba alcoholizado, zigzagueaba por el carril contrario. Atamañuk debía tomar una rápida decisión.
Los estudiantes Benjamín Bravo de la Serna, Nicolás Kohen, Justine Hartman, Federico Ecker, Daniela D’Agostino, Lucas Levin, Julieta Giataganellis, Julieta Posilovic, Delfina Goldaracena y Mariana Boye -la docente-fueron las víctimas.
Bajar la velocidad, ir a la banquina o detenerse podrían haber sido algunas de las opciones. Sin embargo, ante esta situación, el chofer del micro, sin experiencia e inhabilitado para el manejo de vehículos de larga distancia, realizó la peor maniobra: dio un volantazo que lo hizo chocar de frente. Durante el proceso, se comprobó que había invadido el carril que no le correspondía y fue hallado responsable. A partir de las pericias toxicológicas posteriores, se constató que Ángel Soto, al mando del camión, tenía 1,6 miligramos de alcohol en sangre.
Como producto del siniestro vial fallecieron los camioneros Ángel Soto y Hugo Albrecht, la docente Mariana Boyé y los estudiantes Julieta Posilovich, Daniela D’Agostino, Julieta Giataganellis, Delfina Goldaracena, Julieta Hartman, Nicolás Kohen, Benjamín Bravo De La Serna, Lucas Levin, Federico Ecker y Mariana Boy. Además, 38 personas resultaron con heridas.
El caso, de la prescripción a la sentencia
El proceso judicial fue lento y doloroso y se enfocó en el chofer del micro, Oscar Eduardo Atamañuk, uno de los sobrevivientes. Según el expediente judicial, el camión de la empresa Sarita circulaba en zig-zag a la altura de la localidad santafesina de Margarita porque su conductor, Ángel Soto, quien falleció luego del choque, estaba “altamente alcoholizado”. Un acompañante del camionero también murió por el accidente.
Sergio Levin, padre de Lucas, uno de los adolescentes fallecidos, expresó: «Cuando vio el camión tendría que haber bajado la velocidad y haberse tirado para el lado derecho. Pero como estaba charlando cuando lo vio encima, lo que hizo fue tirarse para su lado y cubrirse él físicamente. Él no fue el único responsable, pero pudo haber evitado el choque», explicó.
La acusación indicaba que del examen de los cuerpos surgía la gravísima responsabilidad suya al conducir a una velocidad que no le resultaba posible dominar ante cualquier contingencia del tránsito. Se lo culpaba de hacer, en palabras textuales, maniobras imperitas, imprudentes e inadecuadas, invadiendo el carril contrario a su sentido de circulación. Por ese motivo, Atamañuk enfrentó tres juicios.
La causa tuvo numerosos altibajos durante ocho años de tramitaciones en los tribunales santafesinos: una primera sentencia del juez Jorge Galbusera que absolvió a Atamañuk y fue anulada. Y una segunda del juez Virgilio Palud que lo condenó a tres años de prisión en suspenso por homicidio culposo y también fue anulada: la Cámara Penal de Rafaela desestimó la sentencia porque el juez había olvidado de entrevistar al acusado.
En 2013, el juez Jorge Fernández le dictó una condena de dos años y medio de prisión por homicidio culposo y lesiones culposas, además de una inhabilitación para conducir por cinco años. Esta sentencia no fue efectiva porque para ese momento la defensa había iniciado un planteo de prescripción que finalizaría con éxito en julio de 2014.
Pero cuando parecía que por tercera vez nuevamente la causa quedaría en foja cero, el fiscal general de Santa Fe, Carlos Stigmaier, revivió el caso. El fiscal apeló a la prescripción, planteó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia que, para su suerte, fue oído por la Corte de la Nación en 2019. El máximo tribunal debía obligar a la Justicia de Santa Fe a seguir evaluando la responsabilidad de Atamañuk.
En este sentido, el juez Eduardo Alberto Bernachía describió el obrar de Atamañuk como imprudente, precipitado, peligroso y negligente, ya que lo hizo con descuido, desatención y falta de precaución. El juez agregó que la forma en la que Atamañuk manejó fue antirreglamentaria y ello está dado por el lugar de la colisión, que es en el carril contrario por el cual debía circular. El fallo terminaría dándole un revés a Atamañuk y condenándolo en 2020 a tres años de prisión en suspenso como responsable de homicidio múltiple culposo.
Recién en julio de 2023, a 17 años de la tragedia, la Justicia dejó firme la condena de tres años de ejecución condicional contra el conductor del micro, y lo halló culpable de los delitos de homicidio culposo múltiple y lesiones culposas, junto a la prohibición de conducir durante cinco años. “No es una noticia que nos llene de alegría ni de esperanza. Como solemos decir nosotros: la justicia que llega tarde no es justicia”, precisó Diego Molina, exesposo de Mariana Boyé, la docente fallecida durante el siniestro.
“Sé que no tuve la culpa”, confesó Atamañuk en 2016 ante una consulta periodística. Además, apuntó contra el camionero que venía alcoholizado: “Él sabe lo que hizo”. Y siguió con su defensa: “La verdad es que un tipo borracho salió a la ruta y nos chocó a nosotros. Yo hice todo lo posible para esquivarlo y no pude, por eso soy el peor de todos. Si mi maniobra hubiera salido bien, hoy sería el mejor de todos”. Según la Justicia, Atamañuk, recluído en Monte Caseros, Corrientes, está libre y en 2026 habilitado para manejar.