Los diputados nacionales de Fuerza Patria, Juan Manuel Pedrini, María Luisa Chomiak y Aldo Leiva presentaron en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de resolución que propone declarar la emergencia vial en el puente interprovincial General Belgrano, infraestructura estratégica que conecta al Chaco y Corrientes, a través de la ruta nacional 16.
La iniciativa apunta a que el gobierno nacional destine «recursos de manera inmediata para la reparación, el mantenimiento y la mejora de la circulación en el viaducto, al tiempo que plantea suspender el cobro de peaje mientras duren los trabajos necesarios para garantizar su adecuado funcionamiento».
En los fundamentos, los legisladores chaqueños remarcaron que el puente, inaugurado en 1973, se transformó en un eje vital para la integración regional, el desarrollo económico y la vida cotidiana de miles de trabajadores y estudiantes que se trasladan a diario entre ambas provincias.
Asimismo, los diputados de Fuerza Patria recordaron que por allí circulan cargas nacionales e internacionales con destino a distintos puntos del Mercosur, por lo que cada interrupción genera un fuerte impacto logístico y económico.
Pedrini, Chomiak y Leiva advirtieron que el viaducto «presenta un deterioro progresivo con fisuras, corrosión estructural, desgaste en la carpeta asfáltica y deficiencias en señalización e iluminación», lo que incrementa los riesgos viales. Denunciaron además que las obras de mantenimiento están paralizadas debido a la «falta de inversión del Gobierno Nacional».
«El puente General Belgrano no puede transformarse en un factor de inseguridad ni en un obstáculo para el desarrollo», expresaron en el proyecto, y solicitaron el acompañamiento de sus pares para que se apruebe la resolución.
La propuesta surge en un contexto crítico: el viaducto, inaugurado en 1973 y atravesado por más de 24 mil vehículos diarios, presenta fisuras estructurales, corrosión, deterioro en la carpeta asfáltica, fallas en la señalización y en las juntas de dilatación, según informes técnicos de la Dirección Nacional de Vialidad.
A ello se suma una saturación vehicular que supera ampliamente su capacidad operativa y un tránsito pesado constante que incrementa los riesgos de siniestros.
Reclamo de la diputada correntina Brambilla
El proyecto chaqueño se suma a la iniciativa impulsada esta semana por la diputada correntina Sofía Brambilla, que también propone declarar la emergencia, pero incorpora una demanda adicional: el cese inmediato del cobro del peaje hasta que el Estado nacional ejecute un plan de obras que garantice el funcionamiento seguro del puente.
«No puede cobrarse por transitar una estructura en condiciones de riesgo», remarcan los legisladores en los fundamentos.
Además subrayan que el puente Belgrano es la única conexión terrestre entre Resistencia y Corrientes, y un eje logístico clave para el transporte de cargas regional, nacional e internacional. Por allí circulan productos provenientes de Misiones, Formosa, el norte de Santa Fe, Paraguay y Brasil, con destino a puertos argentinos o hacia el norte chileno. «Cada interrupción, por mínima que sea, tiene un impacto inmediato en la economía del NEA y en el comercio exterior argentino», argumentan.
El proyecto también advierte que la paralización total de las obras de mantenimiento y modernización responde a una decisión política del gobierno nacional de no avanzar con intervenciones en tramos bajo su jurisdicción. «La falta de inversión pública agrava el deterioro estructural y representa un retroceso en términos de equidad territorial», sostiene el documento.
En su articulado, el texto propone declarar la emergencia vial del puente Belgrano y habilitar la asignación de fondos inmediatos para obras de reparación, señalización, mantenimiento integral y mejora de accesos. También insta a la coordinación entre la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y las provincias involucradas para diseñar un programa sostenido de obras, mientras que el peaje permanecería suspendido hasta la finalización de las tareas.
La iniciativa llega en medio de una creciente preocupación social y política por el estado del viaducto, agravada tras el accidente del 19 de septiembre, que involucró a 14 vehículos y dejó una víctima fatal.
En ese contexto, la presión para que el gobierno nacional intervenga de manera urgente se intensifica tanto desde el oficialismo como desde la oposición.
Por último, el proyecto insiste en la necesidad de acelerar la construcción del segundo puente Chaco–Corrientes, cuya ejecución sigue demorada a pesar de contar con financiamiento aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
«La falta de alternativas viales convierte cada desperfecto en un riesgo inaceptable para la seguridad, la economía y el desarrollo de toda la región», advierten los diputados.