El Tribunal Oral Federal (TOF) de Resistencia confirmó la pena de cuatro años de prisión impuesta a Rubén Darío Fimiani, quien fue hallado culpable como partícipe necesario del delito de fraude en perjuicio de la administración pública.
La decisión se adoptó luego de que la Cámara Federal de Casación Penal ordenara una nueva fundamentación de la sanción, ante una impugnación de la defensa que consideraba excesiva la condena original.
En su fallo, los jueces Juan Manuel Iglesias, Fabián Gustavo Cardozo y Eduardo Ariel Belforte destacaron que la conducta de Fimiani se enmarcó en prácticas corruptas que afectaron directamente las arcas del Estado.
El caso se originó en 2017, cuando el condenado, proveedor habitual de Gendarmería Nacional, participó en una maniobra fraudulenta relacionada con la venta de alfalfa para equinos, alterando los procedimientos de contratación pública en colusión con funcionarios del Escuadrón 14 Las Palmas.
Durante la audiencia de determinación de la pena, el fiscal general Federico Martín Carniel solicitó mantener la pena de 4 años y 6 meses, argumentando que Fimiani actuó con conocimiento pleno de las transacciones estatales y aprovechó su experiencia como comerciante para defraudar al Estado.
En cambio, la defensa pidió la aplicación del mínimo legal de 2 años, destacando la falta de antecedentes penales y el carácter aislado del hecho.
El tribunal, tras analizar las pautas de los artículos 40 y 41 del Código Penal, consideró que la gravedad del ilícito, el daño causado al erario público y el grado de participación de Fimiani justificaban una pena que se alejara del mínimo.
Sin embargo, optó por ratificar los 4 años de prisión impuestos originalmente, en lugar de incrementarlos como había solicitado la fiscalía.
En su deliberación, los magistrados subrayaron que la sanción respeta los principios de proporcionalidad y prevención penal, y refleja la magnitud del injusto cometido, sin caer en arbitrariedades. Además, se ordenó el cómputo de la pena y la imposición de costas procesales a cargo del condenado.
La resolución cierra un capítulo significativo en esta causa, que involucró a varios imputados y puso en evidencia mecanismos de corrupción en la contratación pública, reafirmando el compromiso del Poder Judicial en la lucha contra este tipo de delitos.
Las defensas esgrimidas por Carlos Andión y María Moreno en 2024
Carlos Andión, quien el viernes recuperó su libertad, dijo en su momento, a modo de defensa, que «voy a explicar sobre el mecanismo de Iafep. Me imputan cosas que desconozco completamente», aseguró cuando prestó declaración como imputado.
Según relató, las organizaciones sociales interesadas en desarrollar proyectos de vivienda, salones de usos múltiples o tinglados debían presentar sus solicitudes ante una mesa de entrada del Instituto.
Luego, toda la documentación era evaluada por una Unidad Ejecutora, que derivaba los casos al Ministerio de Desarrollo Territorial y Ambiente para verificar la factibilidad de las obras. Una vez aprobadas, los expedientes regresaban al Iafep para continuar con el proceso administrativo y la autorización de los pagos.
Andión explicó que los anticipos de obra no se abonaban de inmediato y que el trámite podía demorar entre dos y cinco meses, publicó el portal Litigio.
El control de las obras estaba a cargo de técnicos de la Unidad Ejecutora, en su mayoría empleados del Ministerio de Obras Públicas, quienes certificaban los avances. También afirmó que se enviaron más de 200 cartas documento a organizaciones por obras no iniciadas, y que toda esa documentación fue elevada a Fiscalía de Estado.
Consultado por un tinglado en particular, en cuya construcción se detectaron irregularidades, Andión respondió: «El tinglado que me acusan, donde hay una pileta, existe. La pileta es en el terreno de al lado. Vamos a aportar fotos con geolocalización». También negó que se hayan utilizado fondos del Iafep para construir dicha pileta y aclaró que la obra financiada fue solo un salón de usos múltiples.
En varios pasajes de su declaración, Andión insistió en que no tuvo contacto directo con los expedientes observados y que fue detenido sin que se le permitiera ver las pruebas por las que se lo acusa. «El daño que hacen es irreparable», lamentó.
Por su parte, María Laura Moreno, también imputada en la causa, brindó su versión de los hechos, donde reveló detalles sobre el funcionamiento interno del Iafep y denunció presuntas presiones y maniobras irregulares digitadas por Andión.
Según explicó en su declaración del 16 de octubre del año pasado, dentro del organismo existía una dinámica de trabajo dividida entre representantes técnicos elegidos por cada organización beneficiaria, y un equipo de inspectores bajo su coordinación.
Este equipo estaba integrado por arquitectas y técnicos que dependían del Ministerio de Infraestructura o que habían sido contratados específicamente para el programa.
«Una vez que estos dos grupos me brindaban la información de las inspecciones, yo hacía un visado de la documentación», explicó Moreno.
Asimismo, indicó que sus firmas digitales eran cargadas por su hermana, Analía Verónica Moreno, quien estaba autorizada a subir documentación firmada manualmente por ella. No obstante, afirmó que otras personas también usaban su cuenta institucional bajo órdenes directas de Andión.
«Por orden de Mauricio Andión, parte de mi equipo usaba mi cuenta y pegaban la firma digital. Si no lo hacían, estaban bajo amenaza de despido o suspensión de sueldo», sostuvo y mencionó los casos específicos de Luciana López y Ángel Salas como empleados afectados por esta situación. En particular, destacó que López fue víctima de presiones reiteradas.
Moreno también reveló que existía una directiva explícita para priorizar expedientes de ciertas organizaciones sociales, especialmente cuando estas protagonizaban protestas o cortes de calle. «Había que pagarle a esa organización para que levante el corte», aseguró.