El ministro Ministerio de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, Jorge Gómez, emitió declaraciones respecto a la denuncia presentada contra el juez Jorge Mladen Sinkovich, señalando que las imputaciones carecen de fundamentos políticos y se circunscriben a la responsabilidad de los funcionarios públicos frente a los actos de gobierno que ejercen.
El representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura precisó que «nada más alejado de la realidad esta acusación de este tipo que hace el doctor Sinkovich».
El conflicto surge luego de que los diputados del bloque oficialista formalizaran una denuncia que, según el gobierno, responde estrictamente a la obligación de todo funcionario público de rendir cuentas por sus decisiones.
«Lo que oficializa responde pura y exclusivamente a una la responsabilidad que tiene todo funcionario público es responder por los actos de gobierno que realiza», afirmó Gómez.
En ese sentido, desde la cartera gubernamental se enfatizó que el objetivo central es la supervisión institucional y no una confrontación personal o política con los magistrados involucrados.
Gómez también refutó la idea de persecución política, argumentando que el gobernador ha mostrado reiteradamente su respeto por la división de poderes.
Asimismo, citó como ejemplo el caso de la doctora Doli Fernández y la liberación del señor Andión, destacando que la primera reacción del mandatario fue manifestar que «yo respeto la división de poderes, soy respetuoso y acato las decisiones judiciales».
FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO
El Consejo de la Magistratura es el organismo encargado de evaluar y eventualmente iniciar un jury de enjuiciamiento contra jueces que hayan incurrido en irregularidades en sus decisiones.
Gómez detalló que el gobernador Leandro Zdero participa únicamente a través de su representante, quien en este caso es él mismo, mientras que su suplente es la secretaria general de la Gobernación, Carolina Meiriño.
El procedimiento contempla un análisis detallado de cada elemento incluido en la denuncia, tras lo cual se adopta una decisión por los siete consejeros que integran el cuerpo.
La composición del Consejo asegura representación plural: un representante del Poder Ejecutivo, dos de la Cámara de Diputados (uno por el oficialismo y otro por la oposición), dos representantes de los abogados (uno de la capital y otro del interior) y dos jueces (un ministro del Superior Tribunal de Justicia -STJ- y un juez seleccionado por sorteo).
Gómez subrayó que para que un jury finalice con la destitución de un magistrado se requieren cinco votos, lo que garantiza un amplio consenso y el respeto por los principios democráticos en la evaluación de la conducta judicial.
El representante del Poder Ejecutivo insistió en que la intervención gubernamental en este proceso es limitada y que las decisiones se toman colectivamente, con base en criterios objetivos y evaluaciones detalladas de los actos del juez denunciado.
«La democracia está garantizada y parte de la democracia del ejercicio democrático en el control de las resoluciones por parte del Consejo de la Magistratura de las decisiones de los jueces», afirmó.
Este planteamiento busca contextualizar la denuncia como un mecanismo institucional y no como un instrumento de presión política.
RESPUESTA A LAS ACUSACIONES
En relación con las críticas vertidas por el doctor Sinkovich, Gómez aseguró que las imputaciones carecen de sustento y que el gobierno no realiza denuncias indiscriminadas cada vez que se emite un fallo adverso.
«Desde el inicio de la gestión hasta ahora es la primera denuncia que se hace», precisó, reafirmando que la existencia de fallos en contra del Gobierno no ha motivado acciones similares en otras oportunidades.
El funcionario también enfatizó que la denuncia busca que las decisiones judiciales sean revisadas cuando puedan estar mal fundamentadas.
Asimismo, señaló que incluso los fallos judiciales, si no se ajustan a derecho, deben enfrentar las consecuencias previstas por la Constitución provincial.